La AEMPS y el oligopolio de las farmacéuticas
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está tomando el rol de ente regulador para inclinar la balanza a favor de las empresas farmacéuticas respecto al cultivo del cáñamo. Podemos ver este hecho en distintas circunstancias. Por un lado, varias Consejerías de Agricultura, como la Junta de Andalucía y la Generalitat de Catalunya, están estableciendo normativas siguiendo las indicaciones de la AEMPS para aplicar al cultivo del cáñamo. Por otro lado, la AEMPS se tomó el atrevimiento de ser el único representante de España en la reunión para elaborar la Guía Internacional Sobre cultivo, manufactura y utilización de Cannabis Medicinal de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dejando a un lado la representación de la sociedad civil.
La normativa que indica la AEMPS
La AEMPS sostiene que cualquier cultivo de cáñamo, independientemente del porcentaje de THC que tenga, debe autorizarse por ella misma. Esto sitúa a todos los productores de cáñamo en una inseguridad jurídica que trae grandes consecuencias para el sector. Por lo tanto, no sólo las asociaciones cannábicas y otros actores en la escena del Cannabis sufren este ataque, sino que ahora se agrava la situación aún más con la extensión de este ataque al único sector que podía operar.
Consecuencias de la inseguridad jurídica
- Prisión preventiva en casos innecesarios. No se necesita ser una persona muy letrada para darse cuenta que encerrar en la cárcel a un agricultor o a una agricultora que cultiva cáñamo es totalmente injusto porque ellos o ellas no atentan contra la salud pública, sino que las autoridades atentan contra los derechos de las personas.
- Grandes pérdidas económicas. Como podemos deducir, la agricultura como cualquier otra actividad, requiere de inversión para poder llevarse a cabo. La retirada del cultivo injustificadamente significa la pérdida prácticamente total de los recursos invertidos para la producción de cáñamo y se ningunea por completo todo el esfuerzo invertido en acatar la reglamentación establecida por las autoridades competentes.
- Pérdida de tiempo irrecuperable. No hay vuelta atrás. El tiempo invertido en la producción de cáñamo está perdido sin más. En tiempos de crisis económica, sanitaria y social esto es un atropello al sentido común. Especialmente hacia un sector que genera puestos de trabajo e ingresos al Estado a través de sus impuestos.
- Vulneración de los derechos. Más allá de la criminalización injusta que sufren las personas implicadas, sus derechos se ven vulnerados. En vez de ir en pos de la construcción de un mundo más justo para todas las personas y extender el valor de los derechos humanos, seguimos ejecutando normativas dictadas en la realidad social de 1961.
Sometiendo al agricultor o agricultora a los daños de la inseguridad jurídica, el cultivo del cáñamo queda en manos de las farmacéuticas que obtienen sus licencias y cultivan sin mayor inconveniente.
La AEMPS inclina la balanza hacia el oligopolio de las grandes empresas farmacéuticas.
¿Qué interpretación debería tenerse en cuenta para analizar el Cannabis?
En los procedimientos judiciales sobre productos de cáñamo o tiendas de CBD los tribunales, que son los organismos competentes para establecer regulaciones jurídicas, han respetado la interpretación del Instituto de Farmacia y Toxicología. Dicho instituto establece que si el porcentaje de THC es inferior al 0,2 la sustancia no debe ser fiscalizada. Por lo que no se entiende por qué motivo hay Consejerías de Agricultura que toman otra interpretación como la de la AEMPS.
Otra referencia que se debe tener en cuenta a la hora de establecer un marco regulatorio para el cultivo de cáñamo es la recomendación de los protocolos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC ST/NAR/40). En dicho protocolo se indica que el parámetro a tener en cuenta para establecer la regulación es el índice de psicoactividad. Este índice es el número resultante del cociente entre la suma de los cannabinoides THC y CBN, y la cantidad de CBD. Si el número resultante es mayor a 1, la muestra se considera con efecto psicoactivo.
Guía Internacional sobre cultivo, manufactura y utilización de Cannabis medicinal de la JIFE
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se reunió para diseñar una Guía Internacional sobre cultivo, manufactura y utilización de Cannabis medicinal. Si bien la guía no implica una aplicación regulatoria, si es una referencia internacional para el Cannabis medicinal en muchos países. En representación del conjunto de la sociedad española acudió a la reunión la AEMPS. De la AEMPS acudieron Julia Esteban Gómez del Servicio Estupefacientes y Psicotrópicos, Lidia Fernandez Matellano y Belén Ruiz Larrea. Como es de esperar de esa representación, el enfoque del Cannabis terapéutico tratado en la reunión fue muy reduccionista.
De esta forma, se limitan las oportunidades de desarrollo económico a muy pocas manos, permitiendo que las grandes empresas farmacéuticas tengan la ventaja suficiente para ocupar el mercado entero y desplazar a cualquier pequeño productor de la escena comercial del Cannabis. El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) tiene algo que decir al respecto. Primero, que la JIFE se limite a hacer su función para la cual es competente. Ésta es monitorizar el comercio internacional lícito de medicamentos fiscalizados. Segundo, que la sociedad civil tiene el derecho a participar del diseño de las políticas públicas del Cannabis que se les va a aplicar.
Propuesta de regulación integral del OECCC
El OECCC colaboró con su informe "Regulación por la Paz" en la regulación del Cannabis en México.
El OECCC propone una regulación integral del Cannabis que incluya todos los aspectos. Desde el autocultivo, pasando por el cultivo colectivo, el asociativo, y el industrial, desde el OECCC sostienen que para que la regulación sea efectiva debe contemplar todos los aspectos. Si se hace una ley que escapa a la realidad social, será una ley condenada al fracaso.
Su propuesta está basada en datos científicos y enmarcada en los resultados de Encuesta Cannabis (puedes participar de la encuesta aquí). Puedes conocer más sobre esta propuesta aquí. Toda esta situación es lamentable en la época en la que vivimos.
Mientras países como Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, etc. avanzan hacia la corrección de una política que prueba haber fracasado como lo es el Convenio de 1961, España sigue invirtiendo los recursos nacionales en su ejecución. Mientras la ONU establece una agenda para un futuro más justo, más pacífico, con mayor garantía de derechos, España atenta contra derechos constitucionales y humanos. Estamos siendo testigos del robo de la soberanía nacional. Cuéntanos qué opinas sobre este asunto en nuestro Twitter, Facebook, e Instagram.
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