¡Nadie mAs preso por cultivar!

Un electricista, un proyectista y el hijo de un político, tienen en común haber recibido las esquirlas de la guerra contra el cannabis. Aguantaron el peso de la ley 20.000 en sus espaldas, y todavía lo soportan. Su pecado fue haber estado relacionado con cultivos de cannabis. A Carlos Salinas, Miguel Muñoz y Angello Bragazi se los estigmatizó como traficantes. Y fueron usados como punta de lanza mediática para desmotivar el incipiente mercado legal, imparable, el que se viene.

Un electricista, un proyectista y el hijo de un político, tienen en común haber recibido las esquirlas de la guerra contra el cannabis. Aguantaron el peso de la ley 20.000 en sus espaldas, y todavía lo soportan. Su pecado fue haber estado relacionado con cultivos de cannabis. A Carlos Salinas, Miguel Muñoz y Angello Bragazi se los estigmatizó como traficantes. Y fueron usados como punta de lanza mediática para desmotivar el incipiente mercado legal, imparable, el que se viene.

Con una cantidad impactante de víctimas, la guerra contra las drogas es un paradigma en retirada de América Latina. Pero en la huída lastima. La criminalización de usuarios y cultivadores en Chile crece apoyada en la ley 20.000. Aunque la situación se viene normalizado algo, de la mano del mercado, movimientos sociales y el debate social sobre las características medicinales de la planta. Sin embargo, aún existen personas afectadas por la criminalización a los cultivadores de cannabis y usuarios no problemáticos. 

Según cifras oficiales desde principios hasta agosto de 2014 fueron detenidas 16.500 personas por violar la Ley 20.000 por temas relacionados al cannabis. Sólo un 25,2% del total de las detenciones fue por sospecha de tráfico. O sea, que un 74,8% de las detenciones fue por porte, consumo y/o cultivo. Un hecho que a estas alturas parece broma, pues este enorme porcentaje de infractores no cometen un ilícito, ya que el uso es tolerado por las leyes chilenas. 

Hasta que la justicia no pruebe lo contrario, los detenidos deberían ser considerados inocentes, pero no ocurre eso en la práctica. Muchos usuarios de cannabis quedan con  sus papeles manchados por la justicia, a veces para el resto de sus vidas. Además, los abogados encargados de defender a los supuestos infractores, enfrentan dudas con respecto a tomar la defensa de los inculpados. En Chile el abogado que defienda casos relacionados a la ley de drogas, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Según datos oficiales de la Contraloría General de la República, 2.240 abogados han estado defiendo estas causas en los últimos cuatro años. 

“Perdí todo”

Angello Bragazzi explica que todo comenzó como un hobby, tenía una empresa de instalaciones eléctricas. “Para mi la venta de semillas era un webeo, pero resulta que el webeo resultó terrible, me procesaron por micro tráfico”, recordó. Ahora tiene 56 años, es dueño de Closet.cl donde comercializa semillas de cannabis de colección. Rememora con bastante amargura aquellos momentos, pero siente que en parte fue el impulsor de lo que hoy es el mercado cannábico en el país. Fue tomado por la justicia como un preso simbolizando la causa. Su caso ocupó la pantalla de los televisores y las primeras plantas de los diarios que venden escándalos. 

En 2005, antes de que el mercado de grows se instalara en el país, Ángelo ya ofrecía tierra, abonos, luces, “vendía exactamente lo que venden los grows”. Ahí fue cuando llegó la denuncia del diputado Jaime Orpis (UDI), apuntando sobre Bragazzi como comerciante de semillas para cultivos de cannabis. El dueño de Closet, sospechó que lo estaban estudiando y siguiendo. Sus sospechas estaban fundadas, finalmente fue tomado preso. La privación de libertad le costó su matrimonio, se lamentó. Cuando lo atraparon no le encontraron cannabis, solo tierra, maceteros, abono y semillas, fue por todos estos elementos que lo acusaron de inducción al cultivo.

“El juicio fue el 27 de febrero de 2008. El 20 de febrero del 2008 se hizo el cambio de categoría del cannabis la lista II a la lista I. Evidentemente fue una estrategia para tratar de presionar al tribunal” apuntó Bragazzi. “Cuando me procesaron perdí todo lo que tenía, tenía contrato con el Fondo Nacional de Salud (FONASA), me cortaron los contratos. Encima se me vino el estado encima, llegaban a revisarme la casa los de impuestos internos. Llegaron a revisar el medidor de luz a mi casa, me pusieron la maquina grande en el medidor” explicó. Además de estar dos años sin poder trabajar asegura que la policía lo siguió durante aquel tiempo. 

