Editorial de Soft Secrets de diciembre del 2013

PP, Partido Prohibicionista

El Partido Popular vuelve a las andadas de prohibicionismo y represión. Preparan una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, donde los cannábicos tendremos multas por cultivar de entre 1000 € y 30.000 €, el borrador de la ley deja claro que estas multas se han de aplicar, aunque sea un cultivo destinado al consumo propio, sin ninguna relación con el tráfico de drogas. Está claro que quieren rellenar el vacío legal para atacar al cultivador en todos los casos, bien por la vía penal si es un cultivo que se destine a la venta, bien por una multa administrativa de entre 1000 € y 30000 € si es para autoconsumo. Lo que pretende el Partido Popular queda claro: matar el autocultivo, perseguir a las grows y acabar con los clubs de usuarios.

Eso solo beneficiará a los narcos, lo cual no parece importar mucho al PP, un partido con numerosos nexos con el tráfico de cocaína y otras sustancias, tal y como analizamos en el anterior editorial. Por lo visto lo del cultivo de marihuana también lo trabajan, pues acaban de detener a dos concejales del PP con un kilo de marihuana en el coche, se trata de Beatriz Rodríguez Castañeda, edil del PP en el Ayuntamiento de Campazas y José Antonio Gallego Blanco, concejal del PP en Gusendos de los Oteros. Fueron detenidos por tráfico de drogas, al encontrarles un kilo de yerba dentro del coche donde viajaban, además de instrumentos de pesaje y manipulación, lo que resulta bastante incriminatorio si se transporte en un coche con un kilo de yerba bolseada.

Esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluye numerosas salvajadas en todos los ordenes, destinadas a reprimir el derecho a la manifestación y mantener al pueblo sumiso, mientras siguen con el saqueo. Con este ataque frontal el PP nos coloca en la misma situación que en el 2004, cuando pensaban lanzar el plan Acebes para prohibir semillas, autocultivo y tiendas. Solo tenemos una salida, conseguir echar al PP del poder, antes de que aprueben esta ley, de lo contrario nos provocarán un grave daño. Todos los usuarios de cannabis estamos obligados a luchar contra el PP en general y contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en particular.

Martín Barriuso, activista pionero en España, sigue sufriendo un intenso acoso judicial por defender nuestros derechos, con la asociación Pannagh paralizada por orden judicial. Barriuso se ha quedado en el paro y en muy mala situación, ya que van a embargarle sus escasas propiedades, tras pedir la fiscal una fianza de un millón de fueros. Al exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto Lopez Abad, acusado de gravísimos actos de corrupción que han supuesto la ruina de la CAM, el juez le pide una fianza similar, 1.5 millones de euros. Este es el principio de proporcionalidad de la justicia del PP.

Es urgente la creación de un lobby que defienda nuestros intereses, necesitamos un mínimo de organización y en nuestra industria hay dinero para cubrir los costes de una estructura mínima, lo que falta es interés, voluntad y unión. Ahora que tenemos el lobo a la puerta, es un gran momento para que las empresas del sector se animen a juntarse y subvencionar un lobby coordinado por Barriuso.

Aunque siempre denunciamos las corrupciones externas, también hay que señalar las internas. Las grow shops han sido la base de la expansión de nuestra escena en los últimos 15 años. Desde que la coordinadora de activistas lanza la campaña “contra la prohibición me planto”, las growshops han hecho un gran trabajo de difusión del autocultivo. Sin saber aún hacia donde nos dirigimos, es importante cuidar a las tiendas, pues son la base actual de nuestra escena. En numerosos sitios, especialmente en Cataluña, las growshops están teniendo problemas, hay mayoristas que venden directamente a asociaciones y grandes cultivadores, rompen la cadena de distribución y causan un grave daño. Muchas asociaciones también están mostrando una falta de ética total, pues no les basta con dispensar yerba a sus socios, sino que incluso quieren ganar un margen en la venta de bombillas o fertilizantes a sus cultivadores. En Soft Secrets siempre hemos apoyado a las asociaciones, pero hay actitudes injustificables. Los que reclaman solidaridad, justicia y ayuda, tienen que aplicar una ética estricta en sus decisiones de compra, pues en teoría no son empresas con ánimo de lucro, por lo que deberían de meditar a fondo como afectan sus decisiones al mercado.

Es importante no perder de vista la situación mundial. Mientras aquí detienen autocultivadores, las cosechas se recogen en países como Marruecos, Colombia o Albania. Incluso en Estados Unidos, el corazón de la prohibición, hay en Humboldt cultivos tan inmensos que se ven con el Google Maps. En Colorado acaban de poner impuestos al cannabis; sin duda allí toca. Es el momento. Aquí primero conviene avanzar en derechos. Antes de aprestarse al pago de impuestos, hay que pactar con el Estado, no debemos tener prisa en jugar una de las cartas principales de la negociación. Los clubs que están pagando impuestos se descapitalizan y hacen más débiles, luego el Estado se los merendará más rápido; además perjudican al resto, pues luego en Hacienda se acostumbran y piden a todos el tributo. Dar dinero a un Estado que pretende cambiar las leyes para acabar con nosotros es un suicidio. Primero que quiten la Ley de Seguridad Ciudadana y nos permitan transportar la marihuana por la que pagaríamos las tasas, hasta entonces pagar impuestos es de una temeraria candidez. De momento ¡todos a la calle contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana!