Marihuana y otras yerbas

En tiempos de colonias españolas las primeras semillas de cáñamo que se plantaron en Montevideo llegaron desde Santiago de Chile. El gallego José Reguera, maestro corchador de jarcias de la Real Hacienda de Montevideo, necesitaba fibra para empezar su negocio -y el de la corona- como tejedor de sogas y velas para el puerto montevideano. Por aquellos tiempos de imperios las personas traídas contra su voluntad desde África eran sometidas a trabajos forzosos por españoles y portugueses que se disputaban el sur de América. Los africanos trabajaron en las plantaciones de cáñamo y consumían sus flores en Brasil y también el territorio de lo que hoy se conoce como Uruguay.

La investigación también recuerda como el opio y sus derivados, la cocaína y el cannabis eran algunas de las medicinas que los doctores utilizaban terapéuticamente y otros aprovechaban para la recreación del espíritu desde finales de s. XIX. No había problemas con esos consumos que sobre todo eran patrimonio de artistas, aristócratas y se consumaban en el ámbito privado.

Tras los vientos de la moral prohibicionista, a partir de la reunión en Shangai de 1909, se sucedieron los acuerdos internacionales que pusieron en guerra a los defensores de una moral muy emparentada con los preceptos religiosos y una naciente medicina que también pujaba contra el uso lúdico de las drogas, su lobby en el sistema político global fue muy efectivo. Consiguieron presionar a los gobiernos de los países más influyentes de Occidente para frenar ese Satanás que apestaba de azufre los botiquines y las farmacias de Europa y América entera.

Uruguay se plegó a esa batalla contra ‘el demonio tóxico’ de las drogas que no prescribían los médicos y tuvo una importante participación en la Sociedad de Naciones (la precursora de Naciones Unidas) buscando que los países latinoamericanos productores de drogas firmaran los tratados que harían posible erradicar el uso de aquellos “venenos” por parte de los “toxicómanos” como era llamado el usuario de drogas de la época por los ‘expertos’ de turno, sobre todo doctores que integrados al gobierno uruguayo encabezaron durante la década del ’30 verdaderas cruzadas anti drogas.

De todo ello da cuenta la investigación periodística y también de los estigmas que sufrían estudiantes y artistas que ocasionalmente consumían marihuana frente a quienes no, que los acusaban de toda clase de injurias. Ataques que fueron precedidos por una dictadura cívico militar que se empecinó en buscar consumidores de drogas para acusarlos de suministrar y poder enviarlos a la prisión o a los hospitales psiquiátricos. La dictadura uruguaya detuvo a unas 1.100 personas por consumo de drogas, sobre todo de marihuana. La policía empleaba métodos propios de las dictaduras a los consumidores ocasionales de marihuana para obtener información. Pero por supuesto, nunca atraparon a un solo narcotraficante, ni se tomaron el tiempo en detener a quienes consumían cocaína en el lujoso balneario de Punta del Este.

Los antecedentes al ímpetu prohibicionista se encuentran en todo el continente latinoamericano que firmó el acuerdo ASEP para modificar sus leyes sobre psicotrópicos. Las reglamentaciones se modificaron rápidamente entre 1972 y 1976 en todo el continente que vivía mayoritariamente bajo regímenes totalitarios y aprobaron leyes prácticamente calcadas desde el Caribe a Tierra del Fuego.

La labor represiva de la policía no cesó recuperada la democracia, sino que los esfuerzos del estado uruguayo se dirigieron contra los jóvenes rockeros o quienes se vestían distinto a la media, los punks eran los preferidos de la Brigada Anti Drogas. Aquella represión dio lugar a un debate parlamentario sobre el uso de drogas donde varios docentes de Derecho Penal alertaban que se estaba criminalizando un acto impune por las leyes uruguayas. Al mismo tiempo crecía una corriente de profesionales de varias disciplinas que explicaban que el consumo de marihuana simplemente servía a los jóvenes para identificarse entre sí y que no ocasionaba los perjuicios que durante décadas se alertaron.

Mientras la oferta y la demanda de drogas crecía en Uruguay también aumentaba el poder de los narcotraficantes que blanquearon miles de millones de dólares durante los años 90, consolidando al país como paraíso fiscal, lo que indudablemente trajo consigo el aumento de la corrupción estatal, un coincidente apogeo en el mercado de las clínicas de ‘rehabilitación’ y la consolidación del estigma hacia el usuario desde medios de comunicación, funcionarios estatales y privados.

La investigación acompaña un diálogo permanente entre aquellos preceptos estatales y los grupos políticos y culturales y las individualidades de los usuarios, así como sus estrategias para acceder a las drogas a través de la historia uruguaya.

El libro hila entre subjetividades, decisiones políticas y costumbres de los que de una manera u otra, en mayor o menor grado, tuvieron o tienen que ver con los usos o los discursos sobre las drogas en Uruguay y también en el sur latinoamericano en los últimos 100 años, los mismos que cumple el prohibicionismo este año con la Convención de La Haya de 1912.