Pena de muerte por marihuana en 2023
El pasado 26 de abril, Tangaraju Suppiah de 46 años fue ejecutado por las autoridades en Singapur por implicarse en el tráfico de un kilo de marihuana. El país asiático procedió con la ejecución a pesar del reclamo de organismos internacionales de Derechos Humanos.
La Ley de Uso Indebido de Drogas de Singapur prevé la pena de muerte si la cantidad de cannabis traficada supera los 500 gramos. Tangaraju presentó dos solicitudes para revisar la decisión del Tribunal pero fueron desestimadas por no haber demostrado ninguna base que Singapur considere legítima para el ejercicio de los poderes de revisión del Tribunal. Tangaraju era un preso condenado a muerte y fue ahorcado en la prisión de Changi. Una medida ilegal bajo el criterio de la ONG Amnistía Internacional. “Instamos al gobierno a no proceder con el inminente ahorcamiento de Tangaraju Suppiah", abogaron.
La imposición de la pena de muerte por delitos de drogas es incompatible con las normas y estándares internacionales”, publicaron las Naciones Unidas a través de Twitter el 25 de abril. El comunicado aclara cómo es considerada la pena de muerte a nivel internacional en el mundo actual: “Se reporta que Singapur está por cometer una próxima ejecución, la doceava desde marzo de 2022. La comisión superior por los Derechos Humanos reclama al Gobierno que urgentemente reconsidere esta ejecución y de pasos para respetar completamente el derecho más fundamental de los Derechos Humanos, el derecho a la vida. Imponer la pena de muerte por asuntos de drogas es incompatible con las normas y estándares internacionales. Los países que todavía no hayan abolido la pena de muerte solo la pueden imponer en crimenes muy serios interpretados como extrema gravedad incluyendo asesinato intencional. Solicitamos al Gobierno de Singapur que adopte una medida formal para ofensas relacionadas con las drogas que aseguren el derecho a una defensa en línea con las obligaciones internacionales”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur respondió a la ONU el 28 de abril aclarando que a todas las personas condenadas a la pena capital en Singapur se les conceden las debidas garantías procesales conforme a la ley, como la representación legal durante el juicio y la apelación, y que a Tangaraju se le otorgó un proceso conforme a la ley por el que fue condenado a la pena de muerte por ser cómplice en el tráfico de un kilo de marihuana. Además, Singapur defiende la utilidad de la pena de muerte justificando que ha disuadido delitos graves como el secuestro o los delitos con armas de fuego. Por último, Singapur menciona los costos económicos del trastorno por uso de opioides en Estados Unidos, e ignorando que el cannabis contribuye a la lucha contra los opioides, dice tajantemente “Singapur no puede permitirse un costo tan alto para nuestra sociedad y nuestra gente”.
El Ministerio de Singapur concluye su comunicado diciendo que los países tienen el derecho soberano de elegir el enfoque que mejor se adapte a sus circunstancias y que continuará implementando medidas basadas en evidencia que les han funcionado bien en la lucha contra las drogas.
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Elizabeth Erhardt
