Cien Años de Prohibición del Cannabis: Alegaciones al Real Decreto
El 19 de febrero de 2025 se cumplen cien años de la prohibición del cannabis, un siglo de restricciones que no han logrado sus objetivos y cuyo fracaso es un secreto a voces. A pesar de que, antes de decretarse la prohibición, era preceptivo elaborar un informe sobre sus implicaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo realizó con décadas de retraso. En dicho informe, se reconoce el uso medicinal del cannabis, un hecho que refuerza la necesidad de una regulación efectiva y basada en la evidencia. Actualmente, la sociedad civil y diversos organismos especializados exigen una verdadera ley del cannabis medicinal. El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), la Fundación ICEERS y el estudio jurídico Brotsanbert han presentado alegaciones al Real Decreto que establece las condiciones para la elaboración y dispensación de preparados estandarizados de cannabis. Estas organizaciones consideran que la normativa propuesta es excesivamente limitada y que se asemeja más a un ensayo clínico en fase 4 que a una regulación inclusiva del cannabis medicinal.
Críticas a la Regulación Propuesta
Según estas organizaciones, la propuesta del Ministerio de Sanidad restringe el acceso al cannabis medicinal, limitando su disponibilidad y dejando fuera a muchas personas que podrían beneficiarse de sus propiedades terapéuticas. ICEERS ha analizado la regulación desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, destacando que la normativa actual no cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Además, se identifican diferencias notables entre el borrador presentado y las recomendaciones previas de la subcomisión, donde expertos como el doctor José Carlos Bouso, director científico de ICEERS, expusieron la evidencia disponible.
Victoria Ardiles (ICEERS)
Gabriela Sierra, representante del OECCC, señala que esta normativa está diseñada de manera restrictiva, sin considerar la participación de pacientes ni de farmacias comunitarias en la elaboración de fórmulas magistrales. La ausencia de la flor de cannabis en la regulación impide su uso terapéutico, lo que resulta paradójico, considerando que España es uno de los principales productores de flor de cannabis en Europa. Sierra también denuncia que la normativa favorece a las grandes farmacéuticas y excluye a las asociaciones de usuarios y cultivadores, dejando fuera del marco regulatorio a miles de pacientes.
Gabriela Sierra, representante del OECCC
Por su parte, Joan Bertomeu, director técnico de Brotsanbert, cuestiona la aplicación del índice de psicoactividad en los procedimientos penales, ya que esta interpretación no se ajusta a la realidad científica. Además, critica que la normativa española imponga un límite de 0,2% de THC en los productos de cannabis, una restricción que es incoherente con la normativa europea (que establece el límite en 0,3%).
Joan Bertomeu, director técnico de Brotsanbert
Hacia una Regulación Inclusiva
Las organizaciones involucradas en la defensa de una regulación justa proponen una serie de medidas para garantizar un acceso equitativo y eficaz al cannabis medicinal:
- Acceso real y equitativo: Permitir la dispensación de cannabis medicinal en farmacias comunitarias, no solo en hospitalarias.
- Inclusión de indicaciones terapéuticas respaldadas por la evidencia: Incluir patologías como el dolor oncológico y la endometriosis, actualmente excluidas de la regulación.
- Eliminación de barreras de acceso: Abordar las desigualdades socioeconómicas y evitar que el mercado farmacéutico priorice sus intereses sobre los derechos de los pacientes.
- Monitoreo y evaluación constantes: Establecer mecanismos de supervisión para garantizar la seguridad y eficacia del cannabis medicinal.
La ciudadanía española ha mostrado un respaldo mayoritario a la regulación del cannabis medicinal, con más del 80% de apoyo según encuestas recientes. Sin embargo, la propuesta actual del Ministerio de Sanidad sigue siendo demasiado restrictiva y no responde a las necesidades de los pacientes ni a las recomendaciones internacionales. Las asociaciones y expertos continúan su lucha para que la normativa se base en principios de equidad y derechos humanos, garantizando un acceso real y justo para todos los pacientes que necesitan el cannabis medicinal como parte de su tratamiento.
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