Drogotest III
En la pasada edición, quedábamos pendientes de revelaros una serie de datos interesantes, -algunos realmente llamativos y otros realmente preocupantes-, relativos a los estudios que, en teoría, sustentan la validez de los dispositivos usados en los test de control de drogas y conocidos popularmente como “drogotest”. Por lo que hemos podido conocer hace unos días, gracias a la información que las propias autoridades han facilitado, el año pasado se realizaron 75.000 drogotest en nuestras carreteras. El progresivo abaratamiento de los costes de producción de estos dispositivos ha hecho que, -para el próximo año-, las autoridades se planteen hacer 10 veces más pruebas hasta alcanzar los 750.000 drogotest realizados por ciclo, como han manifestado recientemente. Texto: Drogodogo
Junto con este brutal aumento numérico de los drogotest, se anuncian mejoras en los dispositivos, que por mucho que hemos buscado, no hemos podido encontrar por ningún lado. En algunos lugares, hablan de que el “nuevo drogotest” permite detectar más sustancias y lo jalean por ser un “desarrollo español”, pero la realidad es que el proceso científico subyacente sigue siendo el mismo de siempre y que la única sustancia “nueva” que detecta es el llamado “Polvo de Ángel” o PCP, que curiosamente nunca ha sido una droga que haya mostrado su presencia en nuestro país y que se lanzó al mercado en 1950 y se retiró del mismo en 1965. Dicho de otra forma: pagamos el coste extra del análisis en busca de una sustancia que ni siquiera existe en el mercado actualmente y que, muy posiblemente, nunca llegó a estar en España en toda la historia de las drogas y su mercado negro.
Según vamos destapando más aspectos de todo lo que rodea a los drogotest, vamos viendo que en contra de lo que la opinión pública o las personas ajenas a este mundo pueden creer confiadamente, no existe una correlación científica que dé validez formal a lo que se está haciendo, en nombre de la seguridad vial y la seguridad de todos. ¿Acaso alguien quiere que las carreteras se llenen de inconscientes drogadictos que causen miles de muertes de inocentes? No, por supuesto que nadie responderá que quiere algo así, pero es que dicha presentación del asunto es falaz y tendenciosa además de estar apoyada, -cuando aportan algún dato suelto para dar apariencia de estudio-, por la manipulación torticera de las cifras estadísticamente obtenidas y de los conceptos en la información ofrecida. Nosotros queremos ofrecer algo de luz sobre la elaboración de los “estudios” con los que se han “validado” las pruebas a las que, ahora ya de forma masiva, se nos está sometiendo y se nos piensa someter en el futuro.
Eso mismo, con el cannabis y su farmacología, resulta imposible ya que la existencia de una determinada cantidad en sangre no implica afectación negativa. Una persona sin tolerancia al cannabis podría verse fuertemente afectada, para una actividad como es la conducción, simplemente con un par de caladas. Otro individuo que tenga tolerancia al uso del cannabis -por ser un consumidor habitual lúdico o terapéutico- puede tener en su sangre y fluidos concentraciones muy altas en comparación al caso anterior, pero verse en perfectas condiciones y sin afectación alguna.
Lo que en realidad se ha estudiado en los papeles que sirven de justificación legal del proceso, no es si el drogotest sirve para cazar conductores afectados realmente, sino la tasa de capturas de positivos con esos test, la facilidad de uso para el policía, el tiempo que tardan en pasar el test a un sujeto y otras cuestiones que no van al fondo del asunto sino a la comodidad de las fuerzas de policía y su éxito recaudatorio.
Dichos estudios, llamados E.S.T.H.E.R. como acrónimo en inglés de “Evaluación de Dispositivos de Análisis de Fluidos Orales por parte de TISPOL para Armonizar los Requerimientos y Especificaciones en Europa”, se enmarcaron dentro de un programa más amplio conocido como “Proyecto DRUIDA” (acrónimo en inglés de Conducción Bajo Influencia de Drogas, Alcohol y Medicamentos”) que nace en el seno de la Unión Europea para estudiar textualmente “el uso de drogas o medicaciones que afectan a la capacidad de la gente para conducir de forma segura”. Como su nombre ya indica, los realiza TISPOL, que es una organización formada por la policía de tráfico de 20 países miembros europeos, pero curiosamente E.S.T.H.E.R. fue sólo llevado a cabo por 6 de ellos, entre los que se encontraba nuestro país.
