Marcha Paraguay

Paraguay es el principal productor de marihuana de América del Sur. Los 48 millones de toneladas de marihuana que, según el gobierno, se producen cada año quedan exclusivamente en manos del narcotráfico, que mantiene turbias relaciones con el poder político nacional.

Paraguay es el principal productor de marihuana de América del Sur. Los 48 millones de toneladas de marihuana que, según el gobierno, se producen cada año quedan exclusivamente en manos del narcotráfico, que mantiene turbias relaciones con el poder político nacional. Comprar o cultivar marihuana está ligado al delito y a la clandestinidad, pero las voces en contra de este sistema comienzan a ser audibles. Estuvimos en la primara demostración contra el prohibicionismo.

Desfallece la tarde en la plaza frente al Congreso paraguayo. El calor en la víspera del verano, que en Asunción se vuelve perpetuo, arranca fuego de las baldosas y convierte las calles en desiertos. En mitad de la plaza, un grupo de jóvenes están sentados en los peldaños de un monumento. Observan a la gente tratando de identificar si quienes se acercan son simpatizantes, curiosos o represores, si van a sentarse con ellos, a preguntarles qué hacen o a llamar a la policía.

Se sonríen, cómplices y nerviosos. Brotan con timidez los primeros carteles, las primeras banderas. La inconfundible silueta de la hoja de marihuana aparece en muchos de ellos. “Venimos a pedir que se legalice la marihuana. No queremos más narcotráfico”, resume uno de los participantes en la concentración.

Son unas pocas decenas de personas, y muchos lamentan la ausencia de compañeros que no han querido dar la cara y acudir a manifestarse. “Todavía hay mucho miedo. A la gente le da miedo venir y decir que fuma, y que los señalen”, cuenta Pablo. Muchos de los nombres son ficticios porque quienes hablan también temen que se les culpabilice, aunque no sepan explicar bien por qué. El prejuicio es así, no se sabe bien por qué.

En Paraguay consumir cannabis no está penado, pero fumar marihuana en la vía pública es ilegal. En lugar del vaho de los porros, el ambiente está impregnado de un halo de paranoia. El miedo se intensifica cuando se acerca uno de los policías que custodian los accesos al Congreso. Pregunta con tono amable qué ocurre. Se le responde cordialmente. “Mientras sea todo pacífico…”, murmura el agente antes de alejarse. Los porros continúan apagados, los chicos exhalan alivio en vez de humo.

“Nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes son los narcos que matan”, sentencia Nico, quien a sus 19 años ya se ha enfrentado a la paradójica política antidroga del país. “Acá puedes portar hasta diez gramos de marihuana. Pero a mí me agarraron con algo más. Me metieron preso, me condenaron. Tuve suerte y pude quedar en libertad, y ahora solo tengo que presentarme ante el juez para firmar y meterme en un programa de rehabilitación para adictos. Pero ha quedado en mis antecedentes, y eso ahora me impide acceder a un trabajo o poder inscribirme en la Universidad”, explica.

La disonancia legal es similar a la de otros países: el consumo de marihuana no está penado, pero sí comprar, vender o cultivar la planta. Fumar es legal; aprovisionarse de yerba, no. Pese a ello, reconocerse como fumeta es un tabú. Los consumidores dicen estar cansados de la discriminación que sufren. Y la criminalización por portar marihuana resulta un criterio subjetivo, a merced del grado de corrupción de los policías implicados, denuncian.

La cantidad máxima de marihuana que se permite tener en los bolsillos -diez gramos- resulta discreta en comparación con el peso del contrabando de ladrillos de porro prensado que la SENAD -la Secretaría Antidrogas paraguaya- se enorgullece de decomisar casi a diario. Para los manifestantes es allí donde reside el problema. Esas hectáreas de cannabis clandestino se agazapan entre grandes plantaciones, en el corazón de los monocultivos legales como la soja o el sorgo. En esos templos los ajustes de cuentas forman parte del paisaje cotidiano.

“Mucha gente no sabe que la marihuana puede ser medicinal, y que puede desarrollarse toda una industria”, dice Javier. “El cannabis puede traer recursos al país, que se pueden invertir en educación y salud, en lugar de quedarse en manos de la mafia de los narcotraficantes”, opinó.

La legalización, según él, acabaría con el microtráfico y con los presos por plantar, de los que no conoce el número. Pero es consciente de que si continúa la demanda de países como Argentina y Brasil, el narco seguirá campando a sus anchas en las fronteras. Ambos países son destinatarios del 80 % de la marihuana que sale de Paraguay, en su mayoría en formato prensado y adulterada con otras sustancias. Así, es solo una planta que pasa por la mano del narco, que solo busca dinero.

En el Río de la Plata la simple mención de “paraguayo” hace referencia a esta marihuana aplastada y fuertemente adulterada con sustancias a las que el imaginario colectivo y la leyenda urbana han agregado diversos niveles de toxicidad. El faso paraguayo era popular en Uruguay antes de que se extendieran las plantaciones de marihuana en zonas costeras del país. Se espera, sin embargo, que con la regulación del cultivo para uso personal y la disponibilidad de marihuana de calidad en las farmacias uruguayas la dependencia con respecto del cannabis guaraní pase a la historia.

Ese contexto legal es el espejo en el que les gustaría mirarse a los fumetas de Paraguay. Un grupo de manifestantes que se hace llamar los 420 de Luque, en referencia a la ciudad periférica de Asunción y a la cifra mágica de la cultura cannábica, no oculta su admiración por el proceso de regulación de la marihuana en Uruguay, pero admiten que las esperanzas de replicar este sistema en Paraguay son escasas.

“Hay políticos que lo proponen, pero ni siquiera reciben apoyo de sus colegas de partido”, lamenta uno de los Luque, que se hace llamar Black Lion. La última propuesta llegó de la mano del partido izquierdista Frente Guasú, al que pertenece el expresidente Fernando Lugo, destituido por un golpe de estado parlamentario. Todavía no hay un proyecto legislativo redactado y articulado sobre la mesa de ninguna agrupación, pero el repudio al narcotráfico es constante en el discurso político paraguayo.

La condena al narco se intensificó tras el asesinato en octubre del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, quien investigaba los nexos del narcotráfico con los políticos locales del departamento de Canindeyú, limítrofe con Brasil. El crimen conmovió al poder mediático y se arrastró a la opinión pública, que exigió justicia.

El Congreso abrió una comisión bicameral para investigar los hechos. La Fiscalía dictó una orden de captura contra los presuntos autores del crimen y el supuesto cerebro del asesinato, un exalcalde de una ciudad paraguaya fronteriza con Brasil. La SENAD emitió un informe en el que las escuchas telefónicas realizadas a varios diputados del partido gobernante los vinculan con importantes zares de la droga. La llamada “narcopolítica”, el matrimonio de conveniencia entre traficantes y representantes públicos, salió a la luz tras décadas soterrada.

Algo parece estar moviéndose en Paraguay. Las manifestaciones ciudadanas, aunque aún sean simbólicas, contienen la semilla del activismo por la legalización del cannabis. La purga en las instituciones que los políticos dicen querer implantar para eliminar a los mafiosos de las bancadas del Congreso podría trascender el simple lavado de cara. Además, la marihuana podría convertirse en un producto de exportación más en aquellos países donde ya es legal su adquisición. Los consumidores podrían llegar a degustar un fruto más del fértil suelo del país, libre del gusto a complicidad con el crimen que tiene hoy la marihuana en Paraguay.