Luz Verde acciona frente al ataque al CBD y los CSC

La fiscalización del CBD

A pesar de que el contexto internacional es cada vez más flexible respecto al CBD, España va aún más fuerte a contracorriente. La abogada y defensora del cannabis, Gabriela Sierra, aclara que el límite establecido del 0,2% de THC para determinar la psicoactividad de las plantas de cannabis hacen referencia a normativas específicas para la comercialización del cáñamo, por lo tanto esta normativa no tiene la validez para determinar si el material vegetal debe considerarse como estupefaciente. Por el contrario, lo que determina si el material es o no una sustancia estupefaciente es el índice de psicoactividad establecido por la ONU que está dado, como bien indica el abogado y presidente de la Asociación para la Regulación del Cáñamo (ARECAN) Pablo Novoa, por una relación entre el contenido de THC y CBD. Por lo tanto, si ese cociente es mayor a 1, se determina que es un ilícito penal, de lo contrario no se puede considerar droga a la planta. 

En todo caso, la administración no permite cultivar flores independientemente del contenido de THC ni aunque sean para exportar. Lo que sí se permite, gracias al Acuerdo de Schengen, es comercializar productos o flores de CBD que hayan sido producidas y empaquetadas legalmente en otro país de la UE.

El criterio que utilizan las autoridades para derivar el expediente a la policía

Gabriela nos cuenta en la reunión que se ha reunido con el departamento de agricultura de Cataluña para conocer los 3 indicios que se utilizan para derivar el expediente a la policía, guardia civil, SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), los mossos d'esquadra, o el organismo que corresponda. Estos 3 indicios son:

• La densidad del cultivo. Ésta está dada por la cantidad de plantas que hay por hectárea. Por más que el agricultor sea el responsable de utilizar su criterio para decidir la cantidad de plantas que cultiva por hectárea, se estima que en los cultivos de cáñamo industrial dedicados a generar fibras, biomasa u otros se esperan encontrar 60.000 plantas por hectárea, mientras que para la producción de flores de 6.000 a 10.000. Bajo esta perspectiva, el 90% de los cultivos resultan confiscados por la policía o las autoridades correspondientes.  
• La trazabilidad de la semilla. La trazabilidad de la semilla es respetada cuando éstas son aprobadas por la UE, además de que el cultivo cuente con un protocolo que establezca dónde y cómo se cultiva, se lleve un libro de cultivo de campo, y cuente con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo.
• El destino final del cultivo. En este caso, para que sea respetado, se debe contar con una carta de intención de compra firmada por la empresa. 

Para amenizar un poco el ambiente trágico, aquí viene algo con lo que podéis echar unas buenas risas. Un criterio policial establecido para fiscalizar las plantas de cannabis, es que éstas se parezcan a un árbol de navidad, así lo explican textualmente las autoridades por escrito. 

Según nos indica Gabriela, un técnico del departamento de agricultura es la autoridad responsable de analizar los cultivos agrícolas porque tienen la formación para llevar a cabo esta tarea, pero en su lugar es la policía quien está llevando a cabo estos análisis bajo el pretexto de que el CBD es un medicamento, por lo tanto esta decisión termina en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Es decir, el cannabidiol (CBD), una molécula química que produce naturalmente una planta, deja de ser una molécula de la naturaleza y ahora un organismo (la AEMPS dirigida por los intereses económicos de la industria farmacéutica) se apropia de esta estructura química natural y la denomina medicamento, ya que ahora tiene interés económico. Parece ser que esta nueva clasificación de un compuesto, que está aquí desde antes que nosotros, le da derecho a este organismo a adueñarse de esta molécula y decidir quién se beneficia económicamente de ella y quien no. Este organismo no parece ser muy solidario si analizamos su  comportamiento, por lo que no se espera que tenga intenciones de que nadie más que las farmas puedan entrar en este negocio.

Objetivo: Fulminar al productor

Como es imposible demostrar que el cultivo de cáñamo significa un delito hacia la salud pública porque el CBD no tiene efecto estupefaciente, las incautaciones de estos cultivos no pueden ir más allá de devastar económicamente al productor que invirtió una suma de dinero significativa en la plantación, lo que supone un daño irrecuperable y una imposibilidad de seguir subsistiendo, ya que los agricultores no son millonarios. Las autoridades son perfectamente conscientes de que estos cultivos no son un delito contra la salud pública, pero aún así proceden al destrozo económico de estos agricultores demostrando que su verdadera intención es simplemente quitarlos de la actividad económica. No debemos olvidar que la AEMPS es quien determina, pese a que debería hacerlo un técnico del departamento de agricultura, que estos cultivos no se puedan llevar a cabo, y al mismo tiempo es quien otorga las licencias a grandes empresas multinacionales millonarias. Frente a estas acciones los agricultores explican que toda la planta es comercializable, especialmente su fibra. Además, los agricultores tienen el derecho de exigir que se restituya el daño que se realizó.

CSC

Al igual que el agricultor tiene derecho a que se le restituya el daño ocasionado, los CSC también pueden exigir que se restituya el daño económico derivado de la inversión que han hecho en función de las licencias y los permisos de obra que les fueron otorgados. Los CSC no son sitios de venta de cannabis ni promueven su consumo. Por el contrario, los CSC tienen una función social de reducción de riesgos y se manejan en un sistema sin ánimo de lucro. Gabriela nos explica que muchas veces los agentes policiales registran a los socios de los clubes a la salida de los mismos, y si éstos no son bien informados por el personal del club, se ven presionados a decir lo que los agentes incitan. Cabe aclarar que el consumo de cannabis en un ámbito privado siempre es legal.

Animamos a todas las personas que creen que una planta es parte de la soberanía popular y no un negocio millonario de las farmas a informarse de la situación que sufre el sector y a participar activamente del movimiento cannábico.