En concreto se estudiaron los siguientes dispositivos: Mavand RapidSTAT, Envitec SmartClip, Avitar Drugometer, Innovacon OrAlert, Sun Oraline, Varian Oralab 6, Surescreen Oral Drug Test, Branan Oratec III, Ultimed Salivascreen VI, y el Securetec DrugWipe 5+, en una primera fase. En una segunda fase que concluía todo el proceso se estudiaron 3 dispositivos, que conllevan la necesidad de una máquina para leer los resultados: Cozart DDS, Biosensor BIOSENS y Dräger Drug Test 5000. Salvo dos dispositivos que venían de UK y Suiza, todos los demás eran de fabricación estadounidense o alemana.
El dato más llamativo en lo referente a los lugares donde se realizaron las pruebas de campo de los distintos dispositivos, es que algunos de los dispositivos fueron “probados” ni más ni menos que a la salida de un Coffee-Shop (lugar de consumo y venta legal de cannabis) en los equipos de este país. El hecho no fue conocido inicialmente a pesar de tener una clara relevancia sobre los datos obtenidos, ya que si la prueba de campo que debe evaluar la conveniencia de los drogotest para toda una población se realiza a la salida de un lugar en el que específicamente se va a consumir una de las sustancias perseguidas -en este caso el THC del cannabis y/o sus metabolitos- es lógico concluir que los datos no representan a la realidad, sino que buscaban satisfacer intereses de tipo comercial.
Los datos del programa E.S.T.H.E.R que se hicieron de esa forma chapucera, consiguiendo mayores tasas de resultados positivos en cannabis, si bien no fueron inicialmente difundidos se acabaron conociendo (algo que era de esperar por otra parte) en el contexto de la competición comercial -reñida y acalorada- por parte una de la empresas que competían por hacerse con las adjudicaciones (hablamos de pruebas para toda la población europea, lo cual es un pastel enorme del que todas quieren coger algo) que lo reveló en un documento público. La empresa que lo reveló es la que presentaba uno de los dispositivos que resultó ganador -el DrugWipe de Securetec- y ella hizo notar lo alto de su rendimiento en lo que llamó “la vida real” frente a los competidores que habían obtenidos datos “en el coffee-shop holandés”, lo cual parece un comportamiento más que razonable de cara a lo justo de los datos que otros habían falseado de esa forma.
Lo cierto es que esa empresa ganó un parte del pastel: doy fe porque he tenido la “fortuna” de pasar uno de sus test, en el que curiosamente acertó en la presencia de cannabis/THC pero falló estrepitosamente en el de morfina/opiáceos a pesar de la alta dosis que consumo a diario, por prescripción médica como paciente con dolor crónico. Como persona que consume legalmente desde hace años varias de las sustancias (opiáceos y benzodiacepinas, por ejemplo) que dan positivo en dichos drogotest, nunca he obtenido una explicación satisfactoria de por qué cuando me han sometido a dichas pruebas la única droga que en mi organismo aparecía era el THC del cannabis.¿Milagros de la química? Milagros de la “química comercial a medida del cliente”, tengo que suponer por el momento: en el mismo informe se señala que se ha mejorado el producto y que se dispone de datos secretos sobre la detección de THC que están disponibles bajo petición privada. Todo muy transparente.
Sergi Pla comenzó su carrera en los Mossos d'Escuadra en 1996, al pasar a dicho cuerpo tras haber servido en el CNP desde el año 1980. En los Mossos fue jefe de la División Central de Seguridad Ciudadana y posteriormente de la División de Recursos Operativos. A partir del año 2004 se encarga del despliegue de dicho cuerpo en el área del Besòs en Badalona. En el año 2007, Joan Saura le designa como jefe de la División de Tráfico y en el año 2009 le nombra comisario. Es un amplio currículum en “lo policial” pero sin sostén en otras áreas, como pueden ser las científicas, que hubieran mejorado ostensiblemente los resultados aportados por el equipo que nos representaba.
