México dice no a los tribunales de tratamiento

Con bombo, platillo y concurrencia del Gobierno Federal, ayer se anunció la puesta en marcha de un nuevo dispositivo de impartición de justicia en el estado de Morelos: los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA).

Estos tribunales, especializados en procesar a usuarios de drogas, fueron ideados en los Estados Unidos durante la epidemia de crack de la década de los ochenta, y forman parte de la estrategia general actual de ese país: la tercera vía, un enfoque que promueve políticas de drogas que agregan aspectos sanitarios al solamente represivo.

Desde hace algunos años, los tribunales de drogas se han difundido en la región. En parte porque es un modelo que se nos ha vendido como un recurso eficaz para enfrentar el consumo de drogas, la violencia, el delito y la sobrepoblación carcelaria. Todo al mismo tiempo, y bajo la premisa moral de que los "usuarios de drogas no merecen la cárcel por cometer delitos menores y no violentos, sino tratamiento".

Lamentablemente, no sólo la presión norteamericana ha hecho posible el avance de estos tribunales, sino también que distintos gobiernos, nacionales y locales han abrazado ciegamente la nueva estrategia.

En principio, los TTA parecieran partir de una base que pensamos compartida. Es imposible no estar de acuerdo en explorar sanciones alternativas ante la comisión de delitos menores. Todos reconocemos que las cárceles no cumplen con sus propósitos de reinserción social, y en cambio son sumamente contraproducentes para la propia seguridad pública.

Pero el dispositivo se basa en una premisa no sólo endeble, sino abiertamente sesgada: el consumo de drogas conduce directamente al delito. ¿Cuáles drogas, qué delitos, cuál es el vínculo? Ni un solo dato que respalde la premisa.

Las dinámicas sociales de consumo entre usuarios intensivos de alcohol, mariguana, estimulantes o depresores son muy distintas. Suponer que todas ellas por igual incitan a conductas delictivas es un estigma discriminatorio que no solo pesa aún fuertemente sobre los usuarios, sino que ahora se pretende institucionalizar jurídicamente. El sistema en realidad coloca al usuario en riesgo de ser penalizado por lo único que no lo estaba: el consumo personal. Desde luego, el consumo problemático de drogas es un tema de consideración para la seguridad de cualquier comunidad. En el caso del alcohol, por ejemplo, se ha probado su relación con muchos tipos de violencia -familiar y otras- así como con accidentes, muchos de ellos graves.

Pero cabe preguntarse, si el tratamiento es un derecho sea la persona un delincuente o no ¿Por qué construir un sistema de justicia alterno para hacer efectivo ese derecho y sólo para ciertas personas que el sistema mismo elige? Nuevamente, el estigma y la discriminación disfrazadas de bondad.

Adicionalmente, la experiencia concreta de nuestro país con este sistema demuestra que, como respuesta a los problemas que pretenden resolver, los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA) dejan mucho qué desear. De enero de 2009 a mayo de 2012, en Nuevo León, por ejemplo, estado pionero en Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA) se habían admitido 103 casos. 68% de ellos por uso problemático de alcohol, y la mayoría por violencia familiar y accidentes. Los egresados certificados del programa habían sido 18, en tres años y medio de operación. ¿Disminución del consumo, prevención del delito, descongestionamiento de cárceles?

En el fondo, los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones no ocultan en su propio nombre, su verdadera intención: Hacer pasar todo uso de drogas como problemático y delictivo, con el fin de determinar cómo se debe castigar -con cárcel o abstinencia- a los "beneficiarios" del sistema: como delincuentes o como enfermos