Tres miembros de la asociación Bolera Besaya se enfrentan a 4 años de cárcel

El mundo del cannabis vuelve a volcarse a favor de los miembros de una asociación cannábica. Y es que, la justicia ha golpeado esta vez a la asociación Bolera Besaya (ACBB). Tres de los representantes de este club cannábico, que lleva cuatro años funcionando de forma legal, -como asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia-, se enfrentan ahora a una pena de cuatro años de prisión. La Asociación Cannábica Bolera Besaya, se inscribió el pasado 2013 en el registro de Asociaciones cántabro. Llegó a tener hasta 250 socios, tenía a varios empleados en nómina y además, sus socios habían redactado unos estatutos con los derechos y obligaciones de todos los miembros. Ahora, tres componentes de la junta directiva se enfrentan a un delito contra la salud pública, así como otro por asociación ilícita. El pasado jueves se celebró el juicio contra los miembros, al que acudieron 70 socios de esta asociación para darles su apoyo a los imputados, uno de ellos fue el diputado del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, uno de los impulsores de la Proposición no de Ley presentada en el Parlamento de Cantabria para solicitar al Gobierno Central la regulación del cannabis medicinal. Van den Eynde es conocido por sus discursos a favor de la marihuana terapéutica, ya que él mismo la utiliza para paliar efectos del cáncer que padece. La Asociación Bolera Besaya estaba ubicada en una preciosa casa de piedra ubicada en la localidad de Campuzano, en Torrelavega. Se constituyó legalmente hace cuatro años y, aunque comenzó como un consumo compartido de cannabis entre los socios, pronto comenzó a organizar actividades culturales de todo tipo; desde talleres has conciertos y charlas. ¡Incluso tenían un equipo de fútbol 7! El papel medicinal de la planta cobraba una vital importancia en este club, ya que casi todos sus miembros utilizaban la planta para paliar sus dolores. Por eso, se realizaba ayuda médica, psicológica y legal. Según declararon los acusados,-socios fundadores de la ACBB-, todo lo han realizado desde ''la más estricta legalidad'', siempre contando con un asesoramiento legal especializado en asociaciones cannábicas para no cometer errores en cuanto a la gestión y organización de la asociación. ¿Por qué piden prisión para sus miembros? Todo comenzó en septiembre de 2014, tras el aviso de un robo en una vivienda de Vioño de Piégalos. El suceso destapó una plantación interior de cannabis con 56 plantas, que la asociación estaba cultivando en un anexo cedido por la propietaria de la casa. Este hecho derivó en una serie de viligancias policiales en el local de la asociación. Diversos agentes controlaron durante varios días los coches que entraban y salían de la asociación. Los policías declararon que se registraron entre dos y cuatro vehículos en los que se encontró marihuana, pero tan sólo un máximo de dos gramos, que es el máximo diario que dispensaba la asociación a cada miembros. El hecho de sacar la marihuana del local, cuando la ley obliga a consumirla dentro del mismo, se consideró como un delito contra la salud pública, y además, por asociación ilícita. Por el delito contra la salud pública, la fiscalía pide a Joaquín R, -que en ese momento era el presidente de la asociación-, al tesorero Benjamín L. y al secretario Iván P., dos años de prisión y una multa de 17.400€ a cada uno. Por el delito de asociación ilícita, se les solicita otros dos años de cárcel y una sanción de 6.300€. En total, cada uno de ellos se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años y a más de 25.000€ de multa. Nuestro colaborador Héctor Brotons, abogado de uno de los acusados, destacó el funcionamiento ejemplar de la ACBB, como un ''ejemplo de gestión del cannabis en toda España''. Además, señaló los problemas jurídicos a los que se enfrentan estos colectivos por las múltiples interpretaciones que se pueden dar a la norma. Brotons también quiso subrayar que, en el Pleno del Parlamento de Cantabria, se propuso la regulación del cannabis medicinal a nivel estatal con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular.