El caso Edgar Martínez el cultivador preso por ayudar madres

Texto gentileza de Fundación Daya

Entraron a su casa buscando cocaína. La policía paraguaya esperaba encontrar un laboratorio clandestino para la elaboración de esa droga en el dúplex que Edgar Martínez Sacoman, activista social y ambientalista paraguayo, compartía con Carlos Pulgarín Tobón, un ciudadano colombiano con quien estaba iniciando un negocio de minería.

La idea era enviar muestras de las piedras preciosas que abundan en Paraguay para el análisis de su calidad y dureza en el Instituto Gemológico de España. Paraguay no cuenta con una institución similar que pueda certificar la calidad de ese tipo de minerales. Más que pruebas de tráfico, la policía sólo contaba con sospechas basadas aparentemente en el prejuicio: el de un ciudadano paraguayo compartiendo vivienda con un socio colombiano y su pareja, que por entonces se encontraba de visita.

A pesar de ello, la policía decidió allanar la casa que ambos socios compartían en la localidad paraguaya de Ciudad del Este. Los uniformados entraron esperando dar un golpe al narcotráfico, ese mercado ilegal que ha convertido a Paraguay y Colombia —junto a Perú y Bolivia— en los mayores productores de cocaína y marihuana con fines recreativos del mundo. Países que funcionan como los mayores centros de plantación, producción y tráfico de drogas del planeta, con más de 30.000 personas involucradas y un movimiento ilegal de miles de millones de dólares al año, según informaba en 2014 el periódico español El Mundo.

Edgar, como quedaría claro en el juicio, no es uno de ellos. Para la policía allanar ese dúplex en Ciudad del Este, basados en débiles sospechas, era muchísimo más sencillo y seguro que tener que recorrer la selva, donde los grandes traficantes ocultan sus plantaciones y laboratorios a gran escala.

Quizás por eso los policías entraron buscando un laboratorio clandestino, cocaína y precursores químicos para su elaboración, persiguiendo alguno de esos titulares de los periódicos que hablarían sobre un nuevo golpe al narcotráfico, además de las felicitaciones de sus superiores policiales y autoridades políticas que utilizan este tipo de detenciones para asegurar que la lucha contra el tráfico sigue firme, que la “guerra contra las drogas” aún no está perdida del todo.

Ello, a pesar de que la evidencia estadística muestra todo lo contrario: desde el inicio de las políticas prohibicionistas a nivel global, las cifras de producción y consumo de drogas ilícitas no paran de crecer a nivel planetario. Entraron buscando una de esas detenciones que repletan las cárceles de Latinoamérica.

Uno de esos casos que le sirven a los fiscales para “sumar puntos” en sus carreras administrativas cuando logran una condena, permitiéndoles ascender a cargos más elevados dentro del aparato judicial. Un incentivo espurio, o al menos éticamente cuestionable, puntos que en el caso paraguayo son incluso canjeables en dinero en efectivo a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el brazo ejecutor de la DEA en Paraguay, según informa el único condenado en este caso, Edgar Martínez Sacoman.

“Es una vergüenza que en toda Latinoamérica, y particularmente acá en Paraguay, se aplica prisión preventiva por cannabis prácticamente al 50% de los detenidos. Esa es nuestra realidad, siendo que Paraguay es el segundo mayor productor en América. Que no esté legalizada sólo fomenta la corrupción, el dolor y la muerte”, señala Juan Köhn, abogado y presidente del Instituto Cannábico Paraguayo, quien asumió el proceso de apelación de Edgar Martínez. 

Detención en Paraguay

La policía entró a la casa de Ciudad del Este buscando cocaína, pero sólo encontraron 30 mililitros del aceite de cannabis que Edgar Martínez preparaba para ayudar a pacientes con epilepsia refractaria y dolores crónicos entre otras patologías, de manera gratuita. Eso y un puñado de cannabis en una bolsa de agua congelada, proceso de extracción mediante hielo con el que Edgar buscaba separar el CBD de la cannabis y atenuar así los efectos narcóticos del THC en la elaboración del aceite para pacientes infantiles con epilepsia refractaria.

