Libertad para Luis Quintanilla de Dispensario Nacional

No nos dan las páginas de esta revista para listar cada una de las violaciones a los derechos humanos que deben soportar cientos de cultivadores y cultivadoras a lo largo de América Latina. Y es quizás en Chile donde las malas noticias se repiten con una asiduidad pasmosa a pesar de los discursos y los avances, los malos servidores públicos se empeñan en opacar la luz.

Esta vez ha sido Luis Quintanilla, presidente del Dispensario Nacional, que está en prisión preventiva desde el 18 de agosto pasado. La organización sin fines de lucro que ayuda a gestionar cannabis para más de 300 personas que lo necesitan para fines terapéuticos, recreativos o espirituales. Usuarias y usuarios que han recurrido al Dispensario Nacional como forma de no tocar las puertas del mercado ilícito.

“En unas horas más vienen a buscarme porque voy a la cárcel. ¿Por qué me voy a la cárcel? ¿Por qué maté a alguien? ¿Por qué atropellé a alguien borracho? ¿Por qué cometí un fraude? No. Voy a la cárcel por ser paciente de una asociación de pacientes medicinales”, dijo Luis Quintanilla en su casa, durante las últimas horas que estuvo junto a sus dos hijos y su esposa, la también activista Vale Verdosa.

“Las asociaciones de cultivo colectivo de cannabis, corporaciones sin fines de lucro, están debidamente constituidas al amparo de la ley N° 20.500 y representan un modelo social, cooperativo y compasivo, que acoge a pacientes que no pueden cultivar, ya sea por imposibilidad física, por tiempo, desconocimiento o por miedo a ser criminalizados, y no pueden ser objeto de hostilidad institucional al ejercicio de la libertad de asociación, en especial, considerando el deber que pesa sobre órganos del Estado de garantizar la plena autonomía de las asociaciones y no adoptar medidas que interfieran en su vida interna, conforme lo dispone el artículo 2° de la ley N° 20.500”, señaló el estudio jurídico que defiende a Quintanilla en comunicado público.

Dispensario y otras organizaciones presentaron varios casos ante la Comisión Interamericana de DDHH en abril pasado porque la vulneración de derechos es tal y las prácticas de la PDI y las fiscalías son tan maquiavélicas que no ha quedado otra que recurrir a un órgano de justicia fuera de Chile.

Cuando Quintanilla marchó a prisión la diputada Ana María Gazmuri, vocera de la bancada transversal de regulación por la paz, dijo que aquel fue un “día oscuro para el movimiento cannábico”, en conferencia organizada en el Congreso de Chile. “Esta es una tragedia. Luis ha estado en múltiples ocasiones en este Congreso exponiendo sobre la urgente necesidad de protección a usuarias y usuarios”.

“El estado de Chile no hace más que perseguir y criminalizar a quien no hace más que gestionar la salud y hacerse cargo de lo que no hace el estado que es facilitar el acceso al cannabis medicinal”, señaló Gazmuri.

“Nuestro gobierno se comprometió a terminar la persecución de los usos individuales y actos preparatorios”, dijo Gazmuri al tiempo que pidió “avanzar en la regulación integral del cannabis que va a contemplar reparación a las víctimas de la ley 20.000. (…) No solo tenemos que regular sino compensar a quienes han sido dañaos por el estado en esta absurda persecución”, solicitó la diputada.

Pero por ahora Luis Quintanilla, un activista de larga data, la persona que puso cara a este proyecto en nombre de cientos de personas, está tras las rejas. La noticia es doblemente triste porque ocurre mientras está en el gobierno un conglomerado político alineado con las demandas de la sociedad en este asunto del cannabis.

Pero los poderes públicos son independientes y es deseable que así sea. Aunque los resultados por estas horas no sean los más felices ni halagüeños. Se puede cambiar todo un gobierno, pero no quienes están en los otros poderes públicos.

Hay agentes estatales que usan la maquinaria pública para confirmar sus prejuicios, para darle sustento a la llamada guerra contra las drogas que no es otra cosa que una guerra contra personas y un justificativo hemisférico para engrosar los aparatos de seguridad que luego van contra las poblaciones más vulnerables y contra la esencia misma de la democracia.

En el camino estos agentes estatales finalmente crearán mártires. Ese es el caso de Quintanilla. Una víctima de la no regulación de una sustancia ampliamente aceptada por una enorme porción de chilenas y chilenos.

Parece que la consigna no más presos por plantar seguirá su curso por un buen tiempo. Es una pena. Pero toca estar cerca de quienes en nombre de todas y todos la están pasando mal. No más presos ni presas por plantar, por ayudar a los demás a encontrar el bienestar que el Estado niega. Libertad para Luis y para cada persona cultivadora.