Narcos y polis; así controlaban la isla estos Guardias Civiles

Parece de película, pero es la cruda realidad. De nuevo nos encontramos con un caso en el que los supuestos encargados de nuestro bienestar estaban compinchados con narcotraficantes para hacer llegar droga a nuestro país y llevarse una buena tajada de dinero.  La noticia salió a la luz en 2013, tras la detención de cinco guardias civiles en Fuerteventura, los cuales supuestamente controlaban prácticamente la totalidad del negocio de la droga en la Isla canaria. Y es que estos agentes tenían a su servicio a un gran número de traficantes. Los extorsionaban con pruebas y denuncias falsas y se llegaban a repartir los turnos de controles en el puerto de la isla para dejar pasar los alijos con los que ellos mismos traficaban. Tras llevar a cabo una amplia investigación, sus propios compañeros arrestaron a los cinco agentes, pillados in fraganti. Fue un jueves, cuando recibían un alijo de 60 kilos de hachís en la playa de El Cotillo, en Fuerteventura. Pretendían distribuirla entre sus traficantes para después venderla en la isla. Según información de la investigación, los implicados eran cinco guardias civiles, muy conocidos en la zona del Puerto del Rosario y Corralejo, y además varios de ellos eran de la misma familia. ''Constituían una auténtica banda de tráfico de drogas'' desde el amparo de su propia autoridad, con numerosos colaboradores a lo largo de toda la isla e incluso en Lanzarote. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas llevaba años intentando obtener alguna prueba para acusar a tres de los agentes detenidos, pero la influencia de éstos era tal que alcanzaba hasta a los propios juzgados de Puerto del Rosario, desde los cuales protegían sus actividades criminales. De hecho, se pincharon los teléfonos de los detenidos en varias ocasiones, y en todas ellas se filtró la información a la banda y dejaron de producir señales. La operación no habría tenido éxito de no ser porque la propia Guardia Civil judicializó el caso en un juzgado de Arrecife de Lanzarote, que fue quien ordenó la intervención telefónica de tres de los agentes arrestados. Los investigadores del caso sospechan de que movían hilos mucho más allá de los juzgados, llegando a tener influencia en la propia Guardia Civil, Policía Nacional y Local y otros organismos oficiales. Según estas mismas fuentes, los agentes se repartían los turnos para controlar el acceso de los barcos al muelle de Puerto del Rosario, y de esta manera dejar pasar los alijos de droga procedentes de otras islas. Principalmente traficaban con hachís y cocaína, y era vendida a comisión por sus propios traficantes en el mercado de la isla, repartiéndose después el grueso de los beneficios. Los detenidos, entre los cuales se encuentran José T. C.M, Yeray M y Sergio V., usaban la información confidencial que tenían a disposición suya por formar parte del cuerpo de la Guardia Civil para interceptar la droga en operaciones legales, para informar y extorsionar a los receptores, incluirlos en su banda o directamente robarla para después comercializarla. Tenían un completo control sobre los 'camellos' de la isla, y si alguno se atrevía a plantarles cara, los agentes actuaban como matones. De hecho, era una guerra continua que tenían ganada, ya que incluso llegaron a falsificar pruebas para inculpar a los 'rebeldes' de delitos que no habían cometido, amenazarlos y sacarlos así del negocio de la droga.