Después de un largo juicio en el que Angello notaba que quienes lo acusaban estaban un poco perdidos, llegó el ofrecimiento para que se declarara culpable, algo que no aceptó. “No me pillaron marihuana, ninguna planta, ningún pito, si yo hubiese tenido un par de plantas me hubieran condenado por cultivo ilícito” argumentó. En el juicio una experta de la Policía de Investigaciones declaró que las semillas de cannabis no tienen THC y que si lo tienen es por contacto con los cogollos, gracias a eso junto con otros detalles la tormenta para Angello comenzó a aclarar.

“Fuimos a la corte de apelaciones con mi abogado y los litigantes no se presentaron, se declaró desierto el caso”, recordó. “Sobreviví esos dos años con créditos”, dijo. Además, tuvo un costo emocional, familiar y social muy grande. Luego de estar libre y quedar sin un peso volvió a hacer lo mismo, siempre con mucho miedo de mantenerse en la mira de la policía. Era mayo de 2008 cuando empezó a vender de nuevo. Ahora no vende todo listo para armar un indoor, sino solamente las semillas y siente que recién está mejorando el tema económico. Aunque aún mantiene cierta incertidumbre sobre el futuro de su negocio y la posibilidad de comercializar semillas. Tiene claro que si se penaliza la venta de semillas, pondrá algún puesto en una feria artesanal y venderá pipas moledores, bongs y papelillos. 

“Se cansaron de seguirme, pensaron que era traficante, yo sabía que tenía que cuidar lo que estaba haciendo, por que si la cagaba en el negocio nadie más se iba a atrever”, reflexiona sobre su importancia como uno de los pioneros en venta de artículos y semillas de cannabis de colección. “Fui abriendo el camino, todavía pago los costos, pero no me arrepiento en absoluto, tengo uno de los mejores trabajos del mundo”, concluyó Bragazzi.

De medicina a la cárcel

Miguel Muñoz es un proyectista de 33 años. Es usuario medicinal de cannabis debido a la displasia fibrosa diagnosticada a muy temprana edad. La enfermedad dejó los huesos de Miguel más débiles que los del común de la gente. Hace cuatro años la trata con aceite de la planta, y los resultados son óptimos. “A raíz del uso de cannabis medicinalmente crié mis plantas, porque el mercado negro es complicado, ir a comprar es como ser delincuente, como un narcotraficante. Por eso empecé a cultivar mis plantas” relató Miguel.

El extracto que producía necesitaba de varias plantas para poder tener las dosis necesarias. Miguel tenía en su patio seis plantas y 200 gramos de cogollos cuando fue detenido. Lo procesaron en el hospital Sotero del Río debido a su enfermedad. El trato de la policía al detenerlo fue deficiente, terminó con una costilla quebrada. “Me metieron en un calabozo común y silvestre con quienes venían por robo y muchas otras cosas. Hacía mucho frio, como a las nueve de la noche el sueño me venció y me senté en una grada de hormigón. Con los huesos débiles, me dormí boca abajo y cuando me di vuelta, yo mismo me lesioné las costillas”, recordó.

“Ellos no me creían, pensaban que yo estaba haciendo el show para evitar el castigo. La cosa es que después de amenazarlos con una demanda, fui al hospital, me internaron”. Pero luego fue dejado en el penal, sin la mínima consideración de su evidente invalidez. Durante el juicio “la fiscal hizo caso omiso de mi certificado de discapacidad. La fiscalía me consideró un peligro a la sociedad porque me podía escapar”, así que lo dejaron encerrado.

Después de pelear en los tribunales su familia logró que cumpliera la pena en su hogar. Sin embargo, todo fue bastante fuerte, siente que ni siquiera valoraron que se entregara voluntariamente cuando Carabineros llegó a su casa y les explicó el motivo medicinal de su cultivo. Esposa, madre y padre lo acompañaron en el proceso. Su compañera, Andrea, llamó a todos los medios de comunicación para dar a conocer los atropellos que Miguel había sufrido, pero salvo casos puntuales no recibió respuesta. El costo para Miguel no fue solamente la defensa legal, estuvo imposibilitado de trabajar por el arresto domiciliario. Hugo se dedica a distribuir cubiertas industriales, las vende e instala. Estaba terminando una obra en su empresa y la tuvo que parar por falta de dinero. Además, perdieron dos negocios que ya estaban pactados. 

