La recta final en la regulación de la marihuana en México

La recta final en la regulación de la marihuana en México

¡No más prórrogas!

México se encuentra en la recta final para regular la marihuana. El proyecto de ley aprobado en noviembre del 2020 en el Senado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora debe pasar a la Cámara de origen para ser ratificado antes de convertirse en ley.

La regulación sería un primer paso histórico en la desarticulación de cien años de prohibición en México con potenciales repercusiones políticas y sociales a nivel global, lo cual nos colocaría como el tercer país en regular su uso adulto, junto con Canadá y Uruguay.

Las consecuencias de las políticas prohibicionistas han impactado a México como país de tránsito, producción y consumo de manera terriblemente negativa. Se han disparado la violencia, los desplazamientos, las desapariciones y la violencia contra las mujeres. Se han destinado recursos que se podrían invertir en educación y salud, hacia fuerzas de seguridad que han demostrado ser corruptas y más eficientes en violar derechos humanos que en detener el tráfico.

El impulso reformista emanado de la sociedad civil, mediante exitosos litigios estratégicos, lograron que la Suprema Corte alcanzara la jurisprudencia en febrero del 2019. Eso desencadenó el actual proceso legislativo responsable de diseñar una regulación que garantice el derecho, reconocido por el máximo tribunal, al libre desarrollo de la personalidad de quienes usan la planta.

El camino hacia el reconocimiento de estos derechos deviene de 20 años de marchas cannábicas, decenas de iniciativas que se congelaron, investigaciones académicas, el impulso de pacientes y sus familias en el proceso de regulación de la marihuana medicinal, movimientos de víctimas de la violencia, el plantón que lleva un año y contando frente al Senado, el avance a nivel internacional y en varios Estados de la Unión Americana y una creciente industria llena de emprendedores listos para subirse a la ola verde.

Su tránsito por el Senado tomó dos años, en lugar de los 90 días establecidos en principio por la Corte. En diciembre del 2020 se le otorgó una nueva prórroga a la Cámara baja, debido a la pandemia, para revisar la minuta, la prórroga sostiene como fecha límite el 30 de abril del 2021 para publicar una ley.

El debate ha sido largo y, si bien, consideramos que se puede mejorar el proyecto en estos meses, es indispensable cumplir con los tiempos de la Corte. “¡No más prórrogas!”, debe ser el mensaje claro y fuerte que deben recibir nuestros representantes. 

El proyecto propone tres vías de acceso: el autocultivo de hasta seis plantas, las asociaciones de consumo de dos a 20 miembros y puntos de venta comerciales para mayores de 18 años. Desde la Coalición Regulación por la Paz observamos cuatro elementos que nos parecen no permiten garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

1. Mantiene multas desproporcionadas y sanciones penales a la posesión. 2. No contempla espacios de consumo seguro ni accesibilidad a las asociaciones de consumo. 3. No prevé protecciones suficientes a las comunidades cultivadoras.

Un avance importante en lo aprobado en el Senado fue que se permite el cultivo de seis plantas por casa (o hasta ocho cuando hay más de un adulto), sin que haya que realizar el registro a un padrón, pero preocupa que el documento castiga con sanción penal la posesión de más de 200 gramos, cantidad que bien puede ser el producto de la cosecha de esas mismas plantas.

Según la minuta, si te toca una “revisión de rutina” y te encuentran más de 28 gramos, las multas van de cinco a 11 mil pesos (entre 250 y 550 dólares). Además, se prohíbe el consumo en espacios públicos y la multa es de 45 mil a 260 mil pesitos (2.000  a 13.000 dólares). Sanciones tan desproporcionadas hacen previsible que se fomente la corrupción y perpetúen la persecución de poblaciones vulnerables.

Las asociaciones de consumo sin fines de lucro, que podrían fungir como lugares de abastecimiento y espacios de consumo seguro, se estipula que deben estar a 500 metros de viviendas, centros culturales, deportivos y recreativos, y limita el número de miembros a 20 personas. Restricciones más fuertes que las impuestas a los puntos de venta, las cuales no permitirán un acceso generalizado y serán una opción para un sector muy pequeño y privilegiado de la población.

Asimismo, el mercado que se está creando con esta ley debería ayudar a transitar al mercado regulado a quienes hoy cultivan en la ilegalidad por necesidad y que han estado históricamente bajo el yugo de autoridades y crimen organizado.

Por ello, dentro de las actividades de cabildeo que realizamos como Coalición también estaremos exigiendo medidas afirmativas para garantizar su participación en la nueva industria, peleando que se garantice el 80 por ciento de las licencias de cultivo, durante los primeros cinco años de la implementación, a las comunidades vulnerables que menciona el proyecto. Y también establecer restricciones a la integración vertical de grandes empresas para evitar que acaparen el mercado.

Como se puede observar la ley tiene muchas áreas de oportunidad que deberán ser abordadas en la Cámara de Diputados y se requerirá de la sociedad civil que durante tanto tiempo ha acompañado este proceso.

La inercia de cien años de prohibición no va a quedar subsanada con una ley pero será el primer paso para poner un alto a la fallida estrategia prohibicionista. Por ello, lo más importante es que se realicen las modificaciones al proyecto y se apruebe cuanto antes.

Sigan las redes de Regulación por la Paz donde estaremos compartiendo información a lo largo de este emocionante periodo de sesiones y discusión de la regulación de la marihuana en México.

Sobre la autora
Mariana Sevilla es activista por la reforma a la política de drogas, fundadora de @MéxicoRegula e integrante de la Coalición Regulación por la Paz.

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