“Finalmente contabilizaron 932 gramos, porque pesaron la bolsa con agua congelada y todo, cuando en realidad, de materia vegetal de cannabis no serían más de 100 gramos como máximo”, explica Edgar, hoy condenado a una pena de dos años y medio. “Lo más curioso del caso es de que este es el primero que llega a un juicio oral y público, pero no es el primero que llega a tribunales en Paraguay”, señala Derlys Martínez, uno de sus abogados.

“Hubo otros casos que no llegaron a juicio porque el propio Ministerio Público, tras comprobar que se trataba de un caso de tenencia de estupefacientes con fines de convertirlo en aceite de cannabis para uso medicinal, pidió el sobreseimiento definitivo de los imputados. O sea, no hubo necesidad de llegar a juicio. Sin embargo el caso de Edgar no sólo llegó a juicio sino que se dictó una sentencia condenatoria, contradiciendo los precedentes que existen en casos similares”, explicó el abogado.

“La fiscalía siempre quiso plantear que como vivía con una pareja de colombianos, nuestra casa funcionaba como un laboratorio de cocaína, a pesar de que eso no es cierto y de que no se encontró ningún rastro de esa sustancia”, señala Edgar, el condenado. “El Ministerio Público insistía en esa acusación, basado en que encontraron unas bandejas plásticas que eran las que usábamos con mi socio para tratar los minerales que mandábamos a analizar a Madrid. Al juicio llevaron hasta la cama de la gata que teníamos, como prueba de que la usábamos para elaborar cocaína. Se llevaron la cocina y todo lo que encontraron para armar una película. Pero bueno, así estamos de mal en Paraguay; es peligroso tener gatos porque pueden ocupar su cama como “prueba” de que tienes un laboratorio clandestino”, relata Edgar desde su actual arresto domiciliario.

Las actas de la investigación y el juicio le dan la razón: no se encontraron restos de cocaína en ninguna de las bandejas. A pesar de que el propio tribunal de sentencia reconoció en su fallo que Edgar elaboraba aceite de cannabis para ayudar a pacientes que lo necesitaban, y que lo hacía de manera gratuita, finalmente terminó siendo condenado a una pena de dos años y medio. Sólo accedieron al arresto domiciliario en el que actualmente se encuentra, porque Edgar Martínez Sacoman pasó casi un año y medio en prisión esperando el juicio que finalmente lo condenó, a pesar de todas las pruebas a su favor.

Sin autorización para salvar vidas

Edgar comenzó a investigar el uso medicinal del cannabis a principios de este siglo, cuando a su madre le detectaron un cáncer terminal en los ganglios. Luego de su fallecimiento en 2003, Edgar aprendió a realizar diversos tipos de extracciones medicinales en base a cannabis durante su estadía en las Islas Canarias, Barcelona y Marruecos.

En 2012 regresó a Paraguay, donde tuvo la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias sobre el uso medicinal de distintas plantas con los curanderos de las tribus guaraníes. “Con ellos compartí lo que había aprendido en mis viajes, enseñándoles a realizar extracciones en base a cannabis en medio de la selva para que trataran a sus enfermos. Acá en Paraguay, la deforestación y los monocultivos han cambiado totalmente la realidad, provocando muchas enfermedades nuevas entre los pueblos originarios. Me pareció oportuno ese intercambio de experiencias”, señala Edgar, quien además se dedicó a trabajar con diversos campesinos y grupos indígenas en el rescate de simientes orgánicas de cultivos ancestrales, como parte de una red de semillas latinoamericanas.

Edgar solía llevar los alcoholes al campo y la selva para elaborar con ellos los extractos de cannabis, dejando aceites de esa planta para el tratamiento de los lugareños y trayendo de regreso a la ciudad parte de esos extractos para regalarlos entre los pacientes que lo necesitaran.

Así Edgar ayudó a niños con epilepsia refractaria y pacientes como su amigo Marcelo Müller, quien toma cannabis medicinal para los dolores producto de un accidente automovilístico que obligó a reconstruir su cráneo con placas de titanio, y sus problemas crónicos en la columna provocados por el mismo hecho, además de padecer artritis y artrosis. [

Dificultades medicinales

“Acá en Paraguay es muy difícil conseguir plantas y las utilizamos sin saber qué cepa es, lo que me obligaba a realizar procesos como el de extracción por hielo para separar el CBD de las plantas”, explica Edgar desde Ciudad del Este. Es por ello que la materia vegetal para las extracciones las conseguía con los propios indígenas.

