"El sector cannábico debe de aunar fuerzas en el freno a las agresiones''

Licenciado en derecho, Hector es un abogado con una amplia experiencia en los delitos relacionados con la Salud Pública, especialmente en cannabis y otras plantas naturales. Es asesor jurídico de la Asociación de Estudios del Cannabis de Alicante así como de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Hace más de 10 años que colabora con Soft Secrets.

Licenciado en derecho, Hector es un abogado con una amplia experiencia en los delitos relacionados con la Salud Pública, especialmente en cannabis y otras plantas naturales. Es asesor jurídico de la Asociación de Estudios del Cannabis de Alicante así como de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Hace más de 10 años que colabora con Soft Secrets.

Soft Secrets: ¿Por qué decides estudiar derecho?
Hector Brotons: Bueno, previamente a entrar en la universidad, no era claro el que quisiera estudiar Derecho, dado que mi postura crítica con el sistema, me alejaba de este camino, por el perfil de gran parte de los estudiantes de derecho y porque ha sido siempre un ámbito conservador. No fui un excelente estudiante en los años de instituto, pues tenía muchas otras inquietudes personales e intelectuales, mis preferencias iban más encaminadas al conocimiento de la psique humana o de la sociedad, a través de la psicología o la sociología. He de decirlo, me cogieron en derecho, aunque pueda parecer que es un inicio no vocacional, enseguida tuve claro que era mi camino. En este sentido, ya había nacido en mí una postura muy crítica con las actuales políticas de drogas. 

¿Cuando descubres que te quieres especializar profesionalmente en ley de drogas?
Supongo que el final de la respuesta a la pregunta anterior da las claves, siendo la primera toma de conciencia sobre un aspecto de la sociedad a cambiar. Con ello empecé a indagar sobre la cuestión, leyendo una conocida trilogía sobre el cannabis publicada en la revista Ajoblanco. Tras ello el número 1 de Cáñamo y el libro de autocultivo de A.R.S.E.C.A. A su vez entré en contacto con la asociación A.L.A. (asociación antiprohibicionista de todas las sustancias), haciéndome socio de la misma a través de la histórica asociación cannábica alicantina “El Rif” de Elda  (pequeña ciudad y capital de comarca en la que se sitúa el pueblo en el que he vivido desde pequeño, El Pinós). Otro motivo fue el sufrir de manera directa con 18 años la intervención, registro e imposición de una sanción administrativa en aplicación de la ya vigente “Ley Corcuera”. Creo recordar que eran 50.000 de las antiguas pesetas. En este acontecimiento sufrí la humillación, el estrés, el reproche y la injusticia de este tipo de sanciones. Después de eso me propuse no pagar ni una sanción de este tipo y ayudar en lo posible a amigos, activistas y después a todos los usuarios en general. Así, ya en la universidad comencé a recurrir este tipo de sanciones. Mi interés sobre sustancias naturales como los psilocibes, peyotes, etc... hizo que leyera mucho sobre el tema en cuestión, lo que es importante a la hora de aplicación del Derecho. Finalmente, proyecté esta especialización, acordando con una profesora de derecho penal de la universidad de Alicante realizar un trabajo sobre salud pública, que es el “Leit motiv”  del derecho penal para perseguir determinadas acciones relacionadas con las drogas. Ello me permitió dedicar aproximadamente 6 meses exclusivamente a estudiar, investigar y plasmar, sobre mucho de lo que se había escrito sobre el tema. 

¿Quienes son tus principales referencias en temas jurídicos relacionados con las drogas?
Referentes, han sido todas las personas que han luchado por los derechos civiles de los ciudadanos en general y en este ámbito. Los que desprendiéndose de la influencia que podría tener la cuestión de la droga, y en concreto del cannabis, han sido rigurosos en su análisis y han dado la cara para destapar la gran mentira y el error que supone la actual política de drogas. Yo siempre he sido partidario de la legalización, del cannabis en particular, y de las “drogas” en general, con ciertos matices. Pero los primeros contactos con material en donde se planteara la cuestión, vinieron en momentos previos a iniciar la universidad. Así, a parte de las revistas que he citado anteriormente, he de citar la revista “Hul”, editada por la “Associació Lliure Antiprohibicionista” y a Carlos Gulias, que explicaba de forma clara y contundente las consecuencias negativas de las políticas represivas en materia de drogas.  Así,  me hizo conocer como el hecho de negar la existencia de drogas en las cárceles comportaba que no se entregaran jeringuillas a los internos usuarios de heroína, con las consecuencias que ello tuvo, con casos sobretodo de SIDA. La sección de drogas del colegio de abogados de Barcelona también se esforzó en divulgar y reparar este problema. Con ello posiblemente cambió mi visión al respecto de las leyes sobre drogas, advirtiendo que el problema no era la droga sino como se tratan las drogas, que es muy diferente. 