Sin embargo, lo que hace que el lector haya podido caer en la cuenta de quién es esta persona, es el hecho de que saltó desgraciadamente “a la fama de la opinión pública” por ser el responsable del brutal desalojo que se llevó a cabo por parte de las fuerzas de policía en Plaza Cataluña, el 27 de mayo de 2011, en lo que fue uno de los hechos más notorios del Movimiento 15M y que provocó que una organización como Amnistía Internacional incluyera el suceso, de forma detallada, en su resumen anual y recomendara acciones legales contra lo que allí se pudo ver por parte del comportamiento salvaje de unas desatadas fuerzas de policía -bajo el mando de este agente- que reprimieron una reunión pacífica con violencia innecesaria.
Las terribles imágenes que pudimos presenciar en todos los medios del país, mostraron a una policía sin contención alguna, golpeando manifestantes que ejercían sus derechos de forma pacífica sentados en el suelo y también a personas cuyo único “delito” era ser un transeúnte más en la calle, sin número identificativo visible y que cuando se les exigía daban contestaciones como que “lo llevaban en el culo”. Aquella vergonzosa actuación policial (vale con acudir a Youtube para verlo) fue uno de los detonantes más claros en la expansión viral y reactiva del 15M, y provocó la solidaridad de cientos de miles de personas en el país, que respondieron tomando las calles de sus ciudades. El responsable policial de aquella actuación era Sergi Pla. La actuación policial se justificó inicialmente como algo necesario “por labores de limpieza e higiene”.
Se leyeron titulares en la prensa de todo el país con frases tan contundentes como “los Mossos desalojan 'a palos' Plaza Cataluña” (Diario Público), “el brutal desalojo de los indignados lleva a sus responsables ante el juez” (El País), “Así 'limpiaron' los Mossos” (con toda la ironía en el 'limpiaron', del Diario 20 Minutos) y que otros medios nada sospechosos de afinidad con movimientos de ese estilo, como son el ABC o El Mundo, contaban como aquella “operación de higiene y limpieza” había causado más de 100 heridos (herido es todo aquel que requiere asistencia médica, pero seguramente hubo muchos más que no la pidieron).
La imagen que la mayoría de las personas retienen de este policía, es la que nos proporcionó el programa “Salvados: Poli bueno, poli malo.”, de La Sexta, en el que el periodista Jordi Évole le tuvo enfrente y le cuestionó, -con su certero ojo-, sobre la falta de transparencia que se podía palpar cuando era imposible saber qué policía había hecho qué en una mala actuación, por la falta de un identificativo que permita señalarle claramente en caso de necesidad judicial. La respuesta del agente fue sencilla, y es que si el juez quería saber algo que se lo preguntase a él (cómo jefe en ese hipotético caso) y que él se lo diría. El argumento lo apoyó diciendo que, si los ciudadanos no llevábamos el número de DNI “tatuado en la frente”, la policía no tenía por qué llevar un número identificativo visible.
La mención que hacemos a la respuesta que dio este policía, sobre que ya le daría él la información al juez si se la pedía, no es casual. Meses después, en la huelga general del 14M, una mujer que era profesora de informática y gestora de actividades culturales, sufrió la mutilación de un ojo por el impacto de “pelota de goma” lanzada por integrantes de los cuerpos de policía bajo el mando de este agente. La mujer se llamaba Esther Quintana. La reacción de la policía fue negarlo todo, y decir que no era posible porque allí nunca se había disparado. Posteriormente y gracias a un vídeo que grabó un ciudadano, se demostró que sí se habían efectuado disparos en esa zona. La policía defendió entonces que no era posible reventarle un ojo a una persona con dicho armamento, pero ninguno se presentó voluntario para que pudiéramos hacer la prueba, y a Esther Quintana le habían mutilado un ojo por estar ejerciendo su derecho a la huelga o paseando por la calle sin más.
