Un cannabis sin productores locales

Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas perdidas o mutiladas en la guerra contra las drogas que Colombia. El estado está habilitando el cannabis medicinal, pero por ahora sólo son las empresas extranjeras (y una colombiana) que tienen la industrialización y exportación de los fitocannabinoides. Los activistas piensan que el gobierno debe habilitar el cannabis medicinal a muchos de ellos. Acá fundamentan su porqué.
Colombia es un país en guerra por más de 60 años fruto del acceso carnal y violento de la conquista, la colonia y las grandes potencias económicas a nivel mundial alimentadas por el narcotráfico. El país vive un momento trascendental en su historia, un proceso de paz entre el gobierno nacional y FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El proceso nos otorga la esperanza del fin del conflicto armado, para iniciar un proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios, estado, gobierno y sociedad civil.
Como reacción ante el aparente fracaso de la estrategia represiva de lucha contra las drogas ilícitas y debido al incremento considerable del conflicto en Colombia, el debate sobre las bondades y males de la legalización ha cobrado especial interés en el país. Propuestas provenientes de distintos sectores sociales, políticos y académicos coinciden en que para desincentivar el negocio del narcotráfico, se debe reivindicar el uso medicinal, terapéutico y científico del cannabis en Colombia, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y atmosféricas le otorgan naturalmente un ambiente óptimo en muchas regiones del territorio colombiano. Era de esperarse el interés de las multinacionales como las canadienses PharmaCielo y Cannavida, que incursionan en el mercado colombiano con miras a exportar los cannabinoides de esta amada tierra maltratada y saqueada por la implantación de un modelo económico extractivista, junto con los efectos y consecuencias catastróficas de la guerra contra las drogas.
“Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas de sus dirigentes políticos, sus jueces, sus policías, sus soldados, sus periodistas y decenas de miles de inocentes, ni ha recibido un daño más grave a sus instituciones democráticas que Colombia”, han dicho Alejandro Gaviria y Daniel Mejías (UAndes). Ahora el mundo está saliendo de una época de oscurantismo frente al fracaso de la política antidrogas que durante décadas ha generado graves problemas sociales y sanitarios con una política represiva, basada en una guerra ineficaz que fomenta el delito, provocando la erosión de las libertades civiles, la estigmatización de los individuos y una violencia que ha dejado cientos de miles de muertos y un desplazamiento forzado (más de 60.000.000 de desplazados por todo el territorio colombiano) han llevado al atraso cultural, político, económico y social, a consecuencia de los costos para continuar una guerra fallida contra las drogas.
El costo social de la política de la guerra contra las drogas, influye en el atraso del desarrollo social y económico de la región, es por esto que los beneficios que ahondan en la gestación de una industria legal del cannabis medicinal en Colombia, traen expectativas para muchos sectores, en especial para el sector de la salud, trabajo y economía. Pero las reglas de juego no están claras y nunca lo han estado; esperamos que lleguen algún día a estarlo para los campesinos, indígenas y pequeños y medianos empresarios que quieren participar en la construcción de una paz estable y duradera. Una paz en relación a la reglamentación de la Industria del Cannabis Medicinal en Colombia que pueda contribuir a reducir los índices de desempleo, pobreza, violencia, mortalidad y demás factores negativos que agobian el futuro y realidad del país.

Sorpresa

Lo que realmente nos sorprende es el trato diferencial en la atención a las solicitudes realizadas por los tres licenciatarios para cannabis medicinal en Colombia (Pharmacielo, Cannavida, y la Alianza Ecomedics) con el Decreto 2467 del 22 de diciembre de 2015. El 19 de febrero de 2016, se expidió la Resolución 485 de 2016, que como requisito previo para adelantar los trámites de la obtención de las licencias, consagró la obtención de la autorización de la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes. El 12 de mayo de 2016 se expidió la Resolución 1816, que reglamentó los requisitos de la licencia de producción y fabricación. Posteriormente se expidió la Resolución 2459 del 14 de junio de 2016 y finalmente la Ley 1787 de 2016 que paradójicamente ratifica la protección de la industria nacional pero le hace perder toda posibilidad de competir, porque las personas que desearan licenciar sus actividades con el cannabis medicinal y que no lo hubieran hecho antes del 6 de julio de 2016, podían irse a llorar por ahí.
A causa de un choque político-administrativo, se ha frustrado la oportunidad de adquirir una posición seria. Los colombianos después de ser flagelados, merecemos esta oportunidad para que se repliquen planes de cultivos bio-agro industriales sostenibles en diversas regiones y puedan contribuir al desarrollo de la sociedad civil. Hablo de campesinos, indígenas y en general de toda la comunidad académica y científica. Estos actores pueden llegar a contribuir a lograr avances en el campo industrial, medicinal y científico que beneficien a toda la humanidad y al planeta en general.