“El cannabis para uso medicinal y uso adulto responsable es legal en nuestro país”, asegura Cynthia Farina, presidenta de Mamá Cultiva Paraguay, organización que nació al amparo de Fundación Daya, y que agrupa a 400 familias de ese país que utilizan esta herramienta terapéutica para el tratamiento de diversas patologías.

“Lastimosamente no tenemos una regulación integral que explícitamente contemple el autocultivo, por lo tanto nos encontramos ante una laguna jurídica muy confusa, donde las autoridades sacan ventaja lucrando con la libertad”, señala. Es por ello que tal como su organización hermana en Chile, trabajan buscando generar “una regulación integral que incluya el autocultivo y cultivos comunitarios, para que todas las personas que la necesiten puedan tener acceso a ella sin tener que pagar altos costos. Cultivamos nuestra medicina porque sabemos que el derecho a la salud es nuestro derecho fundamental”, explica Cynthia.

Algo similar es lo que plantea el abogado Juan Köhn. “Hay grupos poderosos encabezados por la DEA de los Estados Unidos a través de la SENAD y también los laboratorios, que no van a permitir así nomás que esto sea una realidad, en detrimento de toda la población. Ellos están totalmente en contra de lo que nosotros defendemos que es el derecho al autocultivo”. La labor de Edgar como fabricante solidario de aceites en base a cannabis para los pacientes de su ciudad, se mantuvo de manera ininterrumpida entre el 2012 y 2016, año en que la policía allanó su residencia buscando un supuesto laboratorio para la elaboración de cocaína que nunca existió. 

Un proceso injusto

Aunque la detención de Edgar se realizó en julio de 2016, fue recién en octubre del año siguiente que se realizó el primer juicio oral en su contra, el cual fue cancelado antes de emitir un veredicto debido a la suspensión de sus funciones que afectó a dos miembros de dicho tribunal. Por esta razón, el juicio debió repetirse recién a finales de noviembre pasado.

Durante el año y tres meses que separaron al allanamiento de su hogar y el inicio del segundo juicio en su contra, Edgar estuvo prisionero en dos recintos penitenciarios: los primeros tres meses en la cárcel de la ciudad de General Oviedo y luego en el Pabellón Blanco de la prisión de Ciudad del Este. “Es un infierno, una de las peores cárceles de Paraguay”, relata Edgar. “No había agua, todos los presos vivíamos hacinados, encajonados, 27 personas viviendo en espacios de 4 x 4 metros y sin acceso al patio. Así estuve seis meses sin ver la luz del sol, con gente una más loca que otra”, recuerda.

A pesar de ello, Edgar no se echó a morir y fiel a sus principios de activismo social, se dedicó a mejorar las condiciones del penal. “Cuando estuve detenido comenzamos un proyecto de reinserción social, una iniciativa propia junto al jefe del pabellón. Yo estaba en el pabellón más marginal, el más desfavorecido, donde nadie quería estar, ni los guardias de la cárcel. Yo elegí ese lugar para poder trabajar con la gente. Conseguimos detener la venta y el consumo de crack al interior del pabellón, conseguimos rehabilitar de ese vicio a 34 de los chicos detenidos, dándoles trabajo, enseñándoles manualidades”, explica.

De esta manera Edgar creó la primera empresa social de Paraguay al interior de la cárcel, dándole trabajo a los presos que pudieron comercializar así sus productos en la época navideña recién pasada, para ayudar con esos ingresos a la manutención de sus familias. Una experiencia pionera en su país, que fue destacada por diversos medios de comunicación, como el diario Última Hora, uno de los más importantes de Paraguay. Un trabajo social que fue destacado incluso durante su segundo juicio.

“Al ver todo ese trabajo y los resultados, por poco todo el tribunal no aplaudió. Todos se quedaron impresionados de ver que mientras en la sociedad civil paraguaya no se han implementado aún las empresas sociales, nosotros pudimos hacerlo al interior de una cárcel. Por ello me felicitó el presidente del tribunal y hasta la prensa”, recuerda Edgar. A pesar de ello, el mismo tribunal de sentencia terminó condenándolo a una pena de dos años y medio.