Tras muchas lecturas sobre el tema de autores como; Oriol Romani, Xavier Arana, Juan Carlos Usó, Antonio Escohotado, etc fue cuando inicie mi trabajo sobre el análisis del bien social, que con estas leyes se pretende proteger. Leí el libro que considero más completo, riguroso y valiente sobre las leyes de drogas; “La actual política criminal sobre drogas. Una perspectiva comparada”, en donde coordinados por el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Malaga, José Luis Díez Ripollés, un grupo de académicos de distintas disciplinas científicas analizan de forma multidisciplinar la política y leyes en materia de drogas (juristas, médicos, sociólogos, psicólogos…), rompiendo mitos, yendo al fondo de la cuestión y planteando alternativas legislativas concretas. Así, el libro contiene una propuesta legislativa en donde el cannabis estaría completamente legalizado entre personas adultas y que no estuvieran incapacitados. También importante es que esta propuesta venía avalada por un gran número de catedráticos universitarios y jueces de altos tribunales. Díez Ripollés ha realizado recientemente el análisis más completo sobre el fenómeno de las asociaciones cannabicas o clubes sociales. Al hilo de esta figura, he de recordar a Juan Muñoz y Ángela Soto, por su artículo sobre la viabilidad de un espacio de consumo terapéutico de cannabis. También de Málaga, y éste como abogado práctico (sin dejar la teoría y sobretodo la divulgación) Rafael Ramos, quien creó la “pequeña guía para recurrir grandes multas”, que me sirvió como referente para recurrir las injustas sanciones en aplicación de la ley de seguridad ciudadana.

¿Cuáles son los casos que consideras más importantes de tu carrera?
En primer lugar, por orden cronológico, quiero destacar la estimación de la primera sanción por un recurso administrativo, cuando aún era estudiante. En segundo lugar, el primer asunto penal por un cultivo de marihuana, en donde se me planteó un caso particular que tuvo una solución particular. Se trataba de una persona que había sufrido un robo de marihuana, descubrió al autor y con normalidad fue a denunciarlo. Por lo que se abrió un procedimiento contra el ladrón, pero también contra el robado por supuesto delito contra la salud pública. Tras la declaración en los juzgados, se consiguió negociar con el ladrón para que abonara el valor de la planta, que él sí que había vendido, para posteriormente solicitar el archivo del asunto, siendo aceptada esa solicitud.

Posteriormente, son muchos casos con sentencias favorables los que considero importantes, relacionados con cultivos de cannabis en donde se realizan pesajes de la sustancia útil, que vienen a superar en ocasiones hasta 3 veces el peso real y, en los que hemos conseguido echar abajo pesajes de los laboratorios oficiales por poco rigurosos. En concreto, recuerdo 3 asuntos; por un lado, uno en donde el fiscal pedía 2 años de cárcel a dos socios de Alacannabis (Asociación Cannábica de Alicante), por poseer 6 kg de marihuana y se les pedía una multa de 40.000 euros, dictándose una sentencia absolutoria, que dejó el cannabis en un 1.5 kg. Pero lo más importante es que fue la primera sentencia, allá por el 2005 que nos dictaron “in voce”, es decir, allí mismo sin que dijeran el famoso “visto para sentencia” y se dictara la misma posteriormente. Tras ello, todos salimos eufóricos de la sala. Otro asunto importante, fue el de tres cultivadores, en donde se solicitaba a uno de ellos la pena de 4 años por un peso neto de marihuana de 22 kg, que al final en sentencia quedo en 2,5 y en absolución, que fue recurrida por el fiscal y confirmada por la Audiencia Provincial. En tercer lugar, en donde asesoré a un abogado de las Islas Canarias, conseguimos una sentencia muy importante con 26 kg de marihuana, que se entendieron que podían serlo de marihuana industrial y, por tanto no prohibida, con la consecuente absolución, indicando la sentencia que el THC era determinante en contra de un largo número de sentencias del Tribunal Supremo. De mucha importancia también son los casos en donde existe riesgo de prisión provisional y esta se evita, campo en el que el estudio jurídico Brotons y Albert ha conseguido grandes logros, al aclarar conceptos que estaban oscuros.

