El sector del cannabis denuncia una campaña de criminalización

Un ataque directo contra una industria legal y consolidada

Adrián García, presidente del Gremio de la Industria del Cannabis, ha declarado en exclusiva a Soft Secrets:

“Es el único sector económico de España que recibe agresiones en formas de denuncias, inspecciones, incautaciones, y precintado de productos legales. Las empresas de cannabis son empresas que facturan millones de euros, cumplen con sus obligaciones fiscales, generan puestos de trabajo y están integradas en las comunidades ofreciendo un servicio”.

Las actuaciones denunciadas incluyen la incautación de productos de CBD con THC por debajo del 0,2%, semillas de coleccionismo, vaporizadores y artículos de parafernalia que no están tipificados como sustancias ilegales ni constituyen infracción penal. En muchos casos, los establecimientos han recibido actas sancionadoras sin respaldo técnico ni jurídico, lo que genera un clima de inseguridad jurídica sin precedentes en el sector.

Denuncia colectiva al Defensor del Pueblo

Frente a esta escalada de intervenciones policiales, el Gremio y The Pot Hub han iniciado los trámites para presentar una denuncia colectiva ante el Defensor del Pueblo, a la que podrán adherirse todas las personas físicas y jurídicas afectadas.

El borrador de la denuncia, al que ha tenido acceso Soft Secrets, recoge posibles vulneraciones de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como:

• El principio de legalidad y seguridad jurídica (art. 9.3 CE)
• La libertad de empresa (art. 38 CE)
• El derecho a la propiedad privada (art. 33 CE)
• El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

Además, se denuncia el uso de criterios arbitrarios y la ausencia de respaldo legal para justificar estas actuaciones, que suponen una discriminación institucional hacia un sector que opera legalmente y está arraigado social y económicamente en muchas ciudades del país, especialmente en Barcelona.

El sector reclama diálogo, respeto y regulación

El comunicado concluye con una serie de exigencias claras a las administraciones públicas:

• El cese inmediato de las inspecciones arbitrarias y desproporcionadas.
• La apertura de un canal de diálogo permanente para avanzar hacia una regulación garantista y moderna del cannabis no psicoactivo.
• El reconocimiento institucional del valor económico, cultural y laboral de la industria del cannabis legal en España.

Adrián García añade:

“La criminalización del cannabis no es de ahora, ahora son los productos de CBD, pero anteriormente fueron las semillas y los bancos de semillas. Además se da la circunstancia de que los ejecutores de las inspecciones no tienen claro el marco regulatorio en el que deben moverse, ni la legalidad de los productos que incautan, con lo cual se producen arbitrariamente. Esto genera una inseguridad e indefensión en el sector del cannabis, y ha llegado el momento de poner freno y alzar la voz”.

¿Qué dice la normativa actual?

Actualmente, los productos derivados del cannabis no psicoactivo (como el CBD) no están fiscalizados si contienen menos del 0,2% de THC. El Tribunal Supremo ha reiterado que la superación de ese umbral no implica automáticamente un delito, si no hay efectos psicoactivos. Además, la OMS recomendó en 2019 una revisión de la clasificación internacional del cannabis, apostando por políticas basadas en evidencia científica y derechos humanos.

Un momento decisivo para la industria cannábica española

La situación que atraviesa el sector del CBD y los grow shops podría marcar un antes y un después en la lucha por la normalización, desestigmatización y regulación del cannabis en España. Desde el Gremio de la Industria del Cannabis aseguran que defenderán cada comercio, cada trabajador y cada derecho vulnerado.

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