¿Por qué se prohibió la distribución gratuita del primer fitofármaco cannábico hecho en Chile?

por Lucho Thompson

Chile es un país de contradicciones y su política de drogas no es la excepción. Hace unos meses el Instituto de Salud Pública (ISP) permitió la venta de un fármaco cannábico importado por la trasnacional Tilray a un precio cercano a los 750 dólares mensuales. Pero la misma institución prohíbe la entrega gratuita de 10.000 unidades de un fitofármaco de las mismas características, elaborado en Chile especialmente, para pacientes con dolor crónico.

1.500 pacientes, en 14 municipios a lo largo de Chile, esperaban la aprobación del permiso “excepcional y provisorio” solicitado por Knop Laboratorios y Fundación Daya para distribuir gratuitamente el farmaco cannábico. Todo parecía indicar que el permiso sería otorgado. En mayo de este año comenzará la venta en farmacias de los remedios cannábicos T100 y TC100, de la firma canadiense Tilray. Sin embargo, el organismo negó la distribución gratuita del laburatosio chileno y Fundación Daya.

La negación de siempre

“Negar la distribución gratuita y sólo permitir la venta a un precio tan elevado sólo fomenta la inequidad de la salud en Chile. Empujan a los pacientes al autocultivo o el mercado negro. Muchas veces por condiciones geográficas o por enfermedad, para algunos pacientes es imposible mantener un autocultivo medicinal”, comenta Ana María Gazmuri, presidenta de Fundación Daya. “Más incomprensible nos resulta el rechazo del ISP, tomando en cuenta que ese mismo permiso “provisorio y excepcional” fue entregado a un laboratorio canadiense, permitiendo la distribución en Chile de dos de sus productos en base a cannabis”, explicó.

Dolor crónico

El caso de Cristóbal, niño de 8 años que sufre un tumor cerebral, fue difundido en distintos medios en Chile, ya que tras su primera quimoterapia, cuando sólo tenía tres meses de edad, su familia decidió abandonar ese tratamiento para probar con cannabis. “Cristobal cuando tiene dolor producto de su tumor, nosotros tenemos que vaporizar cannabis y en cosa de minutos su dolencia desaparece. Ha respondido muy bien y no usamos ningún tipo me medicina alópata”, relata su madre, Daniela Campos. Tal como ellos, son miles los pacientes que padecen de dolor crónico que esperan por su tratamiento. Actualmente, el dolor crónico es la causa del 70% de las atenciones de Salud en Chile en personas mayores de 17 años, es una de las principales causas de ausentismo laboral y representa el mayor número de licencias médicas en Chile, según datos de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor.

“Existe una necesidad médica urgente que no se está dimensionando. No estamos hablando de moléculas nuevas, estamos hablando de fármacos que sabemos, que incluso en versiones artesanales, presenta excelentes resultados. Las elaboraciones caseras a base de cannabis, pese a ser menos exactas y muchas veces estar hechas sin un instrumental óptimo, han mostrado resultados increíblemente positivos en muchas patologías, además del dolor crónico”, comenta Ana María Gazmuri. El mismo fitofármaco, se ha utilizado en distintos grupos de estudio obteniendo excelentes resultados. Actualmente hay un estudio en marcha con pacientes que padecen cáncer y que están recibiendo el fármaco de forma gratuita. Por otro lado, hay otros proyectos presentados para estudiarlo sobre pacientes con artrosis y autismo.

“Nosotros continuamos con nuestro actual estudio clínico y nos encontramos prontos a iniciar otros tres estudios científicos para el tratamiento de diversas patologías. Pero en paralelo debemos avanzar en programas más masivos que finalmente apuntan a garantizar el derecho a la salud de todas las personas”, señala la presidenta de Fundación Daya. El precio de la energía eléctrica y las dificultades climatológicas hacen prácticamente imposible que pacientes del extremo sur de Chile puedan mantener su propio cultivo. Es por esta y otras razones que desde distintos sectores apoyan la apelación interpuesta en tribunales ante la negativa del Instituto de Salud Pública. “Debemos tener en cuenta que nada puede anteponerse al derecho a la salud. Finalmente si tenemos normativas que dificultan o entrampan, habrá que revisarlas. Pero no puede anteponerse la norma a las necesidades de salud de las personas. Debemos definir mejor el rol del estado. La normativa actual nos permite ciertas cosas, pero falta definir como país una política sobre el cannabis medicinal que se haga cargo de esta problemática a la que se ve enfrentado un número importante de pacientes de todos los sectores sociales y geográficos del país”, señala Ana María Gazmuri.

Todos pierden

Algunos de los más afectados con la medida son los municipios. Muchos de ellos entraron al proyecto en el 2014 y esperaban verlo materializado en la entrega gratuita de medicamentos gracias a este proyecto. Los 14 municipios beneficiarios serían tan diversos geográficamente, que bien podría decirse que unen Chile de punta a punta: Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó, Tal Tal, Calera de Tango, Quilpué, Peñalolén, Quilicura, Quinta Normal, Parral, Graneros, Chillán y Puerto Natales, son los participantes y algunos ellos manifestaron su intención de crear la “Asociación de Municipalidades por el Cannabis Medicinal” para hacer frente a la resolución.

El apoyo a la apelación presentada por Fundación Daya contó también con apoyo político. Entre otras autoridades que respaldaron la medida se encontraban la Presidenta de la Comisión de Salud, diputada Karol Cariola, la diputada Marcela Sabat y Eduardo Vergara, Jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. “Actualmente estamos avanzando en el diálogo con el Instituto de Salud Pública buscando el diálogo y abrir posibilidades de colaboración para el Programa Integral de Cannabis Medicinal, permitiendo llegar con fármaco de Cannabis a los casos más urgentes. Valoramos el diálogo y creemos que el permiso otorgado a Tilray también es positivo pues abre nuevas posibilidades. Pero es necesario democratizando espacios y que el estado se comprometa no sólo a dejar hacer, sino generar condiciones adecuadas para un política de drogas responsable”, indica la presidenta de Fundación Daya.