Si hacemos una mirada holística a los sucesos en torno al cannabis en Colombia, debemos reconocer que históricamente ya existían muchas voces que propugnaban consignas en pro de la despenalización, legalización y regulación del cannabis. Nuestras opiniones fueron silenciadas y la prioridad se fue para el extranjero; bajo procedimientos inadecuados en contra de las manifestaciones pacíficas. En este entorno de violencia, rezago político y administrativo en el que vivimos a nivel mundial, se incumple con las Convenciones sobre estupefacientes y psicotrópicos, pues ellas dejan exentas de aplicación los fines medicinales científicos e industriales del cannabis y otras sustancias. En palabras del gobierno nacional: “Cada país hace lo que quiere respecto al tema de las drogas”. Pero para nadie es un secreto que el lobby norteamericano es el que influencia las directrices en todo el mundo, pues la DEA tiene el monopolio sobre las investigaciones del cannabis y no ha permitido que salgan a la luz los verdaderos avances científicos y tecnológicos, pues de alguna manera ellos son los que abanderaron la prohibición global y la razón de ser de dicha entidad, en cierta medida, es reprimir a los usuarios. Con la excusa de atacar el delito, se victimiza a la población civil, masifican, cosifican y transforman en delincuentes personas inocentes con necesidades socio-económicas notorias. En cierta medida el narcotráfico es un fenómeno generador de pobreza y violencia, que el prohibicionismo alimenta en vez de exterminar, y por otro lado es una hipocresía que Estados Unidos sea el que nuevamente está reescribiendo la historia del cannabis a nivel mundial, regulando el uso medicinal y recreativo en Washington, Colorado, Alaska, el Distrito de Columbia, Oregon, Ohio, y Pensilvania, entre otros estados de la unión. Debemos ser nosotros, pueblos latinoamericanos, los que debemos unir nuestras voces y hacer crecer nuestra economía y bienestar social con los beneficios que trae el cannabis, darle la cara al tema y no ocultarlo bajo la cortina de humo en la que pretenden encerrarlo por conveniencia lucrativa y el modelo impositivo del Tío Sam.
Existe además una vulneración sistemática de los Derechos Humanos que sufren a diario los usuarios y pacientes de cannabis en Colombia por parte de las autoridades policiales. Las crecientes cifras de personas condenadas por tráfico de estupefacientes se apoyan en muchas ocasiones en la condena a personas que por sentir alivio a sus patologías se vieron involucradas en procedimientos policiales en su mayoría abusivos. También hay acusaciones penales a personas del movimiento cannábico colombiano. El Lorito Dorado se encuentra aún hoy privado de libertad por hacer y buscar la medicina a partir de los fitocannabinoides, aunque su material vegetal tiene por origen a un cultivo ilícito. Aceptamos una imposición que prohíbe una fuente de medicina que consideramos ancestral y artesanal por no tener —dicen— evidencia científica. Sin embargo, por tradición oral sabemos que sí funciona para muchas patologías, es por esto que cuando la ley es injusta, lo justo y lógico es desobedecerla.
La ‘’ilegalidad’’ es la que ha permitido sobrevivir y vivir dignamente a miles de familias de escasos recursos en un estado de necesidad justificable para la obtención de cierto bienestar y una calidad de vida para muchos pacientes y usuarios. Cuando avanza la regulación del uso medicinal del cannabis en Colombia, se observa una exclusión de la población civil, activistas, madres, padres, usuarios, pacientes, académicos y empresarios nacionales, entre otros actores colombianos, como los campesinos e indígenas. Como consecuencia de ser el eslabón débil de la cadena del narcotráfico, han llevado consigo todo el peso de la ignorancia político-administrativa y legislativa, y de los intereses particulares bien marcados desde el inicio de la prohibición en 1937. Por haber tenido una participación marginal en el negocio de la droga, han pagado las consecuencias, situación bien diferente de quienes impunemente se enriquecieron injustamente.
