Opinión: a cuatro años de la reforma - ¿A dónde fueron a parar los militantes después de la regulación?

author Gustavo Robaina / Foto: Archivo. Javier Calvelo

Es un hecho que la militancia uruguaya del porro llevó adelante gran parte del proceso de regulación del cannabis. La base social, de lo que hoy es una renombrada política a nivel internacional —en este momento más por su novedad que por su efectividad— comenzó a organizarse tímidamente. Primero fueron las juventudes políticas del Frente Amplio, partido de oposición de ese entonces y hace casi 15 años de gobierno, luego vino el surgimiento de organizaciones sociales como el Movimiento por la Liberación del Cannabis, Prolegal-Proderechos, la desaparecida Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) o la Red de Usuarios de Drogas y Cultivadores de Cannabis. El interior del país también comenzó a agitarse mientras crecía el número de personas que daban el último gran portazo al closet del porro. Surgió la Movida Cannábica Florida, Legalizar Paysandú o la Movida Cannábica Tacuarembó liderada por mujeres, solo por nombrar algunos.

Por aquellos tiempo los recitales del Molino de Pérez año a año se masificaron y fue ganando espacio en la agenda política formal la reivindicación de un cambio en la política de drogas que no criminalizara usuarios y permitiera el autocultivo. Pero también en la llamada agenda de derechos. En las proclamas de la marcha de la diversidad y por la legalización del aborto o por la marihuana, las referncia a una y otra lucha aparecían mezcladas, unidas como por el mismo cordón umbilical. La prohibición de las drogas se cobraba las mismas víctimas que la penalización del aborto y que la discriminación sexual o racial.

La solidaridad del movimiento social uruguayo había llegado a un estadio de madurez sorprendente: algunos le llamaron “puño único contra el Uruguay conservador”. Lograda la ley, creado el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) y puesto en funcionamiento el andamiaje institucional para poder fumar porro rico con tranquilidad, las marchas, los recitales y las proclamas se fueron diluyendo. La sociedad civil se reorganizó y se dispersó pero también surgieron nuevas voces. Otra etapa comenzó a desarrollarse y puso en marcha el nuevo sistema.

¿Le ganó el individualismo al movimiento social que sostuvo la ley del cannabis? Hay quienes añoran la efervescencia de las calles y las proclamas. Las organizaciones sociales y la reivindicación de justicia ante un Estado hipócrita que reprimía y criminalizaba a los usuarios, se transformó en una vigilancia escéptica de la burocracia que ordena, regula y aprehende. Hay quienes se dedicaron, con empeño, a la actividad privada de plantar su marihuana y ser expertos sibaritas en técnicas de cultivo y secado. Otros se aventuraron al desarrollo de clubes de cannabis o a la producción de extractos para ayudar a personas enfermas.

Y algunos más, a fortalecer la política desde distintos espacios de incidencia técnica y política. No es fácil administrar el triunfo. Mucho menos cuando se tiene que depositar la confianza en el Estado para hacer realidad la tan anhelada demanda. Y los motivos para justificar la desconfianza sobran: a cuatro años de aprobada la ley, el sistema de acceso popular al cannabis de calidad es asfixiado por la decisión gubernamental de no habilitar más licenciatarios ni aumentar las cantidades permitidas de producción, distribución y expendio.

Por otra parte, el cannabis medicinal es considerado, únicamente, como un medicamento, siendo objeto de las mismas exigencias que la industria farmacéutica, limitando su acceso y efectividad para gran parte de la población, aunque sus beneficios estén documentados por Universidades prestigiosas como la de Oxford. Errores propios de un paternalismo sanitarista sobre el cuidado de la salud que termina generando consecuencias opuestas a lo que busca la regulación, condenando a gran parte de los usuarios al mercado clandestino de cannabis local y productos de uso medicinal sin información ni controles de calidad. Quienes hemos optado por los clubes o el autocultivo, sabemos que hemos ganado una batalla porque no dependemos del Estado (ni del narcotráfico) para acceder al cannabis.

La base social que impulsó la reforma está disfrutando de su conquista, pero sabe, acongojada, que sin mantener la articulación y la demanda social, dejaremos por el camino el potencial transformador de esta ley. La nueva base social, la de los pacientes y quienes no saben plantar o no pueden pagar altas membresías, están padeciendo la mala e incompleta implementación. Para que el individualismo conformista no nos gane la partida, debemos buscar las formas para que el movimiento social del cannabis mantenga el orgullo de haber logrado tantas conquistas. Las alternativas y la invitación están hechas y vienen de la mano de quienes continúan apostando al movimiento social y vislumbran las batallas pendientes.