Una regulación demasiado despacio

por Carlos Castaño

En diciembre de 2013 Uruguay votó la ley de regulación de producción y venta de cannabis. Su objetivo es proteger, promocionar y mejorar la salud de quienes usan marihuana. Hay tres maneras de acceder al cannabis que son excluyentes. Cada hogar puede almacenar hasta 480 gramos de cannabis y tener hasta seis plantas femeninas. También hay clubes de cultivo o de membresía. Entre 15 y 45 personas pueden crear una asociación civil sin fines de lucro y hacer un cultivo asociativo. La otra forma de acceso es a través de unas 12 farmacias en todo Uruguay. En julio de este año, 16 farmacias comenzaron a vender cannabis en sus mostradores.

Aquel primer día de venta había casi 5000 personas registradas para comprar marihuana en las farmacias. A los pocos días eran más de 14.000 y hoy son casi 18.000 personas en un universo de aproximadamente 160.000 uruguayos que usan marihuana en algún momento durante el año. Las autoridades uruguayas testean cinco variedades de marihuana. La primera en ponerse en venta tenía 2% de THC y 6% de CBD, era una variedad casi medicinal que tuvo muchas críticas. La segunda variedad que se lanzó en noviembre de este año tiene porcentaje de 7% de THC.

Cada vez más farmacias estaban interesadas en comercializar el producto. Comercios pequeños, barriales, tenían una utilidades de casi 700 dólares diarios. El cannabis llega a las farmacias y se agota en tres horas promedio. Pero la reposición demora 15 días. Un asunto en el contrato entre el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) ha creado ese problema. Además, Simbyosis, una de las dos empresas que cuida y cosecha el cannabis que se vende en las farmacias, todavía no ha podido comenzar con la venta de cannabis por temas que no son públicos y de los que las autoridades no hablan.

Además, los bancos internacionales amenazaron a los uruguayos con cerrar las cuentas bancarias de las farmacias y de la industria legal del cannabis ya que la Reserva Federal de Estados Unidos no admite tales negocios. De hecho en Estados Unidos solamente un 30% de las empresas del rubro cannábico tienen cuentas bancarias en bancos estatales, una figura que en Uruguay no existe. Aunque algunas se incorporaron, seis farmacias abandonaron el sistema de venta. Ahora son doce en todo el país. Desde entonces en el gobierno dicen que crearán herboristerías cannábicas exclusivamente para vender marihuana y que trabajen con dinero en efectivo. Pero esto es seguir teniendo un problema sin solucionar el asunto de fondo.

Uso no aumenta

El miedo de los prohibicionistas siempre es el mismo: que con la regulación aumente el uso y con eso la adicción y todas esas mentiras. Bueno, no es lo que pasa en Uruguay. Aunque todavía falta que se realice una encuesta de uso de drogas el año próximo que será más esclarecedora, los datos dicen que la tendencia creciente en el uso paró. De 2001 a 2011 los que alguna vez fumaron marihuana pasaron de 5,3 a un 20% en 2011. Para 2014, el año que entró en vigencia la ley un 23,3% de la ciudadanía había probado cannabis. Además el 91,2% de los usuarios dijo en la “VI Encuesta de Consumo de Drogas en Hogares” que su consumo de cannabis no será mayor con la regulación.

Registros de usuarios de cannabis

Farmacias16.621

Cultivadores7.646

Clubes de cannabis70

Nuevo mercado gris

Mientras que la regulación está estancada con las farmacias, que es donde más usuarios depositan sus expectativas, ha florecido un nuevo mercado de venta de flores. Los cultivadores venden lo que les sobra o directamente plantan para vender. En época de cosecha, entre abril y mayo, 25 gramos de cogollos pueden costar casi 100 dólares estadounidenses. En temporada y en los balnearios más pudientes el gramo de cogollo puede sobrepasar los 50 dólares. En Uruguay más de un 45% consigue marihuana porque alguien se la da, por lo general de cultivos hogareños. Casi nueve cada 100 personas que fumaron cannabis en 2014 lo hicieron de su propia cosecha.

Un 30% de los usuarios, además del 9% de los cultivadores, consumieron flores que les llegaron de algún tipo de cultivo según el Observatorio Uruguayo de Drogas. En 2014 seis de cada diez usuarios frecuentes se abastecían del paraguayo. Un año después la cifra había descendido al 31% del total, según el Observatorio Uruguayo de Drogas. A 2015, un 45% de los usuarios se abastecían del mercado ilegal, paraguayo o de flores, un 39,4% lo hacían su propio cultivo o alguien que les regalaba y 16 cada 100 no sabían de donde llegaba (o no querían decirle nada a los encuestadores del estado).

Seguridad

En materia de seguridad Uruguay viene moderando la tasa de personas procesadas con prisión por delitos vinculados a faltas a las leyes de drogas. Se pensaba que con la regulación la incidencia de estos delitos debería descender y hay indicios que algo de eso pasa, pero serán las próximas investigaciones en el campo de la criminología las que aporten más datos. Por ahora se observa que la tasa de personas privadas de libertad por delitos de drogas que empezaron a crecer desde 2003, cuando eran un dos por ciento del total de procesados llegó al 12 por ciento en 2012 y desde entonces parece empezar a bajar tímidamente a un 10% en 2015.

