Decomisan cannabis medicinal a familias mexicanas en Aduana
El acceso a tratamientos derivados del cannabis en México continúa atrapado en un laberinto burocrático y punitivo. A pesar de los avances legislativos y judiciales logrados en la última década, las familias que dependen de la fitoterapia cannábica para tratar condiciones severas —como la epilepsia refractaria o el síndrome de West— enfrentan la barrera de las aduanas que fiscalizan, retienen y decomisan cannabidiol (CBD) y fitoterápicos cannábicos esenciales para la salud de niñas, niños y adolescentes.
¿Por qué aduana de México decomisa CBD?
Madres de México que necesitan preparaciones cannábicas para mejorar la salud de sus hijos, organizadas ante la falta de opciones institucionales dentro del territorio nacional, se ven obligadas a viajar de manera periódica a países como Colombia para adquirir extractos y formulaciones de alta calidad.
Con esos fitoterápicos frenan crisis convulsivas severas de sus hijos que no alivia la farmacopea. Sin embargo, al retornar a México, los puntos de ingreso aéreo y terrestre se convierten en puntos críticos de fricción.
México secuestra aceites cannábicos de pacientes medicinales
Los decomisos ocurren frecuentemente bajo el argumento de una aparente ilegalidad o por la falta de estandarización en los protocolos de revisión.
La falta de capacitación, los prejuicios arraigados y la corrupción en las aduanas derivan en la retención arbitraria del CBD y otros derivados de la marihuana, están denunciando las madres en estos momentos en México.
Para un paciente con trastornos neurológicos severos, la interrupción abrupta de la medicación basada en CBD no solo incrementa la frecuencia e intensidad de las crisis, sino que pone en riesgo su estabilidad.
Vacío legal de marihuana medicinal en México: permisos y contradicciones
El trasfondo de esta crisis radica en un profundo vacío legal y regulatorio. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diversas instancias judiciales han reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al acceso terapéutico a través de amparos individuales —historias que comenzaron a visibilizarse con casos emblemáticos como el de la niña Grace—, el Estado mexicano ha fallado en la construcción de un mercado médico accesible, transparente y ágil basado en una ley que debe aprobar según su propia jurisprudencia, pero que no aprueba.
Las familias que requieren CBD viajan a Colombia porque se enfrentan a un camino institucional saturado de obstáculos.
Los permisos de importación emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suelen ser lentos, restrictivos y condicionados a procesos judiciales largos y costosos.
Aunque en teoría existen vías para la investigación y producción, la falta de reglamentación secundaria efectiva impide que los pacientes adquieran tratamientos estandarizados de fabricación nacional a precios accesibles.
La brecha entre lo que dictan los tribunales y la actuación de agencias operativas genera zonas grises donde la ley se aplica de forma punitiva contra los pacientes.
Respuesta política al CBD terapéutico: exhortos desde Jalisco
Ante la inacción federal y la vulnerabilidad constante de los menores, la exigencia ha escalado a los congresos locales. En el estado de Jalisco, madres cuidadoras han mantenido mesas de trabajo y exigido un respaldo frontal por parte del Poder Legislativo estatal.
Como respuesta a estas demandas, se han propuesto formalmente exhortos dirigidos a la Cámara Federal y a las instancias competentes para exigir la armonización urgente de las reglas y mecanismos de importación de tratamientos derivados del cannabis.
La propuesta legislativa busca blindar los derechos de las infancias, garantizando que el ingreso de medicamentos con fines médicos no sea considerado una conducta ilícita, sino un acto de protección a la salud pública y a los derechos humanos.
La exigencia central de las familias es homologar criterios, erradicar la persecución en aduana a pacientes y transitar hacia un modelo donde la salud que no dependa de la capacidad de litigar un amparo ni de la discrecionalidad de un oficial en la aduana.
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