“Para mi familia fue un problema, tuvimos que hacer un gasto que no estaba presupuestado, el dinero para el abogado no fue poco. Tengo un niño de cuatro años y otro de 11. Estuve separado de ellos que se formaron una perspectiva sobre el caso. Yo les mostré otra, tengo mis plantas porque soy un trabajador que las necesito medicinalmente”.

Como criminal

Aún más bullado fue el caso que ocurrió a varios kilómetros al norte de la capital chilena, en Ovalle. Ahí Carlos Salinas, hijo del ex alcalde de la ciudad, fue detenido el 2012 por tener, según el informe oficial, 22 plantas y tres quilos de cannabis para hacer aceite. Con el preparado trataba a familiares y amigos, además lo usaba su hermano Mauricio, también detenido bajo cargos similares. Mauricio recuperó la libertad. Pero su hermano, Carlos Salinas fue declarado culpable, y todavía está tras las rejas.

Mauricio recuerda su estadía en la prisión como un momento bastante traumático. Se considera un hombre de trabajo y en ningún caso un delincuente, ese no era su ambiente. Junto a su hermano tuvieron que compartir con personas que han robado, matado o asaltado. Recuerda su celda hedionda y chica. Su estadía se amenizaba mínimamente por la empatía de algunos gendarmes que se dieron el tiempo de conocerlos un poco más y de tratarlos de mejor forma, tuvieron gestos humanos que hicieron un poco menos hostil su paso como preso. 

Sin embargo, todo este entramado aún tiene a la familia Salinas luchando por la libertad de Carlos. Los tres primeros abogados que trabajaron en su caso estaban desinteresados y tenían poco conocimiento del tema. Recién el cuarto se puso el caso al hombro.

“Nadie entendió que hacía aceite de marihuana. Los jueces decían que daba cucharadas, porque se lo imaginaban como jarabe. No entendían nada. De hecho, cuando la PDI allanó a mi hermano, al lado de su cama tenía dos tarros llenos de marihuana consumida por un vaporizador, los polis entraron y dijeron: esto es pasta base” relató Mauricio a Soft Secrets.

Mauricio señaló que todo el proceso fue bien traumático en todos los sentidos. “Lo tomamos por un lado político, casi como una venganza. Mi hermano está bien, dentro de lo que se puede estar, porque imagínate lo que puede sentir una persona que nunca ha tenido relación ni con peleas, ni con andar metido en cuestión alguna, siempre levantándose súper temprano a hacer sus trabajos”.

En abril de 2014 la fiscal de los Vilos, María Soledad Salas, de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad que se había interpuesto por parte de la defensa de Carlos. El tribunal de alzada consideró que la sentencia por parte del tribunal de Ovalle era la correcta. En los primeros días de enero en Ovalle se conoció la sentencia de 5 años y un día para el hijo del ex edil. 

Pese a lo adverso del caso, lo que le ocurrió a Carlos Salinas, sirvió para poner sobre la mesa al cannabis y las leyes que la regulan. También para generar mayores lazos entre activistas que vieron en Salinas una injusticia debido a que las plantas que cultivaba eran para uso medicinal y no para generar dinero. Por ésta razón es que activistas reconocidos como Ana María Gazmuri de Fundación Daya le entregaron un importante apoyo, no tan sólo presencial sino mediático, preocupándose siempre de nombrarlo en las actividades que se realizaban en torno a la planta. Otros del mundo cannábico chileno como Angello Braggazi también participaron de actividades para ayudar a juntar algo de dinero.

Actualmente, la cámara de diputados de Chile estudia un proyecto en el que al menos se busque diferenciar con claridad quienes son los que lucran y trafican con la planta y quienes la cultivan para su uso medicinal. Sin embargo, algo no menos importante, es que sea tomada en serio la propuesta que a principio del año 2014 realizaron dos diputados, Fulvio Rossi (PS) y Jaime Orpis (UDI), quienes postulaban que cuando se enjuicia a alguien, éste comience como inocente y quien lo acuse muestre pruebas de que se trata de un traficante. Así lo que ocurre hoy, que el acusado –antes de serlo–  debe comprobar que no trafica.