Esther tuvo que desarrollar una lucha leonina en los tribunales para poder sentar a los responsables, y como quienes lanzan esos proyectiles contra las personas eran policías, el juez tuvo que pedir la información referente al cuerpo correspondiente. Precisamente, fue este policía quien “frenó los informes de los disparos efectuados el 14M” cuando el juez los pidió. ¿El motivo? No los consideró relevantes. El escándalo -haber “frenado” información para un caso judicial siendo quien tenía que entregarla- se solventó haciéndole dimitir, mientras quedaba el eco de su respuesta en el programa de Évole: “que me pregunte el juez a mí y ya contestaré yo”. En el mes diciembre de ese mismo año, Sergi Pla dimitía del cargo de jefe policial que ostentaba.
¿Quién nos dice que los informes que España envió en la evaluación de los drogotest no habían sido “peinados” con su particular criterio de lo que es o no relevante? ¿Resulta este perfil el adecuado para un jefe de equipo evaluador de una cuestión tan técnica como los drogotest? Parece razonable pensar que hubiera sido preferible, a todas luces, un profesional con otra clase de perfil (médico, sanitario, social) o que, al menos, sus informes hubieran sido enviados tras una revisión (que incluyera nombre y firma) de algún especialista menos violento. Las perlas que dejó, haciendo uso del titular del ElPeriodico.Com, incluían cosas como que “Ghandi habría pillado” porque considera no pacífico estar sentado si la policía le da la orden de que se vaya, o que la violencia ejercida por la policía era legal y que la policía siempre ganaba.
El error fue pedirle peras al olmo, y la seguridad vial de todos es la que se comerá los frutos equivocados: 750.000 drogotest para este nuevo año.
Text: Drogodogo
Según vamos destapando más aspectos de todo lo que rodea a los drogotest, vamos viendo que en contra de lo que la opinión pública o las personas ajenas a este mundo pueden creer confiadamente, no existe una correlación científica que dé validez formal a lo que se está haciendo, en nombre de la seguridad vial y la seguridad de todos. ¿Acaso alguien quiere que las carreteras se llenen de inconscientes drogadictos que causen miles de muertes de inocentes? No, por supuesto que nadie responderá que quiere algo así, pero es que dicha presentación del asunto es falaz y tendenciosa además de estar apoyada, -cuando aportan algún dato suelto para dar apariencia de estudio-, por la manipulación torticera de las cifras estadísticamente obtenidas y de los conceptos en la información ofrecida. Nosotros queremos ofrecer algo de luz sobre la elaboración de los “estudios” con los que se han “validado” las pruebas a las que, ahora ya de forma masiva, se nos está sometiendo y se nos piensa someter en el futuro.
¿Qué se ha estudiado en esos “estudios”?
Pues uno podría suponer, -haciendo uso de lo que sería lógico y de la buena fe-, que lo primero que se ha estudiado es una correlación que permita vincular la existencia de una determinada cantidad de sustancia (sea THC o sea morfina, da igual) en los fluidos de una persona con encontrarse afectada negativamente para el uso de un vehículo a motor. Pero no es así: no existe una correlación científica que permita inferir la afectación de un sujeto a una droga basándonos en un dato sobre concentración en un fluido. Alguien puede inteligentemente señalar que eso sí es posible hacerlo en el caso del alcohol, ya que en su caso y debido a su farmacología sí existe una correlación que permite inferir afectación severa. Por eso en el caso del alcohol, existe un sistema graduado que permite su uso hasta cierto nivel y lo prohíbe y sanciona más allá del mismo. Con el etanol existe una correlación conocida y no discutida sobre la concentración de alcohol en sangre y su nivel en otros fluidos o incluso en el aire espirado, por la que entre hasta 1 gramo por litro de sangre existe una afectación que puede ser leve (también influida por cuestiones de sexo y tolerancias individuales) que es admitida y no sancionada en la conducción de vehículos, pero que pasando de dicha cantidad uno está borracho y por tanto incapacitado para una conducción segura, y si se va más allá de dicho nivel se pierde la capacidad de estar de pie, consciente, o incluso se produce la muerte por intoxicación etílica.
Eso mismo, con el cannabis y su farmacología, resulta imposible ya que la existencia de una determinada cantidad en sangre no implica afectación negativa. Una persona sin tolerancia al cannabis podría verse fuertemente afectada, para una actividad como es la conducción, simplemente con un par de caladas. Otro individuo que tenga tolerancia al uso del cannabis -por ser un consumidor habitual lúdico o terapéutico- puede tener en su sangre y fluidos concentraciones muy altas en comparación al caso anterior, pero verse en perfectas condiciones y sin afectación alguna.
