Protesta en Barcelona para defender asoc. cannábicas

Es bastante sorprendente ver cómo partidos políticos como PSC, Junts, Partido Popular y Vox han dado su aprobación a una propuesta de este último, que denuncia la existencia de estas asociaciones. Sin embargo, al menos PSC y Junts apoyaron la aprobación de una ley en el Parlamento de Cataluña en 2017 que regulaba con precisión la actividad de estas asociaciones. Esta ley fue revocada más tarde por el Tribunal Constitucional, que creó un vacío legislativo. Junto con la persecución del autocultivo para el consumo colectivo, esto condujo a una indulgencia en el respeto de las buenas prácticas y el establecimiento de todo tipo de asociaciones y acciones debido a la falta de limitaciones y reglas claras.

Se sugiere que el Ayuntamiento de Barcelona anime al Gobierno central a regular no solo el uso medicinal, sino todos los demás usos de la marihuana. Esto sería una forma de combatir el creciente mercado ilegal que está causando problemas en Catalunya y está sobrecargando al sistema policial y judicial.

El acoso restringe la libertad de asociación, la libertad individual y el derecho de los usuarios a organizarse fuera del mercado negro para el autocultivo colectivo para el consumo personal, basado en criterios de salud y prevención de riesgos. También va en contra de la opinión pública, con un 91 % de apoyo a la regulación de medicamentos y casi un 50 % de apoyo a la regulación total.  La tendencia internacional demuestra que muchos países adoptan el modelo asociativo de nuestro país como referencia para la legalización, como Uruguay, Alemania, Malta, la República Checa, Suiza, Estados Unidos y los Países Bajos, mientras que aquí se sigue criminalizando, penalizando y perseguiendo.

Se ha demostrado que el cierre de las asociaciones tendría consecuencias negativas en términos de salud y seguridad. Muchas personas enfermas se verían obligadas a recurrir al mercado negro para obtener lo que necesitan, al igual que aquellas que utilizan cannabis de manera no terapéutica. Además, se perderían miles de empleos, tanto directos como indirectos en este sector. También se dejarían de percibir millones de ingresos para el gobierno y se disminuiría la actividad económica en tiempos de crisis.

Una asociación ha anunciado una movilización permanente una vez al mes en respuesta a la política de acoso del Ayuntamiento, que realiza inspecciones y registros a asociaciones y usuarios para recopilar pruebas para posibles acciones penales. La asociación ha solicitado una reunión con el gobierno local y aún está esperando una respuesta.

Las fechas de las próximas manifestaciones son el viernes 23 de febrero, sábado 16 de marzo durante la Feria Spannabis y el viernes 19 de abril en la Plaça Sant Jaume.

Fuente: Partido Cannábico Luz Verde