Guatebuena

Proyecto de ley para regular cultivo y produccion de cannabis en Guatemala.

El proyecto de ley para regular el cultivo, producción, distribución, comercialización y consumo medicinal y recreativo del cannabis y sus derivados, presentado por el diputado de Convergencia Álvaro Velásquez, alentó la controversia tendente a liberar todo lo relativo al cannabis sativa en Guatemala, aunque con ciertos límites.

La Comisión de Salud del Congreso inició un ciclo de debate que puede extenderse hasta agosto para que los diferentes sectores den su punto de vista sobre el proyecto. El diputado que impulsó la ley expresó, "Guatemala es una sociedad muy conservadora, en la que predomina el pensamiento religioso, por eso esperábamos esa reacción ante una medida tan progresista".

Un aspecto a considerar en favor del proyecto es que la liberación del consumo y portación de la hierba hasta seis onzas contribuiría a disminuir con creces la superpoblación carcelaria acrecentada por esa situación en medio del colapso del sistema penitenciario en Guatemala.

El 50 por ciento de esta ley gira en torno a la legalización de la marihuana, con lo cual se evitaría la reclusión de quienes porten una cantidad mínima para el consumo, con fines recreativos, o cultiven hasta cinco plantas, sin afán de lucro, sostuvieron los impulsores de la ley.

Esta ley contribuiría a generar en Guatemala una industria legal de una sustancia orgánica, a través del fomento de una industria médica y de producción de conocimientos científicos en torno a la marihuana, entrando en un mercado en el cual solo compiten parte de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

El campesinado también tendría otra alternativa de progreso, porque el cultivo del cannabis es de una alta rentabilidad, alrededor de 30 por ciento más redituable con relación al maíz.

El Marihuanol, como todos le llaman en Guatemala a esa especie de fármaco elaborado sin muchas regulaciones técnicas, es vendido en los mercados populares pero sin pasar por los debidos controles de calidad.

En todo caso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendría a su cargo emitir las licencias correspondientes y establecer las pautas para que los eventuales pacientes asuman la necesidad de pasar por la consulta de un médico para recibir recetas médicas de requerir el tratamiento.