Lo que en realidad se ha estudiado en los papeles que sirven de justificación legal del proceso, no es si el drogotest sirve para cazar conductores afectados realmente, sino la tasa de capturas de positivos con esos test, la facilidad de uso para el policía, el tiempo que tardan en pasar el test a un sujeto y otras cuestiones que no van al fondo del asunto sino a la comodidad de las fuerzas de policía y su éxito recaudatorio.
Dichos estudios, llamados E.S.T.H.E.R. como acrónimo en inglés de “Evaluación de Dispositivos de Análisis de Fluidos Orales por parte de TISPOL para Armonizar los Requerimientos y Especificaciones en Europa”, se enmarcaron dentro de un programa más amplio conocido como “Proyecto DRUIDA” (acrónimo en inglés de Conducción Bajo Influencia de Drogas, Alcohol y Medicamentos”) que nace en el seno de la Unión Europea para estudiar textualmente “el uso de drogas o medicaciones que afectan a la capacidad de la gente para conducir de forma segura”. Como su nombre ya indica, los realiza TISPOL, que es una organización formada por la policía de tráfico de 20 países miembros europeos, pero curiosamente E.S.T.H.E.R. fue sólo llevado a cabo por 6 de ellos, entre los que se encontraba nuestro país.
En concreto se estudiaron los siguientes dispositivos: Mavand RapidSTAT, Envitec SmartClip, Avitar Drugometer, Innovacon OrAlert, Sun Oraline, Varian Oralab 6, Surescreen Oral Drug Test, Branan Oratec III, Ultimed Salivascreen VI, y el Securetec DrugWipe 5+, en una primera fase. En una segunda fase que concluía todo el proceso se estudiaron 3 dispositivos, que conllevan la necesidad de una máquina para leer los resultados: Cozart DDS, Biosensor BIOSENS y Dräger Drug Test 5000. Salvo dos dispositivos que venían de UK y Suiza, todos los demás eran de fabricación estadounidense o alemana.
¿Dónde y cuándo se llevaron a cabo?
Pues la primera fase comenzó en el año 2006 y la segunda concluyó a finales del 2008. Los países que participaron en dicha evaluación de campo (llamarlo estudio es engañoso realmente) fueron Alemania, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Países Bajos y España. Los estudios fueron realizados con la tecnología disponible hace una década, partiendo de nociones genéricas sobre relación entre sustancias y afectación, y en zonas con muy distinta normativa vial como es el caso de Irlanda que, hasta hace relativamente poco ni siquiera tenía una normativa sobre alcohol y tráfico, o que cuando se realizó esta prueba no era punible ir bajo el efecto de drogas conduciendo un vehículo. Tampoco entre dichos países miembros del grupo que realizaba el estudio, la cosa se repartió de igual forma: mientras que Países Bajos, Alemania y Bélgica incluían 3 equipos por país, Finlandia, Irlanda y España incluían sólo uno.
El dato más llamativo en lo referente a los lugares donde se realizaron las pruebas de campo de los distintos dispositivos, es que algunos de los dispositivos fueron “probados” ni más ni menos que a la salida de un Coffee-Shop (lugar de consumo y venta legal de cannabis) en los equipos de este país. El hecho no fue conocido inicialmente a pesar de tener una clara relevancia sobre los datos obtenidos, ya que si la prueba de campo que debe evaluar la conveniencia de los drogotest para toda una población se realiza a la salida de un lugar en el que específicamente se va a consumir una de las sustancias perseguidas -en este caso el THC del cannabis y/o sus metabolitos- es lógico concluir que los datos no representan a la realidad, sino que buscaban satisfacer intereses de tipo comercial.