Es por esto que convocamos multitudinarias marchas cannábicas y otros encuentros de activistas cannábicos. Para mostrar el trabajo académico, cultural e investigativo de personas, en su mayoría jóvenes, como la ingeniera
industrial Yeny Rocío Jiménez, (acá habría que hacer alguna alusión a quién es este tipo, para uniformar con el resto dle párrafo) Mario Francisco Sánchez, activistas y estudiantes como Samuel Barrera, el grupo de Abogados Cannábicos representado por William Álvarez, Herbal Nutracéutica S.A.S, G MIRACLE S.A.S, representada por Leandro L. Mcmahon, entre otras personas naturales y jurídicas que han gestionado proyectos agroecológicos bio-ecosostenibles y humanos con habitantes de la calle y personas de escasos recursos y en grave estado de vulnerabilidad. Estos emprendedores afirman tener toda la capacidad para competir contra las multinacionales, solamente piden que la ley sea igual para todos y no se interpreten sesgadamente los articulados de la ley 1787 de 2016. A ninguno de los empresarios nacionales que vienen trabajando el tema del cannabis desde hace muchos años, se les expidió Licencia de Producción y Fabricación con el Decreto del Ministro de Salud y se justifican con la Licencia de Ecomedics, los únicos nacionales en obtener licencia que se van a beneficiar de los frutos del fin de dos guerras, una contra las Farc y otra contra la humanidad y la población civil, es decir, la lucha contra las drogas. Los canadienses disfrutaron de los decretos y resoluciones del Ministerio de Salud que sólo beneficiaron a las multinacionales. Es injusto que las normas nacionales sean letra muerta para nosotros, pero no para las multimillonarias empresas extranjeras.
El proyecto “Cannabis para todos”, liderado por la Finca Interacviva, es una red urbano-campesina que propende al rescate de las plantas, la biodiversidad y la investigación de usos alternativos y terapéuticos de las plantas consideradas ilícitas. Enmarcados en la Constitución Nacional y los retos del milenio propuesto por las Naciones Unidas, la Finca Interacviva ha venido desarrollando una cadena productiva vinculativa, donde se crea conciencia del mutualismo de calidad y de compromisos con la legalidad. La necesidad de crear nodos de convivencia y simbiosis entre la gente de la ciudad y el campo, nos hace proponer alternativas donde podamos encontrarnos, compartir y valorar el trabajo campesino e indígena. Las herramientas de la tecnología y la información posibilitan dinámicas de encuentro y acercamiento al campo por parte de personas de la ciudad que podrán acceder al intercambio tanto de conocimientos, como a ofertas de bienes y servicios.
El activista Mario Francisco Sánchez afirma que “nosotros hemos informado a los usuarios sobre los cannabinoides y su uso responsable, hemos creado alianzas con la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, estamos en negociaciones con la Incca y diferentes profesionales del área de la salud y de la medicina, para brindar un acompañamiento y fármacovigilancia en lo posible. Nosotros hemos suministrado nuestros productos con el concepto de un profesional médico y ha sido difícil, al existir un vacío jurídico que no permite interpretar sanamente las convenciones internacionales, porque se nos acusa de ilegales. Pero no lo somos porque hacemos medicina y fomentamos los buenos usos de las plantas de poder. Respecto a la elaboración de los productos, procuramos cumplir las buenas prácticas de manufactura y de laboratorio, elaborar nuestros productos con protocolos y capacitarnos en todo sentido, pues este es nuestro proyecto de vida y no queremos ser excluidos. Por esto fomentamos que quienes trabajen con cannabis, lo hagan con profesionalismo y con toda la dedicación. Así es como nosotros hemos adecuado nuestra empresa a las exigencias reglamentarias para obtener licencia, hicimos los protocolos de seguridad y la guía antilavado de activos y antifinanciación del terrorismo, nos inscribimos ante la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes, llenamos el formulario de inscripción de la página del Ministerio de Salud y de la Protección Social, contratamos personal idóneo como el director técnico del proyecto ‘Cannabis para todos’, radicamos los planes de cultivo, de producción y fabricación, de comercialización entre otros requisitos como el certificado de tradición y libertad junto con la autorización del dueño del predio; solamente esperamos nuestra licencia invocando el principio de igualdad”.
¿Por qué se le expide licencia a PharmaCielo y a Cannavida, sin tener laboratorio de producción y fabricación? Existen laboratorios farmacéuticos y fitoterapéuticos, constituidos legalmente en Colombia desde hace muchos años, que han pagado impuestos y han logrado cumplir las exigencias desorbitantes del INVIMA para contar con certificado de buenas prácticas de manufactura. El trato discriminatorio que se le ha brindado a los colombianos es malo. Son tantas las cuestiones extrañas alrededor de los trámites de las licencias de cannabis que resulta difícil comprender; asoma un contexto de corrupción y clientelismo que nos agobia. Al parecer el cannabis puede ser un tratamiento para varias enfermedades, esperamos también ayude al tratamiento del cáncer de la corrupción.
por Samuel Barrera

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