AUTOCULTIVO MEDICINAL A LOS TRIBUNALES

Artículo escrito por Hugo Madera

Se exige que sea un fabricante autorizado esa persona, lo que obligaría a una inversión cercana al millón de euros. También se obligan a unas medidas de seguridad desproporcionadas, con cámaras y doble valla. Sobre el origen lícito de las semillas de coleccionista o de aficionado, Brotons defendió que son de lícito comercio, ya que tienen su factura y se venden en España desde hace 25 años, en los que han pagado impuestos de forma reiterada. Citó incluso una resolución de la Dirección General de Tributos donde se reconoce esa licitud comercial. Señaló que las semillas registradas quedan fuera del alcance de un particular, ya que debido al proceso mundial de regulación, los obtentores de estas semillas quieren sacar el máximo beneficio del trabajo de crianza que han efectuado.

En toda la respuesta de la AEMPS ni siquiera se analiza si el Cannabis es capaz de producir beneficios en un caso como el de Juanma, ni tampoco se pondera como afecta esta denegación a sus derechos fundamentales. En esta respuesta, también se afirma que conceder la solicitud afecta a la salud pública. Brotons responde que la salud pública tiene dos vertientes, una pública y una particular. El estado debe procurarla, pero no imponerla, cada persona tiene derecho a gestionar su salud.

Se certifica por los médicos que hay un beneficio para la salud de Juan Manuel Rodriguez y por tanto a a la salud pública. El derecho a la salud pasa por el derecho a la vida, derecho a la integridad física y el derecho a la integridad moral, cuando a una persona el Cannabis le produce beneficios, al negárselo se estaría atentando contra estos derechos. También se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Tanto el juramento hipocrático de los médicos, como el concepto de salud, incluyen la dignidad de la persona y su autonomía, su derecho a decidir. Además, no queda acreditado que una persona enferma, perjudique a la salud pública por cultivar una planta que beneficia a su salud. Dentro del marco internacional, también procede la estimación de la demanda, ya que los convenios internacionales no están por encima de los derechos humanos.

Por otro lado, el avance de la ciencia ha provocado la reclasificación del Cannabis en los convenios, al quedar claras sus aplicaciones terapéuticas. Aunque el autocultivo no está castigado, tampoco están claros sus límites, por lo que hay sentencias condenatorias con 200 gramos y sentencias absolutorias con 20 kilos. Además se somete a personas enfermas a procedimientos penales, lo que es condenarles a pena de banquillo. A esto se suman posibles sanciones por la tenencia.

El Cannabis es competencia de la AEMPS, pero no tiene porque cumplir todos los requisitos formales de un fármaco, como se reconoce en una sentencia del Tribunal Constitucional. Justo el 24 de mayo, cuando la AEMPS contesta a la demanda de este caso, es el día que en la web de la AEMPS se produce el cambio de requisitos para solicitar una licencia, hasta ese momento, los solicitantes de licencias han tenido que ir descubriendo las condiciones durante el proceso de solicitud. Todo estos obstáculos hacen que sea imposible cultivar Cannabis para un uso propio medicinal, lo que es inconstitucional. Esta falta de coherencia con la Constitución española la analizó Brotons desde 3 parametros: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Brotons también planteó una cuestión de constitucionalidad de la normativa aplicada, pues afecta a derechos fundamentales, que se deberían regular por una ley orgánica. El abogado del estado defendió que se deben cumplir los requisitos de fondo, incluyendo la entrega a un fabricante autorizado que manipule la planta cultivada. También aseguró que al autocultivo no está castigado ni en vía penal, ni en vía administrativa, lo que está en abierta contradicción con la gran cantidad de autocultivadores que son detenidos, juzgados y multados cada año.

LAS CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN MEDICINAL CUESTIONADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

Distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron a los partidos políticos enmiendas para incluir el autocultivo medicinal, así como hacer una Agencia del Cannabis que evitara el control por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEMPS. Estas enmiendas fueron apoyadas por Unidas Podemos, ERC y Bildu. En todo caso, la oposición de PSOE y PNV impidieron que se incluyera el autocultivo en este informe. Estas enmiendas fueron presentadas por Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, OECCC, Confederación de Federaciones y Asociaciones Cannábicas, CONFAC, Sociedad Científica Española de Enfermeria y Cannabis, SCEEC, Sociedad Clínica de Endocannabinología, SCE, Terapéuticas Hierbas Castelló, THC, AsturFAC, Fundación Efecto Séquito, Red Mujeres Antiprohibicionistas en materia de Drogas, REMA, Fes-Ho Bé! y Fórum Cannàbic Valencià, FCV.

Las demandas de la sociedad civil estuvieron encima de la mesa hasta el último momento, pues el mismo día de la aprobación del informe se votó una enmiendas presentada por ERC, Bildu y UP, donde se exponía “En este sentido también se explorarán procedimientos que permitan el autocultivo a pacientes con receta que opten por esta vía de acceso”. Esta posibilidad se eliminó al posicionarse el PSOE y PNV en contra, alineándose con la postura defendida por PP y VOX. Finalmente, se aprobó el informe del PSOE, con ligerísimos cambios, en un acuerdo entre PSOE, PNV y UP, apoyado por Ciudadanos y PdCat, con abstención de ERC y Bildu y en contra PP y Vox. Este informe da todo el poder en la regulación del Cannabis medicinal a la AEMPS. Es un trabajo jurídicamente irrelevante, ya que no se producen avances de calado y se instaura un oligopolio farmacéutico del Cannabis medicinal, lo que ya se podía realizar, sin necesidad de organizar una subcomisión en el Congreso.