Uruguay: policía y conservadores contra la regulación
“No más presos por plantar”, una consigna que había quedado en desuso pero que vuelve por el apriete del gobierno conservador. Foto: Gustavo Manfredi.
La policía y algunos fiscales vienen persiguiendo y encarcelando cultivadores registrados con artimañas interpretativas de la ley. A ocho años de la regulación, en el primer país en regular toda la cadena de la cannabis, los movimientos marcharon para levantar una vieja proclama: No más presos por plantar. Autocultivadores y clubes de cannabis están en la mira del nuevo gobierno conservador.
8 años después de la regulación vuelve la consigna “no más presos por plantar” a Uruguay
En unos meses la regulación de la marihuana en Uruguay cumplirá ocho años. En el último año y medio, a partir de un cambio de gobierno, el prohibicionismo estiró sus tentáculos contra autocultivadores y clubes de cannabis. A pesar de la ley que es relativamente garantista el nuevo gobierno conservador parece querer perforarla.
“Lo que comenzó siendo un embate prohibicionista termina despertando al movimiento social de una larga siesta”, dice Julio Rey de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis de Uruguay (ACCA). Una parte de la policía, respaldada por las autoridades políticas del ministerio del Interior, se han dedicado en el último año y medio a crear sospechas en la opinión pública sobre los clubes y cultivadores registrados de cannabis.
Por eso el 16 de agosto la Coordinadora de Cannabis, que agrupa varios colectivos, marchó por Montevideo en defensa de sus derechos.
“Hace falta un replanteo de la regulación en varios aspectos. La ley de regulación, repite ciertas estructuras del prohibicionismo en cuanto al control, como el registro. El movimiento social en su momento se negó al registro, pero fue una condición para continuar el diálogo con el gobierno de aquel momento. Sin haber cedido a esa condición no existiría siquiera el cultivo doméstico. No tuvimos más remedio que aceptarlo. Pero en estos momentos salimos a defender el registro porque es la garantía legal de nuestros derechos constituidos”, dice Rey.
Algo que está expresamente prohibido en la ley de regulación que prevé el acceso a esos datos de carácter confidencial a través de un requerimiento judicial, pero en ningún caso por un simple requerimiento policial. Las asociaciones de cultivadores están alertas y han indicado que si la policía accede a sus datos plantearán una demanda judicial contra el estado.
La sociedad uruguaya ha comprobado el deterioro de su policía. En el último informe de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes de Naciones Unidas se advirtió por la creciente corrupción policial y militar en lo relativo a tráfico de drogas. Altos jerarcas han sido capturados por tráfico de cocaína en distintos puntos del país. Sin embargo, el ministerio del Interior actual enfoca sus fuerzas en perseguir autocultivadores. Un peligroso movimiento que ha llevado a decenas de autocultivadores a fiscalía y también a prisión.
Marcha cannábica en Uruguay contra la represión del cultivo de cannabis. Agosto de 2021. Foto: Gustavo Manfredi.
Persecución a cultivadores
“Lo que nos motivó a movilizar fue el recrudecimiento de la persecución a los autocultivadores. Sobre todo, en época de flora y cosecha tuvimos una frecuencia de allanamientos, incautaciones y hasta procesamientos a cultivadores registrados. Es un intento de perforación de las garantías jurídicas para quienes estamos registrados e incluso en perfecta regla” explicó Rey a Soft Secrets.
La llamada ley de urgente consideración (LUC), votada por un mecanismo express que da excesivas potestades a la policía también le permite interpretar a los fiscales que si un cultivador se excede de las cantidades estipuladas en la ley (480 gramos en stock y seis plantas en flora) se constituye un delito. Aunque la ley de regulación prevé que es una falta administrativa y es clara en que la fiscalía debe probar tráfico, lo que ha pasado en algunas ocasiones es que la sola posesión de algo más ha implicado prisión para autocultivadores.
“Es una vieja figura de la vieja ley de drogas en Uruguay”, acota Rey. “Se han realizado allanamientos en base a dudosas denuncias anónimas y se estaban pesando las cosecha con unos días, no más de una semana y en ese estado de la materia vegetal pesaba un montón lo que estaban incautando. Los fiscales entendían que había más cantidad de la permitida y que la tenencia no era para consumo”, explicó el cultivador y activista.
La LUC ha hecho que los delitos de drogas no sean excarcelables, por esta normativa, simples cultivadores han sido puestos en prisión. “Los abogados defensores siempre dicen que arrancan 1 a 0 representando a sus defendidos. Evidentemente hay una intencionalidad: los operativos y las condenas se hacen cuando hay cosecha”, dice Rey.
“Hay casos absurdos de cultivadores presos que no estarían en prisión si no fuera por esta interpretación absurda bajo la hipótesis de tenencia no para consumo. No hay pruebas de venta, comercialización o cosa por el estilo”, dice.
En julio se consiguió llevar a plebiscito la LUC. Si esta ley se deroga los cultivadores de cannabis podrán estar más tranquilos. Uruguay todavía tiene tres años de un gobierno que por un lado dice que hay que eliminar el registro, como ha dicho el presidente Luis Lacalle, y por otro envía a la cárcel a trabajadores que simplemente plantaron su marihuana. Es una vergüenza, no solo para los cannábicos. Sino para la ciudadanía que ha perdido en derechos y ganado en mentiras.
Jorge Negro
F
Frank Brandse
