Los CSC de Madrid sufren el acoso de las autoridades

Mientras España pide una comisión mixta para debatir la regulación del cannabis, en muchas otras comunidades autónomas ya se han presentado PNL para debatir el mismo tema. Pero, hasta que eso llegue, cientos de CSC de Madrid están siendo intervenidos por la policía; durante este año ya han cerrado 20, y la cifra va en aumento.  Actualmente, en España existen más de 1000 asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas en cuerpo y alma al cannabis. De ellas, más de la mitad se concentran en Madrid y Barcelona. En esta última, los más de 400 clubes ya cuentan con una regulación que les permite ejercer su actividad sin percances. En Madrid, sin embargo, los más de 100 clubes que conviven en la capital siguen actuando entre el limbo y la clandestinidad. Su situación está empeorando año tras año, y durante este 2017 las autoridades han cerrado ya 20 asociaciones, imputando a sus responsables de diversos delitos como tráfico de drogas o organización criminal, además, se han registrado otra decena de ellos, que están pendientes de una resolución. Todo apunta a que la fiscalía antidrogas ha organizado un plan para comenzar a cerrar estos locales. Y parece que las órdenes vienen de arriba. Varias fuentes han relacionado estos sucesos con un nombre; María Jesúes Armesto. Su nombre circuló por las principales rotativas hace un par de años, cuando se convirtió en la fiscal del caso Blesa. Diversas fuentes aseguran que la Fiscalía dio una orden para que se acusara a los CSC de tres delitos que se repiten sentencia tras sentencia; tráfico de drogas, asociación ilícita y organización criminal. Todas las investigaciones relacionadas con los clubes se basan en estos tres principios para acusar a sus responsables con penas mayores. De esta forma, el caso llega a manos de la Audiencia Provincial. La Fiscalía también tiene un 'modus operandi' para resolver estos casos; se persona contra los clubes para conseguir un acuerdo, que siempre suele implicar el cierre de la asociación. En muchos procesos se adopta la medida de cierre cautelar, lo que daña significativamente a la asociación, que gasta sus ahorros en un fondo perdido hasta la resolución del juicio, que suele tardar incluso años en resolverse. Vease, por ejemplo, el caso de la asociación Pannagh. Otro caso que sucedió hace poco en la capital fue el del conocidísimo CSC The High Class Club, al que diariamente asistían artistas y personajes públicos del mundo del cannabis que eran miembros de la asociación. De momento, siguen cerrados a la espera de una resolución judicial. [embed]https://www.instagram.com/p/BYdzm0OlW7y/?taken-by=thehighclassclub[/embed]