El Estado contra el activismo: Las tres patas de la represión
Francisco Javier Marrero, de Canarias Insumisa en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
Si la primera mesa de las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida" puso rostro al dolor, la segunda mesa, moderada por la abogada Beatriz Macho, diseccionó la fría maquinaria del sistema penal. Bajo el título "Represión y organización frente al modelo penal", activistas de distintos frentes coincidieron en un diagnóstico común: el castigo no busca la justicia, sino la parálisis del tejido social.
La triple alianza represiva
Javitxu, portavoz del caso Los 6 de Zaragoza en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
Javitxu, portavoz del caso Los 6 de Zaragoza, simplificó la estructura de la persecución en lo que denominó las tres patas de cualquier causa represiva:
- El Estado: Responsable de mantener marcos legales como la Ley Mordaza, que permiten la persecución de actividades específicas.
- La Policía: El brazo ejecutor que criminaliza y señala, a menudo bajo criterios arbitrarios.
- La Judicatura: Magistrados que, según los testimonios, validan la palabra policial por encima de pruebas periciales objetivas.
Javitxu relató cómo su condena de cuatro años y nueve meses se sostuvo a pesar de que los peritajes audiovisuales demostraban que él no participó en los disturbios señalados. Su caso es un ejemplo de la pena de banquillo: cinco años de incertidumbre constante que paralizaron su vida y sus proyectos, un castigo invisible que comienza mucho antes de la sentencia y que utiliza el tiempo y la ansiedad como herramientas para desactivar la participación política.
Infiltraciones y la etiqueta de organización criminal
Futuro Vegetal en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
El colectivo de acción climática Futuro Vegetal aportó uno de los relatos más alarmantes sobre la deriva autoritaria del sistema. Denunciaron que, desde su primer mes de vida, sufrieron la infiltración de al menos tres agentes de la de la Policía Nacional prácticamente desde el nacimiento del colectivo, asegurando que no existe constancia de ningún procedimiento penal que autorizara legalmente estas filtraciones en su movimiento.
- Criminalización del activismo: El Estado ha llegado a catalogar acciones de desobediencia civil no violenta, como lanzar pintura lavable, bajo figuras de terrorismo u organización criminal.
- El coste psicológico: Los ponentes subrayaron que el objetivo real de estas tácticas no es solo la condena legal, sino el desgaste mental. "He pasado dos años con una depresión de caballo y pensamientos suicidas", confesó uno de los integrantes, visibilizando la cara más oscura del control estatal.
Canarias: Frontera, racismo y cannabis
Francisco Javier Marrero, de Canarias Insumisa, aportó la dimensión territorial. En las islas, la represión cannábica se entrelaza con la militarización de la frontera y el racismo institucional. Según Marrero, la policía utiliza prejuicios xenófobos para intervenir clubes sociales, calificándolos de "redes de narcotráfico rumanas o rusas" simplemente por la nacionalidad de algunos de sus socios.
"Se utiliza la disculpa de la inmigración para militarizar el territorio y, de paso, intervenir espacios de soberanía y salud como son los clubes cannábicos", denunció Marrero.
Una Ley Mordaza que no muere
A pesar de las promesas políticas de derogación, los ponentes señalaron que el marco represivo sigue intacto. La presunción de veracidad de la policía y la falta de voluntad política mantienen a activistas en prisión o bajo procesos judiciales interminables. La jornada cerró esta mesa con una idea clara: la solidaridad y las cajas de resistencia son, hoy por hoy, la única defensa real frente a un sistema que prefiere encarcelar antes que dialogar.
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Elizabeth Erhardt
