Chile y la despenalización del cannabis el panorama en 2012

Chile y la despenalización del cannabis: restrospectiva

La despenalización del cananbis en Chile es tema de Estado. El senador chileno Fulvio Rossi se confiesa consumidor regular de marihuana, uno o dos cigarros al mes para un Honorable de la República, una verdad que incomodó a la clase política acostumbrada a evitar estos temas. Rossi, primero médico y luego senador, no conforme con mostrar su situación familiar (su padre también admitió uso medicinal de la planta), arremete en el Congreso con un proyecto que busca la despenalización del autocultivo y consumo privado de cannabis.

El documento fue presentado en coautoría con Ricardo Lagos Weber, senador e hijo del expresidente Ricardo Lagos, cuya gestión no destacó precisamente por innovar en estos temas, pero una vez fuera de La Moneda adhirió a la postura de otros ex mandatarios del continente que apuntan a un fracaso en el actual modelo de combate al narcotráfico. El discurso gira en torno a la capacidad de regular un mercado ilegal, proteger la salud de usuarios y, claro, obtener impuestos.

Chile y la despenalización del cannabis: The chilean way

Hoy el país tiene en el sillón presidencial al empresario Sebastián Piñera, que encabeza un gobierno de derecha donde la escasa popularidad lo condiciona a anuncios políticos, con el combate a las drogas como primera medida, una bandera flameada desde sectores conservadores de Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), partidos de férrea oposición al debate respecto a la eficiencia de esta política. En contexto, el Ejecutivo impone una lógica prohibicionista que tiene en la Ley 20.000 de drogas y estupefacientes, un marco legal que ubica al cannabis en la Lista 1, con una peligrosidad comparable a la heroína y la cocaína, además de un estricto margen de condenas que meten a estas sustancias en el mismo saco.

Conversamos con Libertad y Desarrollo, instituto de estudios ligado a la UDI, el más derechista de los partidos y con Asuntos del Sur, ONG que analiza el fracaso de los gobiernos en proponer una violenta guerra hacia el narcotráfico con los usuarios en la mira. En ambas posturas, la opción del recaudo fiscal es un fuerte argumento a favor de la despenalización.

“La política de combate a las drogas culmina en la criminalización de los consumidores y la expansión de redes del tráfico, lo que suma amplios factores de violencia que hoy son visibles en realidades como Colombia o México”. Esa es la advertencia de Eduardo Vergara, experto en políticas de drogas y director de Asuntos del Sur, quien contextualiza: “La región esta avanzando. Uruguay ya dio un paso al poner sobre la mesa un proyecto audaz, Colombia esta progresando en reconocer legalmente las adicciones como tema de salud pública y Argentina esta comprometida a avanzar en el tiempo próximo. Mientras tanto Chile está raptado por las miradas conservadoras y va por la senda de cometer los mismos errores que ya cometió México”.

José Francisco García, abogado y coordinador de políticas públicas de Libertad y Desarrollo –el think tank  ligado a la UDI–, advierte que con el debate “no es cierto que se avance en legalización, sino que recién se persigue la descriminalización, pero es complejo para los gobiernos hacerse responsables de las políticas que adoptan.

Chile y la despenalización del cannabis: Impuesto al cannabis: De la mejor y con factura

Impuestos, una palabra a la que los más enconados economistas miran con recelo cuando se observa el flujo de caja en dispensarios legales de California, lo que entregó un apoyo desde quienes buscan que esa plata pase del mercado negro a las arcas fiscales. Gravámenes por productos y ganancias por regulación de un mercado creciente y llamativo hacen pensar en una bóveda estatal donde los ahorros fiscales provengan del bolsillo de millones de usuarios.

En Asuntos del Sur apuntan a un crecimiento pragmático, miradas alternativas, lo que su director destaca al apuntar que “permitiría que las fuerzas de orden se enfoquen en perseguir a los verdaderos delincuentes, el sistema judicial se descongestionaría y también las cárceles. Todo eso se traduce en recursos frescos. Ahora, también luego de la despenalización tendríamos que pensar en la regulación, que permita que el Estado reciba ingresos por impuestos”.

“Libertad y Desarrollo analiza modelos alternativos que permitan avanzar a sistemas donde exista despenalización de drogas blandas, pero hay que evaluar la respuesta, porque no existe un modelo ‘obvio’ aplicable en cualquier caso”, apunta García.

Vergara apunta que “cuando el foco de represión es el consumidor, los grandes narcos tienen más espacio para operar. Desde el 2002 a la fecha, pasamos de tener una ley que del total de las detenciones lograba un 75% por tráfico, hoy solo llega al 17%. Entonces, es justo que nos preguntemos, ¿a quién está enfocada la ley?”.

Chile y la despenalización del cannabis: Asuntos del Sur

El director de Asuntos del Sur, una organización destacada a nivel regional por abordar políticas de Iberoamérica subraya las oportunidades que existen en Chile, un país que no registra los índices de muertos ligados al narcotráfico y que bien podría mejorar la grave situación de hacinamiento carcelario donde hoy están miles de consumidores. Al margen, la política económica ha permitido una rápida expansión de un mercado legal paralelo: growshops, bancos de semillas, parafernalia y medios de comunicación son tópicos instalados en Chile y el desarrollo comercial es una realidad que anualmente crece y se nota en el mercado.

Vergara concluye que “la ciudadanía no logra entender que este es un tema que afecta a todos, no se trata de luchar por poder fumarse o no un porro en paz, o de poder plantar un metro cuadrado o no. Estamos en una etapa previa, que tiene que ver con educar antes de luchar”. Sin saber el resultado, el debate por despenalizar se viene, y argumentos hay, como hierba, para todos los gustos.