De lo que hay bastante evidencia es que hay operadores del Poder Judicial y de la Policía que hacen una pésima interpretación de la nueva ley. Se denunciaron por lo menos cinco casos de cultivadores registrados allanados en pésimos procedimientos policiales. Los juristas defensores del cambio en la normativa de drogas del país entienden que muchos jueces hacen la peor interpretación posible de la nueva ley y que siguen criminalizando el porte de pequeñas cantidades no solo de marihuana sino de otras drogas. Vale aclarar que el uso, la descriminalización del uso en Uruguay, de todas las drogas es legal desde 1974.  

Registro y aprobación

Las encuestas de opinión pública que hacen empresas privadas, muestran que crece tímidamente la tendencia al apoyo de la normativa y un descenso moderado entre quienes están en contra. Al principio del debate en 2013 los que estaban en contra llegaban al 64%. Las últimas encuestas dicen ahora que por ejemplo un 50% está en contra de la venta en farmacias. Aunque sean indicadores distintos permiten ir viendo que la regulación, aunque tenga problemas, va avanzando en el imaginario social de Uruguay. Y también se deja ver que queda mucho por hacer todavía, que una ley no hace que la gente cambie de opinión o que la policía o el sistema de salud sean más tolerantes y comprensibles.

Estos cambios llevarán, quizás y con suerte, una generación más. El registro que es obligatorio para acceder a alguna de las tres formas de acceso al cannabis genera un grado de rechazo importante a la regulación. Todavía están frescas las memorias de la dictadura uruguaya, aunque terminó hace más de treinta años el fichaje de personas quedó imperturbable en la retina popular. ¿Por qué registrarse para comprar cannabis si nadie se registra para comprar vino? El registro fue una exigencia del poder político siempre temeroso de todo lo que tenga que ver con drogas. Entre los interesados en cultivar en su hogar más de la mitad rechazaban el registro en 2014 que es el último dato disponible.

Entre quienes comprarían en farmacias cuatro cada diez probablemente no usen el sistema aunque les interese y no lo harían por miedo al registro. Entre los que prefieren los clubes de cannabis como forma de acceso la negativa al registro rondaba el 70%. Es mucho. Es una pena porque con más libertad las cosas podrían funcionar mejor. Pero el estado uruguayo argumenta que los países vecinos no tiene el mismo marco normativo y que así se da la seguridad que los usuarios no compren más de los 40 gramos al mes. En fin, este es otro punto que nos hace pensar que aprobar una ley es solo el principio de un largo camino.

Medicinal

“La interpretación nacional de las Convenciones con respecto a la clasificación de las sustancias controladas no facilita el proceso de registro de productos y su prescripción. Otros países ya han reclasificado el cannabis y los cannabinoides a partir de una interpretación consistente con la regulación nacional de estas sustancia”, señala el grupo Monitor Cannabis que desde la academia monitorea los avances de la regulación. Entre los problemas que citan están las altas y desmesuradas exigencias del registro de productos para uso medicinal o terapéutico. También la inexistencia de proyectos aprobados para la investigación clínica y licencias otorgadas para la elaboración o producción de cannabis medicinal.

Se menciona la dificultad para el ingreso de productos no registrados en base a cannabis derivada de los acuerdos Mercosur. La ausencia de capacitación de los profesionales de la salud también es mencionada. Y la estrella de los problemas es “el costo de los productos (que) está entre 210 y 275 dólares mensuales (dependiendo de la indicación y el tipo de producto), es un proceso complejo y se requiere receta naranja para adquirir, por ejemplo, productos en base a CBD, un cannabinoide que no es psicoactivo. Esto dificulta mucho el acceso y desestimula la utilización de las vías legales. Como se señalaba antes, estas limitaciones han contribuido a la circulación de productos de cannabis medicinal sin controles de calidad, precio y seguridad necesarios para el uso terapéutico, ni información respecto a su composición”.

Turismo de drogas

En Uruguay viven 3.400.000 personas, pero a lo largo del año esa cifra se duplica porque entran casi tres millones y medio de turistas. La regulación uruguaya no permite la venta de cannabis a los extranjeros. Algo que es una tontería porque los visitantes igual compran drogas. Una de cada 20 personas adultas ha probado drogas el último año según Naciones Unidas lo que crea una demanda similar a la local y un mercado potencial de casi 400.000 usuarios de drogas en Uruguay durante todo el año. Las autoridades deberían rever esto, a menos que quieran seguir empujando el mercado clandestino.

La regulación funciona bien cuando depende de los casi 800 cultivadores registrados o los 70 clubes de cannabis. Pero la gestión estatal del mercado de cannabis no parece la mejor. No se crearon dispositivos de salud específicos en reducción de riesgos y daños, como dice el primer artículo de la ley. Los usuarios de vaporizadores, comprados por Internet, tienen problemas para importarlos. El IRCCA tiene algunas debilidades estructurales como falta de personal e incluso de decisión que muchas veces toma el Ministerio de Salud que tiene una visión sino prohibicionista, al menos de dejar pasar y no hacer mucho.

De hecho son los encargados de hacer la evaluación y el monitoreo de la política pública de drogas y no han entregado más que un informe simplón y tendrían que haber entregado cuatro a esta fecha. Uno de los puntos más preocupantes es la detención, e incluso procesamientos con prisión a cultivadores registrados. Las leyes pueden cambiar, pero si no cambia la cabeza de la sociedad no cambia nada.