Cannabis sin prisión: campaña por el indulto a Albert Tió

La campaña “Cannabis sin prisión” solicita el indulto para Albert Tió y sus compañeros de la Junta Directiva de la asociación AIRAM. Se trata de un caso especialmente paradigmático, ya que Albert Tió es presidente de una de las federaciones catalanas, la FEDCAC, que actuó siempre con total transparencia y estuvo en el proceso político que culminó con la Ley Cannabis Cataluña. Puedes ayudar firmando en Change.org para solicitar el indulto de Alber Tió y difundir entre tus conocidos tanto la campaña, como su vídeo promocional.

Indultos también para el cannabis

El indulto es una medida de gracia, que el Gobierno aplica a su discreción. Esta medida es conocida por beneficiar muchas veces a personas cercanas al Gobierno o con algún tipo de apoyo institucional. Casos sonados como el del antiguo vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, o el del Kamikaze de Valencia. Aunque estos casos son lo que crean la fama de favoritismo gubernamental a la figura del indulto, a la hora de examinar el porcentaje relativo de indultos en los distintos tipo de delito, el Gobierno no sale mejor parado. Para saber más del indulto, nada mejor que consultar a la mayor experta de España en el BOE, Eva Belmonte, autora del blog `El BOE nuestro de cada día´ y también del libro “Españopoly”. En este libro, Belmonte detalla el porcentaje de indultados por delitos contra la salud pública, comparados con otros delitos. ''Entre 2007 y 2010, 48.222 personas fueron condenadas por delitos contra la salud pública, de todos ellos, solo 517 han sido indultados. El resto cumplió la pena impuesta por el juez (...) Las cifras recuperan la senda central de esta historia, la de los favorecidos: las instituciones, sus miembros y los señores con nombre propio que aparecen en el BOE. Junto a los delitos contra el medio ambiente (5,24% de los condenados), aquellos crímenes cometidos por miembros de las administraciones públicas son justo los que han sido indultados en una proporción más alta que cualquier otro crimen: delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual (6,12%), prevaricación de los funcionarios públicos (4,35%) y malversación de fondos públicos (2,2%). Son aquellos en los que la Administración, desde el poder ejecutivo, se perdona a sí misma sus faltas. Todos estos crímenes recibieron la medida de gracia en un porcentaje de casos superior al 1,14% (550 indultos sobre 48.222 condenas) de los delitos contra la salud pública” (Belmonte, 2015) . Esta cifras también muestran que los indultos a delitos contra la salud pública también son posibles. Belmonte da como ejemplo el caso Reboredo, en el que se indultó a una persona condenada por vender dos papelinas de heroína, que ya había rehecho su vida. La campaña del indulto incluyó actividad mediática y una recogida de más de 200.000 adhesiones en Change,org, a la que incluso se sumó el Parlamento gallego, por lo que Reboredo fue indultado por Gallardón, tras denegarle el Gobierno dos veces esta medida. En el caso de Albert Tió, además de posible, el indulto es una medida necesaria por justicia social. Igual que el Gobierno indulta a policías, funcionarios y allegados, también puede indultar a un caso con gran apoyo social, como es el de las condenas a AIRAM.

Rueda de prensa presentación Cannabis sin prisión

La campaña “Cannabis sin prisión”, parte otra campaña previa, denominada “Consumo con derechos”. En la rueda de prensa de presentación participó el mismo Albert Tió, junto a tres abogados de su equipo jurídico:  Hector Brotons, Andrés García y Sònia Olivella. Albert Tió explicó que la anterior petición de indulto fue suspendida por el Tribunal Constitucional por motivos competenciales, por eso la traspasan al Congreso donde sí hay competencia. Tió denunció que él y sus compañeros de Junta Directiva son: “cabeza de turco, como manera de atacar el modelo de las asociaciones cannábicas, por haber sido muy transparente con la prensa,”. También destacó que se limitaron a seguir las recomendaciones de abogados que les asesoraban en aquel momento, y que sus actividades estaban detalladas en los estatutos de AIRAM que registraron. Por eso, Tió aseguró: ''Hemos cometido errores, pero no somos delincuentes y no merecemos una condena desproporcionada''.  Por todo ello pide todos los apoyos posibles, tanto de personas usuarias, como las que no lo son, tanto de usuarios medicinales, como lúdicos, en definitiva de toda la sociedad, ya que el beneficio será para toda la sociedad. Héctor Brotons, director del gabinete Brotsanbert y portavoz del Observatorio Cannabis, destacó que AIRAM se trataba de un proyecto de auto-organización del consumo, posibilidad recogida por la bibliografía académica, y avalado por jurisprudencia y catedráticos de la talla de Diaz Ripollés. Brotons entiende que esta condena es una doctrina totalmente alejada de la realidad social. Desde el estudio Brotsanbert han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, donde ya se admitió el caso Pannagh por la especial relevancia social y económica, ya que se han vulnerado distintos derechos constitucionales,  destacando que esta política represiva no se adecua al fin de la medida, ni al principio legal de intervención mínima. Afecta al libre desarrollo de la personalidad, así como al derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho de asociación. Además, debería tomarse en cuenta el error de prohibición, pues Tió estaba en relación con las autoridades y participó en la redacción de legislación en Cataluña. Sònia Olivella, señaló que este caso es paradigmático, por las circunstancias políticas, personales y familiares. Ademas de insistir en que es hipocresía que Albert Tió haya de entrar a prisión, cuando fue una de las cabezas públicas de las asociaciones cannábicas, con un trabajo que desembocó en la Ley Cannabis de Cataluña. Andrés García detalló que: “este caso es muy importante, pero no solo por personas como Albert Tió  y sus compañeros de junta, sino por otros activistas que han sido condenados por el cambio de doctrina del Tribunal Constitucional. Es una cuenta atrás, ya que diversas solicitudes que hemos hecho de suspensión han sido denegadas. Albert no se va a ir a la cárcel sin que las personas que usan cannabis se queden de brazos cruzados. No toleraremos que Albert entre en silencio a la prisión”. Por eso esperan que se aborde este debate, dentro de una campaña que ya lanzaron hace un año, que de llamarse “Consumo con derechos” pasa a ser “Cannabis sin prisión”. Como dice Andrés García, estamos en una cuenta atrás, en la que podría llegar la orden de entrada a prisión en cualquier momento, por lo que Albert Tió y sus compañeros necesitan tu apoyo y el de toda la gente que puedas avisar. Ley Cannabis Cataluña: luz verde a la regulación El juicio a Fernanda de la Figuera, minuto a minuto Presentación de la propuesta de Ley Cannabis Medicinal