El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ha denunciado este martes la “falta de transparencia y las prácticas de monopolio que rodean la concesión de licencias del sector por parte del Gobierno de España´´.
La Junta Directiva del Observatorio ha presentado en directo a través de Periscope el informe Licencias para cultivo de cannabis, análisis de las últimas informaciones dadas por la AEMPS. En él subrayan la falta de transparencia y critica las respuestas del Gobierno, alegando que son contradictorias, y que no existe ningún proceso administrativo claro que proporcione igualdad de oportunidades.
El lugar de la presentación de dicho informe no se presentó en Monsanto por casualidad. Varias fuentes afirman que ahí se cultiva cannabis con la única licencia que se ha concedido para la producción y exportación de cannabis con más del 0,2% de THC.
Según explica el Observatorio en un comunicado, “La licencia fue concedida a Alcaliber, se traspasa a Linneo Health en el proceso de venta de Alcaliber al fondo británico GHO, que opera desde el paraíso fiscal de las islas Caimán. Sería Linneo Health los que habrían, supuestamente, subcontratando el cultivo final con Monsanto, marca que pertenece a Bayer´´.

Licencias ‘Black’

 
Con la presentación de este manifiesto, el OECCC quiere destacar la “opacidad absoluta en que se mueve el proceso de concesiones´´. El informe también ha sido entregado a los principales partidos políticos, solicitando una ley de Cannabis Medicinal completa e integral, donde tengan cabida las personas.
Y es que, según denuncia el OECCC, “Ni siquiera a los parlamentarios se les informa en detalle, ya que en cuatro respuestas al Gobierno se ofrecen 4 cifras diferentes, que tampoco concuerdan con lo recientemente expuesto en la web de la AEMPS. Así el 12 de diciembre del 2017 habla de 6 licencias a 5 empresas, el 15 de enero de 2018 de una licencia, el 15 de febrero del 2018 de 12 licencias y el 28 de diciembre de 8 autorizaciones a 7 empresas´´.

licencias AEMPS
Álvaro Zamora, portavoz del OECCC, presenta el informe sobre las licencias AEMPS en Monsanto Cartagena. Foto: Hugo Madera.

También subrayan que la información que se vierte en estas cuatro respuestas no coincide con la publicidad de la página web de la AEMPS desde el 18 de diciembre de 2018. En las respuestas del Gobierno sólo aparece una empresa con Licencia de producción, Alcaliber.
Sin embargo, en la web de la Agencia la licencia se atribuye a Linneo Health. Otra empresa, Cafina, también aparece con licencia de producción, y además, aparece otra empresa que no cita el Gobierno, Oils4Cure Sl.
Y por si fuera poco, en la web de la Agencia no constan dos empresas que sí aparecen en la respuesta dada por el Gobierno, el Parque Etnográfico Pirámides de Güimar S.A.U y DJT Plants. Por otra parte, dos de las respuestas que se hicieron al diputado Miguel Vila ni si quiera se han publicado en la web del Congreso.

Leyes anticuadas e incoherencias

El Observatorio también ha analizado en su informe las leyes que cita el Gobierno en sus respuestas. Viendo las fechas de las normas citadas, se puede comprobar que son leyes “anticuadas y desfasadas, todas ellas preconstitucionales´´. Esto evidencia la necesidad de actualizar la normativa actual que regule esta cuestión de forma adecuada.
Respecto a las variedades que cultivan estas empresas con licencia, se citan genéticas tan generales como “cannabis sativa variedad índica´´, que hace referencia a toda una subespecie dentro de la del cannabis sativa.
En teoría, deberían ser semillas certificadas, pero tras una investigación, se han localizado cepas que no aparecen en ningún registro de variedades. Por eso, el OECCC admite que “se desconoce que entiende la AEMPS por origen lícito, ya que en sus respuestas solo hacen referencia a un documento sobre la necesidad de juntar fondos para perseguir el tráfico ilícito de variedades de cannabis, donde ni se definen las variedades de origen lícito, ni las de origen ilícito´´.

La OMS recomendó el pasado 24 de enero a la ONU cambiar la fiscalización del cannabis y regular el CBD. Desde el observatorio denuncian que “no se permite el autocultivo de los usuarios medicinales que siguen sufriendo procedimientos penales, sanciones por tenencia y conducción e incluso en algunos caso penas de prisión. Al mismo tiempo, se autoriza, en régimen de oligopolio, el cultivo a grandes compañías, algunas de ellas internacionales u operadas desde paraísos fiscales, con criterios poco claros´´.
Por último, reclaman que se termine con esta “paradoja´´ con una ley sobre cannabis medicinal clara, transparente y que incluya el autocultivo, así como la tenencia y uso de la marihuana con fines terapéuticos.