En último lugar y, siendo difícil ser exhaustivo, ha sido muy importante el poder participar, en el marco de la FAC, en la construcción del proyecto de las asociaciones cannábicas o clubes sociales y la defensa de los mismos, donde en más de una decena de ocasiones, los resultados han sido siempre favorables. En la mayoría de los casos se ha archivado antes de llegar a juicio. Y, en dos ocasiones han sido absueltos en primera instancia, en concreto en abril de este año se produjo una absolución “in voce”, que se da cuando el juez y a veces también el fiscal (como en este caso) lo tienen clarísimo, con la posterior euforia liberadora tan gratificante.

¿Cuándo y por qué empiezas en el activismo?
Como he comentado más arriba, entré en contacto con varias asociaciones y posteriormente, sobre el 2001, me hice socio de Alacannabis (Asociación de Estudios del Cannabis de Alicante), participando en la organización de jornadas con la Universidad de Alicante. Al tiempo, fui nombrado secretario de esta Asociación. Posteriormente, participé en las primeras reuniones de la FAC en su proceso de creación, siendo posteriormente Secretario de la susodicha federación.  Con el tiempo y debido al volumen de trabajo me dedique en exclusiva al asesoramiento y defensa jurídica de estos proyectos asociativos, conjugando este trabajo con una postura activista en pro de la legalización del cannabis. Así desde hace años, el equipo formado por el estudio jurídico, con sede en El Pinós y Alicante, ejecutamos un proyecto de recursos de multas, tramitados a través de Internet a bajo coste, como herramienta para poder contestar a las sanciones impuestas por posesión y consumo de cannabis o supuesta conducción bajo sus efectos. Dentro de este proyecto se destina un 5 % para financiar recursos a altos tribunales. 

Desde el principio de la FAC le prestas asesoramiento jurídico, comenta el trabajo que realizáis el grupo de abogados de la FAC.
Sí, en un principio, combinando mi trabajo de abogado con la de socio activista de Alacannabis, he estado presente en su proceso de creación como comentaba. En ese momento no es que hubiera un grupo de abogados formalizados, sino que habíamos varios abogados activistas, podemos decir, que a la par que participábamos en el proceso político íbamos resolviendo las cuestiones jurídicas que se iban planteando. Posteriormente mi labor con respecto a la Federación ha sido más enfocada desde el punto de vista del asesoramiento. Participando en el nacimiento y coordinación del grupo de abogados de la FAC, junto con la junta directiva, también aportando la visión jurídica junto a otros profesionales en jornadas divulgativas y de formación de las distintas asociaciones federadas.

Actualmente, el grupo de abogados de la FAC se ha instituido en un foro entre profesionales especializados en cannabis y asociaciones. En este Foro, que se reúne como mínimo una vez al año, se exponen los avances y novedades jurídicas generales con respecto al cannabis, en concreto las que puedan repercutir en el funcionamiento de los clubes. Asimismo, se ponen en común los cambios en regiones específicas y los casos concretos que cada despacho ha llevado. Todo ello es de un gran valor para el funcionamiento de la Federación y para el movimiento cannábico en general, pues ese trasiego de información nos permite estar al día y compartir reflexiones que fortalecen nuestras posturas, en consecuencia, repercute en un mejor asesoramiento y una mejor defensa de las asociaciones. 

¿Hacia qué modelo piensas que debería centrar sus esfuerzos el activismo?
Formas de regulación puede haber muchas. Yo creo que el modelo cooperativista, sin ánimo de lucro, instaurado en un primer momento, de gestión del uso por los propios usuarios, de profesionalización de los gestores de la misma como trabajadores, desde un punto de vista social supone un “modelo” deseable desde una perspectiva político-criminal. No digo que esté en contra de un modelo comercial, pero hay que tener en cuenta que como el alcohol, el tabaco, el juego, los medicamentos, no son productos inocuos, siendo sobretodo lo importante el uso, por tanto la forma de funcionamiento. Puede haber modelos en los que, aunque haya un aspecto comercial, se cuiden los aspectos de transparencia, informativos y asistenciales. Más allá de ello, creemos que cualquiera de estos “dos modelos” son mejores que la situación actual.

