Las movilizaciones en Chile para el asunto del cannabis

Por Fundación Daya Muy pocas personas fueron capaces de anticipar las proyecciones que llegó a tener un simple pero significativo acto de desobediencia civil estudiantil. Y es que, ante el alza en la tarifa del Metro de Santiago, estudiantes secundarios decidieron evadir el pago como forma de protesta. Este gesto desafiante terminó por gatillar un proceso que, al cierre de esta edición, sigue manteniendo a Chile como un país agitado y en ebullición social.

La fecha emblemática se ha marcado ya en la memoria: 18 de octubre de 2019. Tanta significación se le ha dado que para muchos medios y también analistas este movimiento será conocido como el 18-O. Pero siendo un proceso aún en desarrollo todo indica que es muy pronto para bautizar el fenómeno.

Además, si se mira con cuidado la cronología de lo acaecido se puede constatar que la evasión de pasajes por parte de los estudiantes comenzó en una fecha tan temprana como el 7 de octubre de 2019. En poco más de diez días lo que se inició como una especie de juego juvenil de confrontación contra el sistema tomó masividad. Y llegó a ser un auténtico estallido social con sus características especiales.

El porqué del inicio de la revuelta es mucho más complejo que los 30 pesos de aumento en el viaje del metro que las autoridades quisieron cobrar. De hecho, a poco andar, una de las consignas que se impuso como parte de las protestas fue “no son 30 pesos, son 30 años”.

El llamado alude a la sumatoria de carencias sociales desde el fin de la dictadura (1973-1990) lo que se estaría manifestando en las calles. Un largo repertorio de demandas y reivindicaciones excedieron la temática inicial. Pensiones bajas, sueldos insuficientes, salud inaccesible para la mayoría, desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, desigualdad social, violencia contra la mujer, devastación ambiental y muchas otras causas se conjugaron en la agenda social para la toma de calles.

Tan profundas son las motivaciones del estallido que incluso cuando el gobierno decidió congelar la tarifa del metro no tuvo ningún efecto en las movilizaciones. Las protestas siguieron y se profundizaron.

Más allá de la presencia de diferentes orgánicas sociales y políticas el movimiento ha sido sumamente espontáneo y autoconvocado. Este sello es quizás el más relevante y complejo a la hora de abordar la lectura de lo que sucede y también para encontrar respuestas y soluciones que abran caminos de paz.

Más allá del detalle de lo sucedido (cada día trae nuevas noticias que remecen), fue quedando claro que además de las reivindicaciones específicas de muchas comunidades, lo que pulsa por salir a la luz es la necesidad de reformar profundamente Chile. Resurgió la idea y la esperanza de construir un país más justo y equitativo.

Si seguimos en la línea de las consignas hay dos reclamos que destacan. Por una parte, la solicitud de que el presidente Sebastián Piñera renuncie a su cargo, algo más bien retórico. El otro pedido que insistentemente marca la agenda es el cambio de la Constitución Política de la República. Así, la sigla AC (Asamblea Constituyente) ha tomado las calles junto a una masa que la promueve. Si se mira con atención es cierta la percepción de que la mayoría de lo que se pide (mejoras en pensiones, sueldos, salud, educación, etc.) no se puede lograr si se mantienen las cortapisas y bloqueos que la Constitución establece.

Para un nuevo pacto social es necesario un texto constitucional que dé cuenta de ese nuevo Chile que pugna por nacer.

La consigna más cantada que sirve para definir el estallido es la que concentra todo el sentido de quienes salen a manifestarse: “Chile despertó”. La respuesta del gobierno ha sido muy cuestionada. Ante las demandas ha preferido manejar el tema exclusivamente como un asunto de orden público. Intentando sofocar la revuelta aplicó diversas medidas como la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso llegó a decretar Estado de Emergencia en la mayor parte del país con toque de queda incluido y presencia de fuerzas militares.

Los frutos de estas decisiones no han logrado la tranquilidad sino que todo lo contrario. 26 muertos a principios de diciembre de 2019, Miles de heridos y una masiva vulneración de los Derechos Humanos es el saldo de estas decisiones políticas. Organismos como Amnesty International o Human Rights Watch, entre otros, han constatado en terreno estos hechos que condenaron e hicieron llamados para detener la vulneración. Lamentablemente, la situación no ha mejorado.

Especialmente dolorosa es la situación de cientos de personas que, pese a protestar pacíficamente, han perdido sus ojos producto de los disparos policiales. Los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron completamente ciegos, no hacen más que confirmar esta impresión.

Además de la masividad evidente, con marchas que han convocado a millones de participantes, “el despertar de Chile” reúne un abanico enorme de personas y colectividades. Especial mención merecen, por supuesto, los estudiantes de enseñanza media. Organizados o espontáneamente, su presencia llena de alegría, audacia y decisión las movilizaciones. Su llamado oficial es parte esencial de lo que se canta y se vive en las calles de nuestro país: “evadir, no pagar, otra forma de luchar”.

Los gremios organizados, fundamentalmente del sector público, también han sido protagonistas esenciales de este fenómeno social. Junto a ellos, las mujeres y su agenda de igualdad de género también reclaman una posición central dentro de esta singular primavera chilena. Lo mismo sucede con jubiladas y jubilados, que reclaman mejores pensiones y un sistema solidario que reemplace al actual esquema privado. Cada una de estas temáticas han concentrado la atención en días determinados con marchas específicas que han sido consistentemente masivas.

Una constituyente cannábica

Dentro de todo esto la comunidad de usuarios de cannabis, con su tremenda diversidad y dispersión de intereses, se ha unido con entusiasmo al movimiento. Si bien en el papel, el consumo privado, personal y próximo en el tiempo de cannabis es legal en Chile, la verdad es mucho peor que las leyes vigentes. De hecho, el actual gobierno ha retomado con vigor una agenda de persecución, alineado con la llamada “Guerra contra las drogas”.

La comunidad cannábica se reconoce a sí misma como un grupo vulnerado. Para las autoridades es fácil su persecución y así abultar las cifras de eficiencia policial. Esto es particularmente grave en lo referido a quienes usan medicinalmente el cannabis que son objeto de especial asedio. Por eso, para muchas personas de este colectivo, la demanda por la Ley Cultivo Seguro es parte integral de las motivaciones para movilizarse.

Fundación Daya, en tanto organización con un especial sentido de compromiso social, no se siente ajena a lo que sucede en Chile. Entiende que su papel es estar junto a quienes sufren siendo agente de diálogo entre facciones y abriendo caminos de paz.

Así mismo, como parte del surgimiento de iniciativas sociales que buscan una construcción colectiva somos parte de la Coordinadora Cannábica, una naciente organización que agrupa a muy diversos sectores vinculados al cannabis y sus diferentes usos.

De alguna manera, es una señal muy relevante de los alcances que puede llegar a tener el despertar de Chile. La cara visible es la conmoción social y las muestras de violencia, especialmente la institucional. Por otra parte, el despertar también hace que broten acciones colectivas, impulsos asociativos y en definitiva nuevas formas de relacionarnos en medio de la crisis.

Unidad en medio del conflicto, ese es el verdadero despertar del cual nos sentimos parte. El cannabis, su cultura y sus evocaciones, pueden ser protagonistas de un nuevo Chile que pugna por nacer. Ser elemento de unión y sanación, bajo la inspiración de los poderes de esta planta ancestral. Eso es parte de lo que buscamos ser.