Justicia rechaza la demanda de ISP contra Fundación Daya

''No somos delincuentes, no somos criminales, no somos traficantes. Estamos defendiendo el derecho soberano que nos asiste a encontrar las mejores vías para cuidar nuestra salud y la de la comunidad''. Las palabras son de Ana María Gazmuri, la actriz chilena que pasó a ser referente del cannabis medicinal por su incansable trabajo al frente de Fundación Daya. El comentario de Gazmuri se dio a la salida del octavo juzgado de Garantía de Santiago de Chile el 14 de enero de este año. Hasta allí tuvo que ir por obligación legal. Estuvo acompañada por decenas de pacientes y activistas de Daya, Mamá Cultiva Chile, Tata Cultiva y otros.

Tiempo atrás, Sebastián Contreras, estudiante de medicina e integrante de la comisión de salud del partido político Revolución Democrática, consiguió a través de un tercero Cannabiol, el aceite de cannabis que Fundación Daya hizo con laboratorios Knopp. Lo hizo para acceder a cannabis medicinal por un cáncer que padece. Tomó la solución, y según señaló, le sentó mal. ''Le generó efectos no deseados'', dice un comunicado de Fundación Daya. Por eso el Instituto de Salud Pública (ISP) se presentó ante la justicia y denunció el trabajo de Fundación Daya.

En una audiencia de cinco minutos, la jueza Alicia Rosende desestimó la querella que interpuso el ISP. La historia que terminó tan rápido, en realidad es bastante más larga. Y es quizás, o mejor dicho, ojalá sea, la última puntada que da el Estado contra Fundacion Daya. O mejor dicho contra miles de usuarios de cannabis medicinal.

El estado chileno no puede dar respuesta accesible y democrática a su pueblo. Pero lo hacen organizaciones como Mamá Cultiva, Tata Cultiva o Fundación Daya. Y el estado no ha tenido mejor idea que cargar no solo la represión, sino esa peligrosa mezcla de desinformación, ignorancia y petulancia contra quien sí da respuestas a la población. La cantidad de enfermedades que el cannabis ayuda a paliar, contrarestar o incluso eliminar se acumula en cientos de publicaciones científicas. Gobiernos, universidades, sociedad civil y organismos supranacionales lo empiezan a respaldar. Pero el estado chileno parece hacer caso omiso a las evidencias. Parece tener una sola oreja destapada.

La punta de la madeja

Esta historia tiene orígenes remotos en la historia reciente. En 2015, fue reconocido el carácter medicinal de la marihuana en Chile. Sin embargo, los servicios de salud no han podido brindar un fármaco de base cannábica que tenga un acceso seguro para toda la población. Es por eso que asociaciones como Fundación Daya han proporcionado el aceite que elaboraron hasta que el ISP lo fue prohibiendo, al no autorizar la fabricación de partidas.

En 2019, la violencia del estado chileno se recrudeció en todos los sentidos. La criminalización contra los cultivadores solidarios y madres que cultivan cannabis también se fue multiplicando. Pero la arremetida contra las familias o las personas que cultivan para darle alivio y mejor calidad de vida a miles de chilenos y chilenas no fue solo de las autoridades sanitarias o policiales.

El Colegio Médico (Colmed) también participó elaborando un informe que niega las virtudes terapéuticas del cannabis. El informe fue ampliamente publicitado por la reacción, entre ellos el Diario El Mercurio. Pero también tocó los resortes de la Comisión de Salud del Senado, donde se estudiaba la Ley de Cultivo Seguro.

Impulsada por Fundacion Daya, y otras organizaciones, pretendía reconocer el derecho a cultivar cannabis con orden médica. Y así la policía no podría allanar la casa de un cultivador de cannabis medicinal. La ley fue aprobada por casi nueve de diez diputados. Y parece que unos cuantos en el senado entraron en pánico (y no por fumar marihuana).

El informe del Colmed llenó el vacío con miedo. ''El informe del Colmed fue instrumentalizado por miembros de este gobierno como el director del Senda, Carlos Charme; el ministro de Salud, Jaime Mañalich y la ex directora del ISP, María Soledad Velásquez. Para iniciar una campaña de desinformación y desprestigio contra la labor de los médicos y directivos de Fundación Daya en particular. Y contra el acceso democrático al cannabis en general'', dijo Ana María Gazmuri, terminada la audiencia judicial del 14 de enero pasado en Santiago.

''En Chile se criminaliza a usuarios medicinales de cannabis que ejercen su derecho al autocultivo. Se persigue a quienes defendemos el derecho al acceso democrático. Y se bloquea el producto nacional de bajo coste que con tanto esfuerzo se ha desarrollado'', acotó Gazmuri. ''Celebramos que el Ministerio Público haya apelado al sentido común, decidiendo no perseverar en esta causa y dar como cerrada la investigación por falta de fundamentos. (…)  Estamos en tiempos donde las sociedades exigen respeto a la libertad de elegir en muchos ámbitos de la vida, incluyendo los tratamientos y alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida y generan bienestar'', culminó la directora ejecutiva de Fundación Daya. Que así sea y primer la solidaridad y el buen sentido. Y sobre todo la salud de la población.