UP presenta propuesta de ley para regular el cannabis

Aunque anteriormente las personas que integran Unidas Podemos formaban parte del partido Sumar, actualmente se encuentran en el grupo mixto del Congreso y son las primeras en presentar una propuesta legislativa relacionada con el cannabis en esta legislatura. La propuesta, titulada Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas, ya fue registrada en la legislatura anterior pero nunca se debatió en la cámara. Es importante mencionar que esta propuesta no considera los aspectos relacionados con el uso medicinal del cannabis.

Agencia española

La propuesta de ley plantea la idea de establecer una Agencia Española encargada de regular y controlar todas las actividades relacionadas con el cannabis. Esta agencia sería responsable de conceder las licencias necesarias para llevar a cabo diversas actividades como la producción, distribución y venta comercial del cannabis. También se encargaría de regular la apertura de clubs sociales, la producción de semillas, la investigación con la planta, la extracción con disolventes y la apertura de salas destinadas al consumo de cannabis.
La Agencia Española dedicada a la supervisión integral y regulación del cannabis, sería un organismo público independiente vinculado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta agencia contaría con sucursales en todas las comunidades autónomas y estaría conformada por una Dirección General, encabezada por una persona titular, una Junta Directiva compuesta por 11 miembros de diferentes ministerios y con representación territorial, así como un Consejo Consultivo integrado por 10 personas de asociaciones empresariales con licencia, federaciones de clubes de cannabis cooperativos y asociaciones de autocultivadores de cannabis.

Cultivo personal

En cuanto al cultivo personal, se establecen límites de 20 metros cúbicos para los cultivos al aire libre y de 4 metros cúbicos con una potencia de 1200 vatios para los cultivos en interiores. Además, se requiere que los cultivos se mantengan ocultos y fuera de la vista de otras personas. Si en un mismo hogar hay varias personas interesadas en cultivar, no podrán superar el doble de la cantidad permitida para una persona. También se permite reservar un espacio adicional para conservar plantas madre y esquejes. 

Tenencia personal

Cada persona que se dedique al cultivo puede guardar hasta un máximo de 3650 gramos de cannabis al año, o un kilogramo de extractos, o cualquier otro producto psicoactivo con un contenido de THC de hasta 365 gramos. También tienen la opción de combinar diferentes cantidades dentro de estos límites. 

Transporte personal

En cuanto a llevar el cannabis en espacios públicos, se permiten hasta 100 gramos de cogollos, 30 gramos de extractos, 10 gramos de THC en otros productos, o una combinación proporcional de estas opciones.

Consumo

La propuesta establece que el uso de cannabis se limita a espacios privados y a clubes sociales de cannabis que estén debidamente autorizados y registrados. Además, se introduce la posibilidad de obtener una licencia para establecer salas de consumo de cannabis, las cuales podrán ser solicitadas por cualquier entidad legal en lugares que no sean residencias, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Comercio

El comercio relacionado con la planta debe obtener licencias en todo el sistema. Se requieren licencias para la producción, transformación, distribución y venta en dispensarios dentro de la cadena comercial. En la mayoría de los casos, se prohíbe a una sola entidad obtener múltiples licencias para evitar el monopolio del mercado por grandes empresas y proteger la competencia de los pequeños productores.
La propuesta establece un límite máximo de 25 gramos de cogollos, 12,5 gramos de extracciones, 2,5 gramos de THC en productos con cannabis, o una combinación proporcional de los mismos por cada compra o dispensación.
Se considera la posibilidad de vender cannabis a personas adultas no residentes en España y realizar entregas a domicilio. Además, se contempla la importación y exportación.

Sociedades cooperativas de microproductores

Hay nuevas formas de producción con fines económicos que se introducen en el texto. Una de ellas es la creación de "sociedades cooperativas de microproductores". Estas cooperativas están conformadas por pequeños cultivadores independientes que podrían cultivar y producir cannabis y sus derivados. Posteriormente, podrían vender estos productos a empresas de transformación de cannabis, clubes sociales licenciados o establecimientos de venta al público. 

Clubes sociales de cannabis licenciados

Por otro lado, también se establece la figura de los "clubs sociales de cannabis licenciados". Estos clubs son considerados como empresas y tienen la capacidad de producir cannabis y sus derivados para venderlos directamente a los clientes. La única restricción que se impone es la potencia lumínica permitida por metro cúbico, que sería de 100 vatios para exteriores y 300 vatios para interiores.

Clubes sociales cooperativos

Este nuevo enfoque no suprime la existencia de los tradicionales clubes sin ánimo de lucro, sino que los considera como "clubes sociales cooperativos". Estos clubes seguirían operando de forma similar a como lo han hecho hasta ahora, con la diferencia de que necesitarían obtener una licencia para llevar a cabo sus actividades. Además, en lugar de comprar cannabis para sus miembros, solo podrían cultivarlo, con un límite máximo de 6 metros cúbicos de cultivo exterior por socio y 300 vatios en un metro cúbico para el cultivo interior. A su vez, cada club tendría un límite total de 90 kilos de cannabis al año. Los clubes cooperativos también tendrían permitido realizar extracciones mecánicas de cannabis, pero no se les permitiría realizar extracciones con solventes.

Licencias

Los grow shops también estarían requeridos a obtener una licencia especial y serían los únicos autorizados para vender semillas, plántulas, esquejes o plantas madre directamente a los consumidores. Además, existen otras licencias específicas como la que permitiría la extracción de derivados del cannabis utilizando solventes, la licencia para laboratorios encargados de controlar la calidad de los productos de cannabis, la licencia para la producción y comercialización de semillas de cannabis, la licencia para la investigación botánica con cannabis, y la licencia destinada a los dispensarios de cannabis no psicoactivo, aquellos con menos del 1% de THC.
El desarrollo de negocios relacionados con la planta está condicionado a la adquisición de las licencias necesarias, y se estipulan criterios específicos para garantizar una cadena de producción adecuada en términos de registro, seguridad, trazabilidad, envasado, etiquetado, transporte y control de calidad, entre otros aspectos. El texto también establece como requisito que las empresas con licencia para cultivar la planta en interiores deberán utilizar un 90% de energía eléctrica generada por fuentes renovables y producida internamente.

Impuesto

La propuesta plantea la implementación de un impuesto progresivo a los productos de cannabis destinados a la venta al público, considerando su contenido de THC. Además, se propone establecer un impuesto para los servicios y transacciones de venta de productos de cannabis entre las empresas autorizadas. Con respecto a la recaudación, se propone destinar el 66% de los fondos obtenidos a partidas presupuestarias relacionadas con la educación, la salud y la Agenda 2030.

Sanciones

La propuesta de ley propone la implementación de un sistema de sanciones en casos de incumplimiento de las normativas establecidas. La propuesta implica la modificación de la ley de 1967 referente a estupefacientes, así como la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de eliminar las sanciones relacionadas con el uso de esta planta. También se introduce la anulación de condenas, antecedentes penales y procedimientos judiciales en curso para delitos que dejen de serlo a partir de la entrada en vigor de esta ley.

En conclusión, la propuesta presentada por Unidas Podemos para regular el uso del cannabis en España marca un avance significativo hacia la despenalización y regulación de esta sustancia. La Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas aborda de manera detallada diversos aspectos, desde el cultivo comercial hasta el funcionamiento de los clubs sociales. Aunque todavía queda camino por recorrer, es un paso en la dirección correcta para una política más justa y responsable en materia de cannabis en España.