¿Militarización con la excusa drogas? No, gracias

En la agenda política latinoamericana “la lucha contra el narcotráfico” aparece repetidamente en boca de aspirantes al gobierno y de gobernantes. El narcotráfico ha sido (y es) la excusa perfecta para engordar el aparato de seguridad y salir a molestar pibes en la calle.

En Brasil, estamos esperando a ver qué acontece con la liberación de las armas. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri ha dado varias muestras de cómo militarizar no sirve de nada más que para molestar autocultivadores.

En México, cuando el Ejército se hizo cargo de “la guerra contra las drogas” a partir de 2006 se sucedieron las violaciones a los Derechos Humanos, los desaparecidos, las ejecuciones sin juicio y un largo rosario de desastres.

Sin mencionar que los grupos narcotraficantes se diversificaron, se expandieron y crearon varios estados paralelos dentro del país. La militarización mexicana, por no hablar de la colombiana, ha sido un verdadero desastre. Como todas.

Según el informe “La guerra interna” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina solo los países del Triángulo Norte de Centro América, más Perú, México, Colombia, Brasil y Argentina recibieron más de 5.149 millones de dólares de Estados Unidos por asistencia financiera en seguridad entre 2010 y 2018.

Colombia se quedó casi con la mitad de ese dinero. Además, unos 255.000 funcionarios civiles y militares recibieron entrenamiento del país gobernado por Donald Trump. México, Honduras, Colombia, El Salvador y Guatemala han sido los países donde más dinero y recursos de todo tipo se destinaron para atacar esa cosa multiforme llamada narcotráfico. Los resultados, lejos de ser ya no buenos, sino medibles, son espantosos.

“Allí se concentran las peores violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por militares”, señala el reporte del CELS. En Colombia la justicia tiene a estudio 3.000 casos de desapariciones forzadas entre 2002 y 2008. Solo en México entre 2007 y 2017 se denunciaron a 35.090 personas desaparecidas.

En Colombia los conflictos armados hicieron que 6.5 millones de ciudadanos fueran desplazados de sus pueblos y comunidades. La excusa de “las drogas” y el narcotráfico hizo que aumente la cantidad de personas detenidas por supuestas infracciones a las leyes de drogas. Entre 1992 y 2015 el aumento en Colombia fue de 212%. En Perú fue de 242% en el mismo período. En Brasil fue del 250% entre 1992 y 2014.

En Argentina, entre 1996 y 2016, fue de 163%. En Paraguay alcanzó el 177% entre 1997 y 2014. En Ecuador, pese a una legislación bastante progresista durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa (que los cuerpos de seguridad tiraron abajo) el aumento fue de 123% entre 1992 y 2014.

Este encarcelamiento masivo, sobre todo de usuarios de drogas y microtraficantes se computó en todo el hemisferio, incluido Estados Unidos, donde la población afro es la más encarcelada. El continente americano tiene a 51 personas cada 100.000 habitantes encarcelados por delitos de drogas.

La media en el resto del mundo es de 28 cada 100.000. América Latina tiene el récord más triste encarcelando a sus propios ciudadanos por delitos que en otros países son ofensas menores. Al hacinamiento y la falta de ocupaciones en la penitenciaria, por no hablar de tormentos y torturas, hay que sumar otro dato también escalofriante. La cantidad de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad que no llegan a juicio, ni a la prisión, ni se despiden de sus familiares.

Por ejemplo, en Brasil, durante el primer trimestre de 2013, 236 personas perdieron la vida frente a la policía militarizada u otro cuerpo de seguridad. En el primer trimestre de 2018 fueron 895. El aumento en tan solo cinco años (en los que el país vivió un fuerte viraje político con el golpe de estado contra la presidenta Dilma Rouseff), fue de un 279%.

En Paraguay la militarización de ocho departamentos solo ha hecho que se registre más violencia. También más hectáreas de plantaciones de cannabis intervenidas. Entre 2013 y 2017, la policía antidrogas erradicó plantas de marihuana en más de 8.500 hectáreas según la Secretaría Nacional Anti Drogas (SENAD) del Paraguay.

Parece mucho, pero el tráfico y el cultivo clandestino siguen su curso. Paraguay, además de enviar marihuana a la región recibe cocaína de Bolivia y Perú y se ha transformado en un “exportador” de esta droga a destinos como España o México, pero también a nuevos mercados como Japón o Mozambique.

O sea, por más intervenciones militares que haya, poco cambiará. De hecho, las intervenciones armadas en América Latina, donde lo primero que la población pierde son sus derechos más elementales, ha propiciado el crecimiento de la ilegalidad y el narcotráfico.

Nada cambiará militarizando. Bueno, sí cambiará: el tráfico será más fuerte y las garantías de los ciudadanos de a pie serán cada vez menos. Antes de pedir mano dura en tu país pregúntale a la historia qué buena gestión han hecho los militares en alguna parte del mundo.

La historia te responderá que nada bueno sale de las guerras, las invasiones o las militarizaciones. Que haya paz y regulación de los mercados de drogas. Que termine la hipocresía persecutoria.