Ciencia y Derecho frente al dogma: Hacia una regulación basada en la evidencia
Jorge Soto, perito en toxicología forense y CEO de Ananda, en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
La tercera y última mesa de las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida" marcó el paso de la denuncia social a la propuesta técnica. Moderada por Itziar Obregón, la sesión reunió a juristas, farmacólogos y toxicólogos con un objetivo común: demostrar que el actual marco legal español no solo es ineficaz, sino que ignora deliberadamente los avances científicos de las últimas cinco décadas.
Jorge Soto: La sentencia de muerte de la industria del CBD
El perito en toxicología forense y CEO de Ananda, Jorge Soto, centró su intervención en la situación crítica que atraviesa el cáñamo industrial y el CBD en España. Según Soto, la interpretación restrictiva de la normativa por parte del Ministerio de Agricultura y la Agencia del Medicamento desde finales de 2020 supone una sentencia de muerte para una industria emergente que podría dinamizar el campo español.
Soto denunció que el sistema se aferra a leyes obsoletas, como la Ley de 1967 (de época franquista) y convenios internacionales de los años 60 que ni siquiera conocían el aislamiento de la molécula del THC. "Es un sinsentido que se persiga el cannabis industrial, que no coloca y no tiene potencial de abuso", afirmó. El experto aportó datos técnicos clave para el debate judicial:
- El Índice de Psicoactividad: Una herramienta de la toxicología forense (Manual ST/NAR 40 de la ONU) que permite diferenciar científicamente el cáñamo de la droga, y que a menudo es ignorada en los tribunales españoles.
- CBD como inhibidor: Explicó que la ciencia ha demostrado que el CBD es un modificador alostérico negativo del THC, es decir, que tiene la capacidad de inhibir sus efectos psicotrópicos.
- Agravio económico: Soto reivindicó el CBD como una commodity agrícola y denunció que las exigencias farmacéuticas (GMP/GACP) están quitando el negocio a los agricultores para dárselo a las farmacéuticas. "Quítenle el cogollo a la farmacéutica para devolvérselo al campo", exigió.
El fracaso estadístico y el derecho a la ciencia
El profesor de Derecho Penal, Antonio Martín Pardo en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
El profesor de Derecho Penal, Antonio Martín Pardo, aportó la radiografía del fracaso prohibicionista. Con las gráficas en mano, demostró que desde 1995 el consumo en España no ha dejado de crecer de forma sostenida a pesar del aumento de la efectividad penal. Destacó una cifra alarmante: el Estado recauda cerca de 200 millones de euros al año en multas por cannabis, convirtiendo a las personas usuarias en los sostenedores económicos de un sistema que les persigue.
Doctor José Carlos Bouso en las jornadas "La cárcel no es lugar para quien cultiva vida".
Por su parte, el Doctor José Carlos Bouso apeló al derecho a la ciencia recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bouso fue contundente al criticar que los jueces y fiscales sigan pidiendo años de cárcel basándose en informes racistas y obsoletos de 1950. "Hay una desarmonización evidente entre la ciencia y el derecho", señaló, instando a los tribunales a sentir vergüenza por ignorar la evidencia actual en favor de convenios desfasados.
El respaldo de ARPOL: Regular es seguridad
Un punto de inflexión en la mesa fue la intervención de la Asociación Reformista de Policías (ARPOL). Desde una perspectiva pragmática y profesional, el sindicato policial defendió que la regulación es, ante todo, una cuestión de seguridad ciudadana. Denunciaron que leyes como la Ley Mordaza obligan a los agentes a invertir miles de horas en actuaciones poco eficaces, como incautaciones menores, restando recursos para combatir delitos graves. Según ARPOL, un mercado regulado permitiría garantizar la seguridad de los productos y debilitar las estructuras delictivas que hoy controlan el mercado ilegal.
Lucha obrera y feminismo cannábico
Las jornadas concluyeron con testimonios de resistencia desgarradores. Ricardo Flores, represaliado de la red, relató su condena a dos años de cárcel por una cantidad ínfima de 0,6 gramos, evidenciando la vulnerabilidad jurídica total de las juntas directivas de los clubes.
Finalmente, el colectivo Mujeres y Cannabis cerró el acto con un manifiesto feminista, denunciando el triple estigma que sufren las madres usuarias y exigiendo una regulación que deje de utilizar la maternidad como herramienta de disciplina.
Bajo el grito de "¡Lucha obrera en el cannabis!", las jornadas se clausuraron no como una despedida, sino como un punto de partida hacia la Marcha Mundial de la Marihuana, con la certeza de que la red de apoyo mutuo ya ha entrado, para no salir, en el templo de la palabra: el Congreso de los Diputados.
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Elizabeth Erhardt