Lo importante son las leyes que afectan a la generalidad de los usuarios como ciudadanos. En este sentido se acaba de aprobar la ley de tráfico, en la que se criminaliza no sólo a los usuarios de cannabis, sino a las personas cercanas, con positivización de la acción de contener en el organismo THC como presupuesto de una sanción administrativa a la hora de conducir. Así, si tenemos en cuenta que el THC se puede detectar en personas consumidoras pasivas, concretamente en sangre, según el propio Instituto Nacional de Toxicología, durante 9 días, frente a 7 en los usuarios habituales, nos encontramos ante una aberración jurídica. En el mismo sentido se quiere endurecer el régimen administrativo del uso de cannabis e  incluso al parecer la tenencia y cultivo con la nueva “ley de represión ciudadana”. Pues bien, se ha aprobado la primera sin apenas acciones del movimiento cannábico. Lo importante es el freno de las agresiones, en donde el sector cannábico en su conjunto debe de aunar fuerzas, pues es prioritario a la creación de un modelo el impedir las agresiones que afectan a los cimientos mismos de ese modelo y es más, al conjunto de las políticas criminales que afectan a los usuarios, que es la justificación inicial del movimiento.   

Cuenta alguna anécdota jurídica que te haya ocurrido defendiendo casos de marihuana
Pues bien, ahora a bote pronto recuerdo una en donde una persona intervenida en un caso de un banco de semillas, en el que se necesitan muchas plantas y departamentos separados para su producción, después de mucho tiempo de registro y una lucha continua, al entrar en una sala ambientada con música de Mozart y explicar la teórica que esto repercute en las plantas, comportó un momento de relajación. Por ello, decidimos fumarnos un cigarro algún agente y yo mientras otros proseguían con la incautación. En esos momentos el cultivador pregunto si él podía fumar a lo que el agente fumador contesto que por supuesto. La sorpresa para todos fue cuando empezó a llenarse la sala de humo denso proveniente del canuto puro de hierba del que estaba fumando el susodicho cultivador. Imaginaros la reacción de los agentes que con acaloramiento ordenaron que lo apagara inmediatamente, contestando mi cliente que él había preguntado y que no fumaba tabaco porque era muy perjudicial. El mismo fue puesto en libertad inmediatamente,  el caso archivado y le devolvieron parte de los equipos.

Recientemente te has unido con otros profesionales para crear un nuevo proyecto.
Si, desde hace más de 8 años ha colaborado conmigo una letrada penalista alicantina, Esther C. Sánchez, creando desde hace uno y medio un despacho asociado al mío principal que es el Estudio Jurídico Brotons Albert, con la denominación Estudio Jurídico Brotons y Sánchez. Asimismo desde hace dos años estamos en Valencia junto con el compañero Joan Bertomeu, abogado y criminólogo, especialista en movimientos sociales, con la denominación de “Estudi Juridic Bertomeu i Albert”. En estos tres despachos estamos un equipo humano de 10 personas, 8 juristas especializados en distintas materias y 2 administrativos. Aparte del cannabis, el despacho tiene otras especialidades como derecho laboral, medioambiental, administrativo, civil e internacional.

Ahora hemos ensamblado estos tres proyectos en uno con la denominación de Estudio Jurídico Brotsanbert, para optimizar resultados y trasladar una imagen conjunta al exterior. Y, también mejorar la coordinación de servicios como el de atención 24 horas y reparto de funciones para poder llegar a todo con garantías, cosa que ya se estaba haciendo, pero que entendemos que mejorará con el nuevo proyecto.   

¿Cómo te pueden contactar nuestros lectores si necesitan tus servicios?
De momento seguimos con los mismos datos anteriores, del Estudio Jurídico Brotons y Albert, teléfonos 966 966 036, 610444770, web; www.estudiojuridico-ba.com. Que son los que aparecen en el artículo que desde hace más de 10 años realizo para esta revista  y en donde se actualizarán con la fusión comentada.

¿Quieres añadir algo para acabar la entrevista?
Simplemente agradecer a Soft Secrets esta oportunidad de compartir mi trayectoria y mis reflexiones sobre las cuestiones atinentes al mundo jurídico y activista del cannabis, en donde la divulgación como la que vosotros lleváis haciendo desde hace tanto tiempo es fundamental. También agradecer a Hugo la oportunidad que me brindó en su día de publicar un artículo en esta revista y que tanto me ha hecho pensar para intentar difundir conocimiento técnico de forma comprensible para los usuarios o cultivadores y que con ello tengan más herramientas y armas para valorar sus actuaciones y optimizar su defensa. Por último, recordar aquí a las personas que me han apoyado en todo momento, tanto de mi familia como mi pareja.