Críticas a la buena regulación del cannabis en Uruguay

La ley uruguaya de regulación del cannabis es un avance para Uruguay y también para el mundo. Pero como todo en la vida, nada es perfecto. Por eso armamos una recopilación de algunas fallas en la ley. Las restricciones surgieron de la negociación entre los que están a favor del cambio y el conservador establishment uruguayo.

Uruguay avanzó pero hay críticas a su regulación del cannabis. La flamante legislación uruguaya sobre control y regulación del mercado de cannabis es, con seguridad, la mejor del mundo. Su mayor virtud es que desbroza hipocresías. En muchos países el consumo de marihuana es legal, pero no hay previsiones sobre cómo se produce o se adquiere. Esos regímenes obligan a quien quiera fumarse o convidar un canuto a vérselas con la producción y comercio ilegal en algún punto entre el deseo y su consumación. La ley aprobada en Montevideo en diciembre prevé el cultivo doméstico y en clubes, así como el expendio en farmacias. Si bien la ley dista de ser perfecta, es un terreno firme sobre el que avanzar. Las principales fallas de la ley uruguaya responden a su origen, una transacción que tuvo de un lado de la mesa a organizaciones de la sociedad civil y legisladores afines y, del otro, al resto del sistema político y el establishment conservador, aún predominante en un país gobernado por la izquierda desde hace casi un decenio. Eso derivó en una normativa “de regulación y control” a cargo del Estado, cuyos objetivos clave son “custodiar la salud pública y combatir el narcotráfico” y no tanto reconocer el derecho de las personas a volar con el humo de un vegetal y, en definitiva, al goce de su propio cuerpo. Aunque, de hecho, tiene el efecto de facilitar el acceso al cannabis y reducir la posibilidad de que sus consumidores y cultivadores vayan presos por eso. Pero la ley no sólo tiene fallas en cuanto a restricciones. También podría propiciar el surgimiento de un mercado ilegal y paralelo de marihuana de buena calidad garantizada por el Estado fuera de las actuales redes del narcotráfico, el cual no desaparecerá porque seguirá proveyendo cocaína, pasta base y otras drogas aún ilegales en este país. Lo que se detalla a continuación son algunas de las trampas de la ley, tanto en beneficio como en perjuicio de los degustadores de marihuana:

• La norma limita el cultivo hogareño a seis plantas por vivienda, sin tomar en cuenta la cantidad de fumadores que viven en ella, y especifica que debe tratarse de ejemplares femeninos y florecidos. Eso permitiría a los cultivadores que obtengan de su jardín más de seis hembras repartir las que les sobren entre sus amistades. Tal vez alguno se vea tentado a sacárselas de encima vendiéndolas, lo cual está prohibido por la ley.

• El nuevo régimen uruguayo restringe la compra en farmacias a 40 gramos mensuales y la cosecha hogareña a 480 gramos anuales. Lo que para algunos es mucho, para otros resulta poco. Aquellos a quienes la ración permitida les parezca escasa deberán recurrir a cultivos clandestinos o a la compra en el mercado ilegal.

• También se limita la cantidad de miembros y de plantas en los denominados “clubes de membresía” a entre 15 y 45 especímenes humanos y 99 vegetales. La constitucionalidad de la restricción al número de integrantes de una asociación civil es dudosa, así como la viabilidad de los clubes con pocos socios. Por ahora se ignora si la reglamentación de la ley, aún en fase de elaboración en el Poder Ejecutivo, limitará la cantidad de macetas en proporción a la cantidad de miembros.

• La prohibición de la publicidad y promoción directa o indirecta de marihuana y sus derivados (calcada de la que rige desde 2010 para el caso del tabaco, un producto de nocividad comprobada) obstaculiza el flujo de información sobre los efectos de las diversas variedades para que el consumidor neófito elija la que mejor le sirva.

• El registro obligatorio de los cultivadores y compradores de marihuana en las farmacias despierta suspicacias entre fumetas por la posibilidad de que sea revelada su condición de tales a terceros. Si bien la ley dispone la protección de esos datos, nunca se sabe. Aún persisten los prejuicios contra los marihuaneros (63 por ciento de la población se oponía a la aprobación de la ley). Esos datos son un peligro, por ejemplo, en manos de empresas que ofrecen empleos. De todos modos, la situación de los consumidores es tan segura o insegura como la de pacientes psiquiátricos en tratamiento con medicamentos de venta controlada, cuyos datos también quedan registrados en farmacias y en el sistema de salud.

• Existe la posibilidad de que se cree un mercado paralelo manejado por no consumidores de marihuana que se anotan en el registro para hacer su negocio. Gente que compre cannabis de buena calidad en la farmacia para venderlo a usuarios a quienes les está vedada la compra (extranjeros no residentes, menores de 18 años e “incapaces”, por ejemplo). A pesar del límite a las ventas, un uruguayo que no fume porro puede hacer acopio del producto a lo largo de un año para ofrecerlo de manera ilegal a los visitantes en la temporada turística. O comprarlo para sus hijos. De cualquier manera, el camino recorrido por Uruguay en apenas un par de años ha sido enorme. No está de más señalar las fallas, pero hacer de ellas una cuestión de principios infranqueables cuando este régimen es envidiado por fumetas de todo el mundo, alimenta el mito según el cual a los uruguayos les gusta quejarse de llenos.