Los datos del programa E.S.T.H.E.R que se hicieron de esa forma chapucera, consiguiendo mayores tasas de resultados positivos en cannabis, si bien no fueron inicialmente difundidos se acabaron conociendo (algo que era de esperar por otra parte) en el contexto de la competición comercial -reñida y acalorada- por parte una de la empresas que competían por hacerse con las adjudicaciones (hablamos de pruebas para toda la población europea, lo cual es un pastel enorme del que todas quieren coger algo) que lo reveló en un documento público. La empresa que lo reveló es la que presentaba uno de los dispositivos que resultó ganador -el DrugWipe de Securetec- y ella hizo notar lo alto de su rendimiento en lo que llamó “la vida real” frente a los competidores que habían obtenidos datos “en el coffee-shop holandés”, lo cual parece un comportamiento más que razonable de cara a lo justo de los datos que otros habían falseado de esa forma.
Lo cierto es que esa empresa ganó un parte del pastel: doy fe porque he tenido la “fortuna” de pasar uno de sus test, en el que curiosamente acertó en la presencia de cannabis/THC pero falló estrepitosamente en el de morfina/opiáceos a pesar de la alta dosis que consumo a diario, por prescripción médica como paciente con dolor crónico. Como persona que consume legalmente desde hace años varias de las sustancias (opiáceos y benzodiacepinas, por ejemplo) que dan positivo en dichos drogotest, nunca he obtenido una explicación satisfactoria de por qué cuando me han sometido a dichas pruebas la única droga que en mi organismo aparecía era el THC del cannabis.¿Milagros de la química? Milagros de la “química comercial a medida del cliente”, tengo que suponer por el momento: en el mismo informe se señala que se ha mejorado el producto y que se dispone de datos secretos sobre la detección de THC que están disponibles bajo petición privada. Todo muy transparente.
¿Quién fue el responsable en España de esa evaluación de drogotest?
Seguramente el bienintencionado lector querrá pensar que a la cabeza de dicha evaluación se encontraba una persona con la formación adecuada, y en teoría así fue si por formación adecuada se requiere un policía con rango de comisario, pero con nula formación en el campo de las ciencias de la salud, sanitarias o biológicas. Al acudir a los datos que facilita el programa E.S.T.H.E.R. encontramos que el representante de nuestro país en todo este asunto, fue el máximo responsable de la sección de tráfico para los Mossos d'Escuadra, pero que provenía de la Policía Nacional. Su nombre, el cual puede sonar al lector es Sergi Pla I Simon.
Sergi Pla comenzó su carrera en los Mossos d'Escuadra en 1996, al pasar a dicho cuerpo tras haber servido en el CNP desde el año 1980. En los Mossos fue jefe de la División Central de Seguridad Ciudadana y posteriormente de la División de Recursos Operativos. A partir del año 2004 se encarga del despliegue de dicho cuerpo en el área del Besòs en Badalona. En el año 2007, Joan Saura le designa como jefe de la División de Tráfico y en el año 2009 le nombra comisario. Es un amplio currículum en “lo policial” pero sin sostén en otras áreas, como pueden ser las científicas, que hubieran mejorado ostensiblemente los resultados aportados por el equipo que nos representaba.
Sin embargo, lo que hace que el lector haya podido caer en la cuenta de quién es esta persona, es el hecho de que saltó desgraciadamente “a la fama de la opinión pública” por ser el responsable del brutal desalojo que se llevó a cabo por parte de las fuerzas de policía en Plaza Cataluña, el 27 de mayo de 2011, en lo que fue uno de los hechos más notorios del Movimiento 15M y que provocó que una organización como Amnistía Internacional incluyera el suceso, de forma detallada, en su resumen anual y recomendara acciones legales contra lo que allí se pudo ver por parte del comportamiento salvaje de unas desatadas fuerzas de policía -bajo el mando de este agente- que reprimieron una reunión pacífica con violencia innecesaria.
Las terribles imágenes que pudimos presenciar en todos los medios del país, mostraron a una policía sin contención alguna, golpeando manifestantes que ejercían sus derechos de forma pacífica sentados en el suelo y también a personas cuyo único “delito” era ser un transeúnte más en la calle, sin número identificativo visible y que cuando se les exigía daban contestaciones como que “lo llevaban en el culo”. Aquella vergonzosa actuación policial (vale con acudir a Youtube para verlo) fue uno de los detonantes más claros en la expansión viral y reactiva del 15M, y provocó la solidaridad de cientos de miles de personas en el país, que respondieron tomando las calles de sus ciudades. El responsable policial de aquella actuación era Sergi Pla. La actuación policial se justificó inicialmente como algo necesario “por labores de limpieza e higiene”.