“La fiscalía había presentado el caso como de posesión de estupefacientes con fines de tráfico. Esa fue su teoría de caso durante gran parte del juicio. Digo en gran parte, porque durante los últimos alegatos la fiscalía finalmente se vio obligada a reconocer tímidamente que se trataba de un caso de elaboración de aceite de cannabis”, señala el abogado defensor Derlys Martínez.

“El tribunal, al fijar los hechos probados, reconoció que se trataba de un caso de producción de aceite de cannabis con fines medicinales. A pesar de todo ello, Edgar Martínez Sacoman fue procesado, encarcelado, estuvo privado de su libertad durante un año y medio antes del juicio y finalmente fue condenado”, relata, tratando de explicar lo ininteligible. El caso alcanza ribetes aún más kafkianos, cuando se entiende la razón por la que Edgar fue finalmente condenado: “Este es un fallo injusto y arbitrario. Hay que entender que lo están condenando supuestamente por no haber obtenido el permiso para la elaboración del aceite en base a cannabis, pero al momento en que ocurrieron los hechos ese mentado permiso no existía”, explica Juan Köhn, abogado y presidente del Instituto Cannábico Paraguayo, quien asumirá el proceso de apelación de Edgar Martínez.

“Hay que entender que en este caso nos encontramos ante una justificación, que torna plenamente lícita una conducta antijurídica: Edgar actuó amparado en salvarle la vida y aplacarle el dolor a otras personas. Si bien estaba suministrando ese aceite sin autorización, “delito” que por entonces no estaba contemplado por la ley, en su caso se da perfectamente lo que contempla el artículo 20 del Código Penal paraguayo, que es el estado de necesidad justificante. A nuestro concepto el tribunal de sentencia se equivocó, aplicó mal el derecho al decir que su conducta no estaba amparada por la ausencia de este permiso, porque no se necesita permiso para salvarle la vida o aliviar el dolor a otra persona”, señala el abogado.

Aunque en el juicio se pudo acreditar que Edgar elaboraba estos aceites sin ánimo de lucro, que estos eran regalados a los pacientes que así lo requerían, y que jamás se dedicó a la elaboración de cocaína, finalmente Edgar fue condenado por no contar con un permiso que, cuando ocurrieron los hechos, la legislación paraguaya aún no exigía. “Acá no hay ninguna víctima, por el contrario, las personas a las que ayudé vinieron a testificar a favor de mío”, dice Edgar.

“Para mí el delito no es no tener permiso. Para mí el delito o crimen sería omitir auxilio a esos niños, a esas personas enfermas. Es una cuestión de humanidad: una simple planta que está a disposición de todos, ahí en la naturaleza y que tu no la puedas usar, que tengas que quedarte viendo a niños muriendo, enfermos, viejos, ancianos y no hacer nada; eso sí vendría a ser un crimen”. Hoy, mientras cumple parte de su condena con arresto domiciliario, Edgar prepara la apelación junto a sus abogados.

“Yo ya estoy en casa y en un par de meses debería poder salir a la calle. Y que quede con antecedentes, la verdad no me importa. Pero yo no quiero que las personas que están cuidando familiares enfermos y que optan por el cannabis medicinal para paliar su dolor y su sufrimiento, tengan que enfrentar un problema similar al mío y terminen recibiendo este tipo de condenas”, señala Edgar. “La idea es buscar la absolución, para que ese fallo quede como un precedente y pueda ser utilizado como jurisprudencia aquí en Paraguay. No es algo personal, yo estoy acá tranquilo en mi casa. Pero esto es una causa, una lucha, y solo la gente que necesita el cannabis medicinal entiende lo importante que es esto. Mi regalo para el pueblo en 2018 va a ser la absolución, para que algún día sirva de jurisprudencia”.

Desde Santiago de Chile, Fundación Daya y Mamá Cultiva, esperan que así sea. Que finalmente se haga justicia no sólo por el bienestar de Edgar, sino por todas las familias en Paraguay y Latinoamérica que necesitan acceder al cannabis medicinal para el tratamiento de sus patologías.