Porros rigurosamente vigilados
Seis meses después de la despenalización del cultivo y expendio de marihuana en Uruguay, el gobierno se dispone a crear un banco de datos que registre cada planta en hogares, clubes y los predios (probablemente militares) que abastecerán a las farmacias. El objetivo del sistema es bloquear desvíos al mercado ilegal, disponer de un panorama de producción y consumo y verificar que nadie obtenga más de 480 gramos de cannabis al año. Todo eso garantizando, al mismo tiempo, el anonimato de usuarios y usuarias.
“No vamos a fomentar la fumata o la bohemia”, dijo el presidente José Mujica en mayo, al anunciar la reglamentación de la ley que creó en diciembre el primer mercado regulado de marihuana en Uruguay. Como suele suceder con los primeros pasos, éste ha sido corto y vacilante. Consciente de que el experimento está bajo la lupa de los críticos en Uruguay y en todo el mundo, el gobierno se dispone a aplicar la Ley 19.172 de manera “dura y restrictiva”, según el propio presidente.
La estrella del nuevo régimen es un sistema centralizado de control, basado en un software desarrollado por la agencia del gobierno electrónico (AGESIC) para limitar el acceso al cannabis a los 480 gramos anuales por persona fijados por ley, así como para impedir fugas al mercado ilegal y al exterior. El flamante Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) podrá apreciar, en tiempo real, un panorama completo de las existencias de cada variedad de cannabis y del consumo. Ese control y las inspecciones aleatorias previstas también le facilitarán al IRCAA ejercer su facultad de disponer de todo excedente de cultivo. Si detecta sobrantes no declarados, el organismo podrá requisarlos, destruirlos, imponer multas y otras sanciones y elevar denuncias penales, en el peorísimo de los casos.
“El sistema no tiene un objetivo orwelliano de controlar todo, sino de establecer mecanismos para que funcione y evitar desvíos al mercado negro”, dijo el sociólogo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y presidente del IRCCA. “Habrá controles cruzados, porque el gobierno quiere un mercado visible en el que se detecte el consumo abusivo”, explicó el abogado Diego Cánepa, prosecretario de la Presidencia, al presentar el decreto. Las autoridades estiman que las compras de los 150 mil usuarios de marihuana representan 90 por ciento del negocio del total del narcotráfico en el país, es decir casi 40 millones de dólares. El gobierno estima que una cuarta parte de los usuarios se pasará al nuevo sistema en un año.
El día menos pensado
Miles de fumetas de Uruguay ya sueñan con el día en que podrán comprar marihuana en farmacias, a fines de este año o a comienzos del próximo.
Esa mañana harás cola en una oficina del Correo Nacional. Luego presentarás la documentación que acredite tu identidad, tu calidad de mayor de edad y residente permanente en el país. A continuación, pondrás los dedos índice en un dispositivo POS (sistema electrónico de registro conocido por las siglas de “point of sale”, puesto de venta en inglés).
Una vez cumplido ese trámite tal vez tengas que caminar un poco, pues algunas farmacias habrán decidido no vender cannabis. Pero aquéllas que lo hagan no te pedirán ningún documento, sino que pongas un dedo en un dispositivo POS. La huella dactilar generará un algoritmo que se vinculará en la base central del IRCCA con tu identidad. La farmacia no accederá a ningún dato personal, ni siquiera a tu nombre. El sistema bloqueará las ventas que superen los 10 gramos por persona y autorizará las operaciones mediante la impresión de un ticket. Entonces, solo te faltará pagar y salir de ahí con los cogollos sin semilla listos para usar. Si te venden marihuana que no pega, podés ampararte en las leyes de defensa al consumidor como quería Pomelo, el rockero de Capusoto.
El paquete incluirá (además de advertencias como las que rigen sobre el tabaco) un código de barras y un identificador de radiofrecuencia para permitir el seguimiento del contenido desde el sitio de producción hasta su venta. El sistema también facilitará el control, a través de marcadores genéticos, del tráfico de las cinco variedades que se venderán en las farmacias, cuyo contenido de THC será inferior a 15 por ciento. “Se sabrá exactamente cómo se vende y dónde se vende el cannabis producido bajo el control del Estado”, dijo Cánepa.
La intención es trazar un mapa detallado de toda plantación legal. “Se necesita un registro de absolutamente todas las variedades que hay en el país”, incluso las cultivadas por particulares y clubes, a los que “el IRCCA podrá solicitar, incluso, muestras vegetales para la base de datos”, agregó el funcionario.
Calzada sostuvo que 10 gramos por semana “es suficiente y muchos ni siquiera consumirán tanto”. El presidente del IRCCA advirtió que “superada esta cantidad, la persona tendría problemas biopsicosociales en el estudio, el trabajo y en las relaciones familiares”. “No es un número mágico ni al azar, sino que obedece a una media”, dice.
Porro tempranero
Quienes cultiven en sus hogares o a través de clubes podrán disfrutar de sus flores legales meses antes de que se inaugure la venta en farmacias. Pero el sistema desalienta la producción autónoma y fomenta la comercial, entre otras razones porque cada usuario y usuaria deberá optar por una sola de las tres formas de abastecimiento admitidas: farmacia, autocultivo o club. El pasaje de una modalidad a otra implicará una espera de tres meses, excepto para los compradores, quienes podrán cambiar a otro tipo de suministro en el momento.
Habrá un plazo de 180 días para regularizar los cultivos domésticos existentes, con un máximo de hasta seis plantas hembra por vivienda sin importar cuántas personas vivan o fumen en ella, según dispone la ley. Por su parte, los clubes cannábicos, de entre 15 y 45 integrantes podrán tener hasta 99 plantas. También estarán obligados a cultivarlas en su sede social y a cumplir con una serie de engorrosos trámites antes de que se le permita siquiera arrendar un local a su nombre.
El IRCCA asignará unas 10 hectáreas de terrenos, al parecer militares (podrían ser otros predios estatales) cerca de Montevideo, a entre dos y seis empresas que producirán entre 18 y 22 toneladas anuales con un sistema de entrega continua, lo que implica varias cosechas anuales. El organismo manipulará los cánones que tributarán esas firmas para moderar los precios, de modo de regular el lucro de productores o farmacias y frenar el lucro de los narcotraficantes.
Si en una vivienda viven varios fumones, solo uno podrá registrar hasta seis plantas. El resto deberá abastecerse en un club cannábico, en las farmacias o en el mercado ilegal. En tanto, los topes a la cantidad de integrantes y de plantas eleva mucho los costos para los clubes, a los que se les prohíbe unirse para compartir cultivos, locales y jardineros con el objetivo de reducir gastos y facilitar una producción estable. AECU, el primer club formado en Montevideo, prevé recaudar una cuota mensual de 84 dólares, más del doble de lo que se pagará por 40 gramos en las farmacias.
Pero el porro autogestionado competirá con el comercial en calidad, pues no se limitará la concentración de THC ni las variedades. Autocultivadores y clubes podrían, incluso, producir semillas y esquejes para uso propio luego de cumplir un trámite ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Seguir con las manos en la tierra es una cuestión de orgullo más que de conveniencia. No se trata solo de tener faso rico que fumar, sino de mantener en pie la cultura cannábica, conservar y mejorar las genéticas y reclamar, a la corta o a la larga, mejores condiciones para cultivar.