Se leyeron titulares en la prensa de todo el país con frases tan contundentes como “los Mossos desalojan 'a palos' Plaza Cataluña” (Diario Público), “el brutal desalojo de los indignados lleva a sus responsables ante el juez” (El País), “Así 'limpiaron' los Mossos” (con toda la ironía en el 'limpiaron', del Diario 20 Minutos) y que otros medios nada sospechosos de afinidad con movimientos de ese estilo, como son el ABC o El Mundo, contaban como aquella “operación de higiene y limpieza” había causado más de 100 heridos (herido es todo aquel que requiere asistencia médica, pero seguramente hubo muchos más que no la pidieron).
La imagen que la mayoría de las personas retienen de este policía, es la que nos proporcionó el programa “Salvados: Poli bueno, poli malo.”, de La Sexta, en el que el periodista Jordi Évole le tuvo enfrente y le cuestionó, -con su certero ojo-, sobre la falta de transparencia que se podía palpar cuando era imposible saber qué policía había hecho qué en una mala actuación, por la falta de un identificativo que permita señalarle claramente en caso de necesidad judicial. La respuesta del agente fue sencilla, y es que si el juez quería saber algo que se lo preguntase a él (cómo jefe en ese hipotético caso) y que él se lo diría. El argumento lo apoyó diciendo que, si los ciudadanos no llevábamos el número de DNI “tatuado en la frente”, la policía no tenía por qué llevar un número identificativo visible.
La mención que hacemos a la respuesta que dio este policía, sobre que ya le daría él la información al juez si se la pedía, no es casual. Meses después, en la huelga general del 14M, una mujer que era profesora de informática y gestora de actividades culturales, sufrió la mutilación de un ojo por el impacto de “pelota de goma” lanzada por integrantes de los cuerpos de policía bajo el mando de este agente. La mujer se llamaba Esther Quintana. La reacción de la policía fue negarlo todo, y decir que no era posible porque allí nunca se había disparado. Posteriormente y gracias a un vídeo que grabó un ciudadano, se demostró que sí se habían efectuado disparos en esa zona. La policía defendió entonces que no era posible reventarle un ojo a una persona con dicho armamento, pero ninguno se presentó voluntario para que pudiéramos hacer la prueba, y a Esther Quintana le habían mutilado un ojo por estar ejerciendo su derecho a la huelga o paseando por la calle sin más.
Esther tuvo que desarrollar una lucha leonina en los tribunales para poder sentar a los responsables, y como quienes lanzan esos proyectiles contra las personas eran policías, el juez tuvo que pedir la información referente al cuerpo correspondiente. Precisamente, fue este policía quien “frenó los informes de los disparos efectuados el 14M” cuando el juez los pidió. ¿El motivo? No los consideró relevantes. El escándalo -haber “frenado” información para un caso judicial siendo quien tenía que entregarla- se solventó haciéndole dimitir, mientras quedaba el eco de su respuesta en el programa de Évole: “que me pregunte el juez a mí y ya contestaré yo”. En el mes diciembre de ese mismo año, Sergi Pla dimitía del cargo de jefe policial que ostentaba.
¿Quién nos dice que los informes que España envió en la evaluación de los drogotest no habían sido “peinados” con su particular criterio de lo que es o no relevante? ¿Resulta este perfil el adecuado para un jefe de equipo evaluador de una cuestión tan técnica como los drogotest? Parece razonable pensar que hubiera sido preferible, a todas luces, un profesional con otra clase de perfil (médico, sanitario, social) o que, al menos, sus informes hubieran sido enviados tras una revisión (que incluyera nombre y firma) de algún especialista menos violento. Las perlas que dejó, haciendo uso del titular del ElPeriodico.Com, incluían cosas como que “Ghandi habría pillado” porque considera no pacífico estar sentado si la policía le da la orden de que se vaya, o que la violencia ejercida por la policía era legal y que la policía siempre ganaba.
El error fue pedirle peras al olmo, y la seguridad vial de todos es la que se comerá los frutos equivocados: 750.000 drogotest para este nuevo año.
Text: Drogodogo
S
Soft Secrets
