''Cultivo Seguro'' Reforma la ley de drogas en Chile

Ivo Mena es una víctima. Víctima de un sistema absurdo, víctima de un estado que decide perseguir y castigar a los más vulnerables. Ivo ha mantenido un dolor crónico en la rótula por más de seis años, dolor que ha disminuido sustantivamente gracias al uso de cannabis medicinal acompañado de la asistencia brindada por Fundación Daya Quilpué. El decidió cultivar cannabis con fines medicinales para sí mismo, al igual que para miles de personas en Chile, la vía de acceso a esta opción terapéutica le permitió mejorar su calidad de vida.

Pero Ivo sigue sufriendo, está detenido en su casa producto de una denuncia anónima, que desencadenó una condena de sesenta y un días de presidio, más multas y suspensiones. El caso de Ivo refleja la exposición al sufrimiento de miles de personas en Chile que buscan una salida alternativa para sus dolores y padecimientos solo por ejercer su derecho a escoger. La ley 20.000 busca perseguir el tráfico de sustancia psicotrópicas en Chile y ha sido sistemáticamente mal aplicada, se transformó en una herramienta de criminalización a la población, particularmente entre los sectores más vulnerables.

A pesar de lo anterior, los diversos usos del cannabis, la sustancia no regulada con mayor prevalencia de consumo en Chile, constituyen una innegable realidad. Chile destaca en la región por el más alto reconocimiento de consumo, con un 40%. Además, 48,2% de la población apoya la idea de su legalización, tal como lo han hecho Uruguay y Canadá, según revela el paper llamado “Latin America: Results from a Latin-American Survey” publicado en el International Journal of Drug Policy. Cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, el apoyo llega al 80% en Chile.

La sesgada aplicación de políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un abultado número de ciudadanos detenidos y encarcelados, con el foco puesto en la persecución de cultivadores y usuarios personales, alejándose de la necesidad de trabajar y enfocar recursos para el verdadero problema que nos aqueja: la ejecución de una nueva y moderna política de drogas, basada en el respeto de los DDHH, con enfoque de salud pública. El “Informe nacional de orocedimientos policiales por infracción a la de drogas” del primer trimestre de 2018 muestra que el 70,5% de los detenidos por su infracción han sido por porte, consumo o cultivo (6.967 detenciones), de las cuales el 15,6% son por cultivo de cannabis con 1550 detenciones en los primeros tres meses del año. Solo 163 de las detenciones fueron producto de un proceso de investigación.

Con estas cifras queda de manifiesto que la aplicación de las políticas de seguridad no están enfocadas en el problema real, es decir, en las redes de narcotráfico. El autocultivo ha sido, sin duda alguna, la más segura y económica vía de acceso para todos los tipos de usuarios de cannabis, sean lúdicos, espirituales o medicinales. Es una actividad lícita en el marco jurídico actual, porque se considera una excepción en la norma penal cuando está destinado al uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo o al estar destinado a un tratamiento médico.

A pesar de esta ineludible realidad, las detenciones por cultivo no paran. Esta situación refleja el espíritu represor hacia los usuarios de cannabis que inspiran las políticas desplegadas desde los gobiernos e instituciones de seguridad pública, obviando el aporte que el autocultivo y la regulación del expendio (deuda en Chile) hacen a la batalla por disminuir el comercio ilícito. La ley de drogas busca perseguir el tráfico de sustancias psicotrópicas, no obstante, personas como Ivo Mena, que eligen una manera natural de disminuir sus dolencias físicas, están siendo tratadas como delincuentes de manera injusta gracias a la mala aplicación de esta norma.

Una aplicación que deja a un lado la dignidad de usuarios y termina de forma abrupta e irresponsable con tratamientos médicos de pacientes. Aunque la ley sea clara en describir que se puede cultivar para fines medicinales y recreativos y ante la injusta y sesgada aplicación de políticas de seguridad, miles de activistas y decenas organizaciones sociales se han comprometido y apoyado propuestas legislativas con el fin de garantizar el cumplimiento sus derechos. Que, dicho sea de paso, están consagrados en una ley mal leída. Una de las propuestas vigentes en esta materia es el proyecto de ley “Cultivo Seguro”, que tiene por objeto resguardar el autocultivo para fines medicinales ante procedimientos policiales, imposibilitando el decomiso y destrucción de plantas destinadas a la elaboración de productos de uso medicinal al presentar la debida prescripción médica.

Que esta ley sea prontamente aprobada en el Senado se vuelve hoy un imperativo ético y social. Debemos transitar hacia una sociedad que haga foco en las personas y sus derechos y no en las cifras de detención. Las políticas de seguridad y combate al narcotráfico no han dado el resultado esperado, en cambio, siguen siendo las responsables de expandir la separación abismal entre la necesaria regulación responsable en el uso de drogas y la criminalización de usuarios. Son responsables de apresar ciudadanos, cuyo único delito ha sido padecer enfermedades y dolores o ejercer un derecho en la intimidad de sus hogares.

Las políticas de seguridad han dejado de manifiesto que el foco no ha sido el problema real que azota a nuestro país. Es urgente y necesario orientar adecuadamente las políticas públicas en materia de drogas y otorgar a usuarios y usuarias la tranquilidad de no ser apuntados como delincuentes, poniendo por delante su dignidad y sus derechos.

Ana María Gazmuri es directora ejecutiva de Fundación Daya. Felipe Pavez es miembro de la Comisión Nueva Política de Drogas del partido Revolución Democrática.